1- La primera y gran falacia histórica: “El empleado de Itaipú no es empleado del Estado”. Entonces ¿De quién es? La respuesta es tan sencilla que la plantearemos con otra pregunta: ¿De quién es la mitad del patrimonio tangible e intangible de Itaipú? Exacto: ¡Del Estado paraguayo! Entonces, ¿Cómo puede sostenerse el primer adefesio jurídico-laboral? Un trabajador que gana su salario utilizando el patrimonio natural, la infraestructura y el fundamento de origen, un tratado firmado entre dos Estados, ¡pero donde el trabajador no es del Estado! Una burla a la inteligencia, a la mansedumbre e ignorancia del pueblo.
2- La segunda gran falacia: “No somos empleados públicos, porque la Itaipú no figura en el PGN”. Entonces ¿Dónde entran los royalties, las compensaciones y otros conceptos bien establecidos como ingresos corrientes del PGN? Lo único que no entra en el PGN es la planilla de salarios y los gastos sociales. Los demás conceptos del costo de Itaipú se neutralizan, es decir: costo = venta de energía (del 80% producido, el resto es energía no garantizada y excedente).
3. La tercera gran falacia: La “isonomía salarial”; es decir, a trabajos iguales, salarios iguales. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede un trabajador del Estado, de una determinada función y complejidad laboral dentro de una empresa o institución, ganar tan desproporcionadamente activando en otra institución similar? Según la Constitución Nacional ¡No! Nos amparamos en los artículos 46, De la Igualdad de las personas; 47, De las garantías de la igualdad; 88, De la no discriminación entre los trabajadores; 92, De la retribución del trabajo y 101 y 102, De los funcionarios y empleados del Estado y sus derechos y obligaciones.
La artimaña de la isonomía nació con el sano concepto de ganar igual a los brasileños que tienen un gran mercado energético (petróleo, gas, carbón mineral, atómico e hidroeléctrico) y pueden pagar bien a sus funcionarios. Itaipú es un caso excepcional que reconoce la buena formación de sus técnicos, pero que está lejos de recibir los ingresos por la venta de energía a un precio justo o de mercado. La isonomía salarial, tal como es usada por los sindicatos, es tendenciosa, excluyente y ya creó varias castas sociales. ¿Por qué no se hace una isonomía salarial con los empleados de la ANDE y el Viceministerio de Minas y Energía. ¿Son tan diferentes las máquinas de las hidroeléctricas de Acaray, Itaipú y Yacyretá? ¿Son tan diferentes sus técnicos? Les puedo garantizar que hasta hoy el 50% de los empleados de Itaipú no han hecho concurso de méritos y aptitudes para ingresar.
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Por suerte, la ley de transparencia pública hizo una especie de “blanqueo” de las planillas salariales que ya se habían filtrado en la población gracias a la prensa libre. Es así como el “común” pudo enterarse cuánto ganaba un ascensorista del BCP, un mozo del Congreso, una secretaria de Itaipú y un operador político de Yacyretá. ¡Ni hablemos de los gerentes, directores y consejeros!
Modus operandi
Para minimizar los efectos de esta desigualdad laboral y no caer en el peligroso resentimiento social los directivos, en forma conjunta con los sindicatos, han ideado mecanismos de camuflaje, disfraces y reparto del botín. Por encima del salario base sumaron una decena de emolumentos a los que llamaron “beneficios laborales” y los introdujeron en los contratos colectivos. Lo que no imaginaron, ni los propios autores, es que estos adicionales, sumados a las horas extras y viáticos, duplicarían o hasta triplicarían sus salarios bases. Uno de ellos, tal vez el más conocido, es el “presentismo”. ¡Eso mismo! Cobrar por estar presente en tu lugar de trabajo. Otra forma de disminuir el resentimiento social mediante estrategias externas, es repartiendo canonjías, maletines y puestos laborales en los tres poderes del Estado ¿Qué ministro de la corte le negaría una sentencia a un director de Itaipú que podría meter a su hijo al cuadro propio? Así como estuvieron las cosas, antes del coronavirus, difícilmente los contratistas, proveedores, intendentes, gobernadores, senadores y diputados de la nación hubiesen salido a favor de un proyecto de Ley de nivelación y equidad social, pero ¡con el coronavirus soplándonos la nuca esto puede cambiar! No perdamos la oportunidad histórica. Los altos gerentes que hoy ganan más de G. 100 millones, sumados a algunas prerrogativas como viáticos, vehículos, choferes, secretarias en dos sedes (Asunción y CDE), tráfico de influencias en los contratos (difícil de medir, pero muy real) están obligados a buscar aliados también en los poderes de facto de la república, es decir en la UIP, UGP, ARP, Cavialpa, etc. Estos negocios tienden a cifras siderales como para ponerlos en riesgo por una simple coima.
(*) Exasesor del DGP de Itaipú 2008-2012.