Ley de Emergencia Económica: Evaluación y perspectivas de las medidas de contención socioeconómicas en Paraguay

Las primeras semanas de marzo marcaron una nueva etapa en el funcionamiento del país. La llegada del covid-19 a Paraguay afectó los planes del gobierno. Ante la pandemia ya instalada en territorio nacional, el Poder Ejecutivo comenzó una vertiginosa carrera en la presentación de medidas para mitigar el efecto de la crisis sanitaria en los espectros sociales y económicos del país. A acciones de contención inicial, a finales de marzo, se sumó la ley que declara estado de emergencia en todo el territorio nacional, ante la pandemia declarada por la OMS. En dicho instrumento se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras.

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Con la normativa vigente, el Poder Ejecutivo estaba autorizado a implementar, por el presente Ejercicio Fiscal, entiéndase hasta el 31 de diciembre de 2020, medidas excepcionales. Las mismas eran de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera. El plan contemplaba la obtención de financiamiento por US$ 1.600 millones, recursos con los cuales se apuntaba a mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del covid-19, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.

A casi dos meses de la implementación de la Ley de Emergencia Económica, el Ministerio de Hacienda presentó el informe denominado “Paraguay ante la pandemia. ¿Qué se está haciendo?”. El material es un compendio de todas las acciones socioeconómicas llevadas adelante para contener los efectos de la pandemia.

Al considerar los ejes centrales de la Ley de Emergencia, los primeros resultados pueden resumirse en las siguientes áreas:

Sistema de salud

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Aunque dentro del paquete de medidas socioeconómicas, el fortalecimiento del sistema de salud figuraba como prioridad, los datos muestran una baja ejecución en los recursos. De los US$ 514 millones disponibles para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), la cartera ha utilizado alrededor de US$ 99 millones, que equivale al 19% del total contemplado. Los recursos se destinaron a la compra de medicamentos, equipamiento biomédico, adquisiciones de reactivos, servicios de desinfección y gases medicinales. Además, para la contratación de servicios técnicos y profesionales, pagos de bonificaciones y gratificaciones al personal por la atención a los afectados del covid-19.

Los problemas de gestión y de debilidad institucional se vieron claramente evidenciados en esta área temática. Las denuncias de licitaciones amañadas, insumos fuera de los requerimientos sanitarios, terminaron por confirmar, en parte, el gran temor del uso inadecuado de los recursos públicos. Una práctica que no pudo ser erradicada ni en medio de la crisis.

Medidas fiscales

Las decisiones del Poder Ejecutivo en materia impositiva dieron cierto respiro a los contribuyentes, aunque no así a las recaudaciones tributarias. Algunas medidas como la prórroga en las fechas de presentación de declaraciones juradas y pago de impuestos, además de la suspensión de nuevas solicitudes de devolución de créditos fiscales y la propia inactividad económica, impactaron en los ingresos tributarios acumulados al mes de abril. Los mencionados factores hicieron que las recaudaciones cayeran 17,3%, con relación al mismo periodo del año 2019.

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La baja en los ingresos tributarios y la impostergable ejecución de los gastos -pese a que se aplicaron medidas de racionalización- acentuaron el déficit fiscal al cierre de abril. De hecho, el descalce fiscal fue de 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, los gastos superaron por alrededor de US$ 372,7 millones a la capacidad de generación genuina de recursos por parte del Estado.

En este escenario, las finanzas públicas ya se encuentran comprometidas para 2020, y la perspectiva es que se profundice el déficit fiscal cerca del 6% ó 7% del PIB.

Asistencia social

Los programas y acciones de asistencia a la población más vulnerable del país han sido otro de los ejes de la Ley de Emergencia Económica. De los aproximadamente US$ 578 millones contemplados en la normativa, el nivel de ejecución fue de 39%, de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Hacienda.

El detalle presentado muestra que se han otorgado adelantos y pagos adicionales para los beneficiarios de los programas ya vigentes como: Tekoporã (165.229 familias) y Pensiones Alimentarias a Adultos Mayores (205.976 personas de 65 y más años de edad).

Dentro del paquete de ayuda social también se han implementado las exoneraciones de los servicios básicos, el pago de pensiones y de compensación económica a los trabajadores cesados por la pandemia. Para el financiamiento de esta última asistencia, se han destinado US$ 100 millones al Instituto de Previsión Social (IPS). Esos recursos permitieron el pago de hasta dos subsidios del 25% del salario mínimo legal, a los trabajadores cotizantes activos con suspensión temporal de sus contratos.

Con la Ley de Emergencia también se crearon dos nuevos programas de asistencia social: el Ñangareko y el Pytyvõ. El primero estuvo a cargo de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y fue dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, como una ayuda económica de G. 500.000. El segundo programa, administrado e implementado por el Ministerio de Hacienda, benefició a trabajadores formales e informales que realizan actividades por cuenta propia o que están en dependencia de alguna Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Cada persona recibió G. 548.210.

Desde la semana pasada se realiza el segundo pago a los beneficiarios, en las mismas condiciones de la primera acreditación.

De acuerdo con la última actualización realizada en fecha 10 de mayo, con el programa Ñangareko se han beneficiado 259.663 familias. Los recursos destinados totalizaron G. 164.739 millones.

En lo que respecta al programa Pytyvõ, el informe de Hacienda revela que el monto total de la inversión es uno de los más altos entre las intervenciones del Estado, equivalente a US$ 300 millones. Hasta el último corte realizado por la cartera fiscal, fueron beneficiadas 1.158.165 personas, en 17 departamentos del país. Para estos programas el gobierno utilizó las billeteras electrónicas. De esta manera, el proceso permitió la seguridad, trazabilidad y la inclusión financiera de muchas personas que estaban hasta entonces, fuera del circuito financiero legal. Además, la inyección de recursos dinamizó a pequeños comercios, principalmente, de las zonas más pobres del país, con lo cual no hubo un corte en la cadena de pagos.

Con esta decisión, en la actualidad, se cuenta con un mapa de personas en situación de pobreza, así como de trabajadores formales e informales en situación de vulnerabilidad. Estos datos son valiosos, considerando que pueden ser utilizados para el diseño de políticas públicas mejor focalizadas.

Medidas monetarias

De acuerdo con el informe, las medidas adoptadas y los instrumentos financieros delineados durante la pandemia, constituyen alternativas sin precedentes para la economía paraguaya. El paquete monetario fue orientado a rebajar las tensiones financieras ocasionadas por el covid-19, y dotar de liquidez a la economía, para que fluyera a través de canales crediticios.

Por ejemplo, el Banco Nacional de Fomento (BNF) ancló su intervención en el apoyo a la economía y protección a las familias y empresas. Entre sus productos destacan el “Pago de planillas de Salarios”, con procesos abreviados de 48 horas para el desembolso a favor de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes). Además, se dispuso la suspensión de cobros de préstamos de cuotas correspondientes al periodo marzo-agosto, para los segmentos de consumo, mipymes y empresas de mayor porte. También se estableció el pago mínimo de cero para los meses de abril, mayo, junio, en tarjetas de crédito.

El Banco Central del Paraguay (BCP) redujo el encaje legal en moneda local y extranjera para poner a disposición de las entidades financieras reguladas alrededor de US$ 957 millones. Con medidas similares, el central buscó dinamizar la concesión de nuevos créditos, así como la renovación, refinanciación o reestructuración de cartera.

Medidas para mipymes

Con la Ley de Emergencia Económica se constituyó un fideicomiso para apoyar, preferentemente a mipymes. El aporte fue de US$ 100 millones, el instrumento financiero, administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), apalancará créditos para emprendedores en general. Además, el Ministerio de Hacienda, el BCP y la AFD canalizaron recursos adicionales al Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) por un valor aproximado de US$ 100 millones. Con el fortalecimiento del Fogapy se apunta a emitir garantías por un monto de alrededor de US$ 500 millones.

En efecto, hasta el corte del 6 de junio, se han otorgado 4.930 garantías, por aproximadamente G. 621.331 millones en préstamos. El Fogapy ha respaldado de esta manera alrededor de G. 446.363 millones en operaciones crediticias. Las empresas que han recibido la garantía del instrumento emplean a 27.230 trabajadores, de acuerdo al informe del Fogapy. Pese al avance que ha tenido el instrumento, el nivel parece insuficiente para las necesidades del mercado, considerando el complicado escenario en las empresas. La concesión de los créditos con garantía del Fogapy ha enfrentado varios inconvenientes, como la informalidad de las mipymes y, por ende, la aversión al riesgo de entidades bancarias, financieras y cooperativas en la concesión de préstamos.

Además, la crisis sanitaria no solo afectó a las mipymes, sino también a las grandes empresas. Este segmento no cuenta con el respaldo del Fogapy. En tal sentido, desde la Cámara de Diputados ha sido presentado un proyecto de modificación de dicho fondo. La propuesta contempla, entre otros puntos, la ampliación de la herramienta, en aproximadamente US$ 261 millones, así como la extensión de la garantía a las empresas que no son consideradas mipymes. Para la concesión de las grandes empresas, el Senado aprobó el tope del 30% del capital del fondo. De esta manera se busca equiparar el acceso al instrumento financiero. El proyecto se encuentra, desde hace semanas en Diputados, a la espera de una decisión para luego ser tratado en el Senado y avanzar al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

La dilación en el tratamiento de la propuesta afecta la urgencia de los sectores económicos que, a hoy sortean el complicado escenario con casi nulas herramientas para recomenzar. Esto, pese a que ya inició un proceso de desescalada económica con la denominada “cuarentena inteligente”.

La socialización de los resultados de la Ley de Emergencia Económica permite evaluar el alcance de las acciones llevadas adelante para mitigar el impacto de la pandemia en el país. Además, revela el problema de gestión que aún se tiene en la función pública, así como las debilidades en materia de control.

Si bien hasta el momento los esfuerzos se han centrado en atenuar los efectos de la crisis sanitaria, muchos sectores económicos no han contado con la asistencia y el respaldo estatal. En consecuencia, urge afinar las últimas estrategias de la Ley de Emergencia Económica e ir implementando los ejes del plan de reactivación económica, que contempla la inyección de alrededor de US$ 2.000 millones, recursos que provendrían de un paquete de nuevas deudas.

Finalmente, el desarrollo y crecimiento de la economía en este segundo semestre del año, dependen exclusivamente de las acciones de recuperación que sean implementadas. El funcionamiento de las empresas, el mantenimiento de los puestos laborales e incluso la capacidad de intervención del Estado, están sujetas a las decisiones oportunas que se tomen en el muy corto plazo.

Desarrollo y crecimiento de la economía en este segundo semestre, dependen de acciones de recuperación implementadas. Funcionamiento de empresas, el mantenimiento de puestos laborales e incluso la capacidad de intervención del Estado están sujetas a decisiones oportunas que se tomen en corto plazo.

Es urgente afinar las últimas estrategias en el marco de la ley de emergencia económica para ir implementando los ejes del plan de reactivación económica, que contempla la inyección de alrededor de US$ 2.000 millones, que serán recursos que provendrían de un paquete de nuevas deudas.

A nivel regional, para mitigar el impacto, los gobiernos implementaron diferentes medidas económicas. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los tipos de auxilios se centraron en proteger a trabajadores, ayudar a PYMES y reducir impacto en los sectores vulnerables.

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