Cepal estima que 2,7 millones de empresas cerrarán este año

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) lanzó el lunes último un nuevo informe especial covid-19, en el cual entrega propuestas para enfrentar los efectos de la crisis en las empresas y los sectores productivos. El organismo estima que 2,7 millones de empresas podrían cerrar, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicaría la pérdida de 8,5 millones de empleos solo en América Latina.

Las mipymes son las más golpeadas, en el marco de esta crisis del covid-19.
Las mipymes son las más golpeadas, en el marco de esta crisis del covid-19.Archivo, ABC Color

Según el informe del organismo internacional, más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se generan en sectores fuertemente golpeados por la crisis económica derivada por el coronavirus, como el turismo, el comercio de frontera y otros.

Durante la presentación del informe “Sectores y empresas frente al covid-19: emergencia y reactivación” la titular de Cepal, Alicia Bárcena, señaló que la crisis económica derivada de la pandemia ha llevado a la suspensión total o parcial de las actividades productivas. En el citado documento se identifican tres grupos de sectores según la magnitud de los efectos de la crisis (fuertes, significativos y moderados). Los segmentos más afectados son el comercio mayorista y minorista; las actividades comunitarias sociales y personales; hoteles y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y las manufacturas.

Según el estudio, la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas en sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. De acuerdo con información recopilada hasta la primera semana de junio de 2020, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas (mipymes) y las pymes.

En este contexto, la Cepal estima que cerrarían más de 2,7 millones de empresas formales en la región –de las cuales 2,6 millones serían microempresas– con una pérdida de 8,5 millones de puestos de trabajo, sin incluir las reducciones de empleos que realicen las empresas que seguirán operando.

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En lo que respecta al plano local, hay alrededor de 840.000 empresas que operan en distintas ramas económicas en el país, y todas en mayor o menor medida se vieron afectadas por los impactos del aislamiento sanitario, y alrededor del 10% de ellas estarían al borde de la quiebra, y ya no tendrían oportunidad de recuperarse. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) registra alrededor de 15.000 empleos perdidos en la cuarentena y alrededor de 100.000 suspendidos, dentro de la formalidad.

Según detalla el organismo internacional, el impacto será muy diferente, según el sector y el tipo de empresa. Varios de los segmentos fuertemente afectados como el comercio y los hoteles y restaurantes cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más golpeadas. Por ejemplo, el comercio perderá 1,4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, mientras que en el turismo se eliminarán por lo menos 290.000 empresas y un millón de puestos de trabajo.

A partir de marzo de 2020, para sostener la estructura productiva y evitar la pérdida de empleos y la destrucción de capacidades en las empresas, los gobiernos anunciaron un conjunto amplio de medidas. En ese sentido, la Cepal ha identificado 351 acciones, agrupadas en seis categorías según sus objetivos: liquidez, crédito, ayuda directa, protección del empleo, apoyo a la producción y exportaciones.

La postergación de pagos y la mejora en el acceso al crédito han sido las acciones más frecuentes para enfrentar la emergencia generada por la crisis actual. Estas medidas suponen que las empresas generarán utilidades con las cuales devolver los créditos y los impuestos y pagos diferidos, pero las perspectivas no indican que eso sucederá por sí solo en un par de años ya que, muy probablemente, la recuperación del sector empresarial será lenta y gradual, advierte el organismo de las Naciones Unidas.

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Medidas para contener a las empresas

Ante esta situación, la Cepal enfatiza la necesidad de dar una respuesta a gran escala para evitar la destrucción de capacidades productivas. Para ello propone cuatro conjuntos de medidas:

1. Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.

2. Cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses para evitar la destrucción de capacidades.

3. Realizar transferencias directas a los trabajadores autónomos.

4. Apoyar a las grandes compañías de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.

Postergación de impuestos hasta final de 2020

En particular, la Cepal promueve la postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales de 2020, así como la suspensión del pago de los servicios básicos (luz, internet y gas) sin pago de multas, hasta finales de 2020. Asimismo, propone la flexibilización de las condiciones de crédito aumentando los períodos de gracia a por lo menos un año y los plazos a cinco años o más, junto con reforzar las operaciones de crédito mediante la banca de desarrollo.

Asimismo, el organismo resalta que es necesario tener en cuenta el rol importante que juegan las grandes empresas, ya que proveen el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones. Entre las medidas para la reactivación, la Cepal incluye, además del cofinanciamiento a la nómina y las mejores condiciones de acceso al crédito, la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos. En este ámbito, también es relevante aumentar la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados de capitales.

Estas propuestas complementan a la entrega de un ingreso básico de emergencia (subsidio) equivalente al valor de una línea regional de pobreza por seis meses a toda la población de América Latina y el Caribe en situación de pobreza. A nivel local estos bonos serían algo similar a la asistencia o ayuda del Gobierno como los programas de Ñangareko y el Pytyvõ, a través de las cuales se dio asistencia a cerca de 2.000.000 de personas que se desempeñan en la informalidad y que fueron afectadas en sus actividades en el marco de la cuarentena sanitaria.

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