Los años 2003 a 2004 y de 2014 a 2016 marcaron los periodos de bonanza en las economías de América Latina y el Caribe. Una combinación de factores favorables como el superciclo de los commodities, las bajas tasas de interés y la disponibilidad de crédito a partir de la crisis financiera internacional en los países desarrollados, fueron oportunidades para el financiamiento de los países de la región. Sin embargo, esta mayor disponibilidad de recursos, no se tradujo a un manejo responsable de las cuentas públicas. El aumento de los ingresos en los países latinoamericanos trajo consigo incrementos, principalmente, en los gastos corrientes (subsidios sociales, previsionales y agrandamiento del Estado) sin una contrapartida de sostenibilidad. Esta decisión, más política que económica, ha incidido significativamente en la reducción del espacio fiscal de los países de la región.
Ejemplo de ello son Argentina y Brasil, que antes de la pandemia ya enfrentaban déficits importantes en la composición de sus cuentas públicas. Paraguay no fue exceptuado del manejo imprudente de las finanzas del Estado. Tal es así que, en el 2012, los parlamentarios aprobaron un aumento salarial de alrededor de 38% para todos los empleados públicos. El importante incremento fue realizado sin criterio técnico ni financiero alguno, dando inicio al déficit fiscal arrastrado hasta la actualidad.
Desde el 2012, el Estado destina aproximadamente US$ 800 millones anuales para el cumplimiento de la suba salarial. Al cierre de 2019, los gastos salariales se llevaron alrededor del 70% de los ingresos tributarios. Es decir, de cada 100 guaraníes que recaudó el Estado por el cobro de impuestos, 70 guaraníes se destinaron a las remuneraciones de los funcionarios.
La imposibilidad de disponer de estos recursos ha incidido en el avance de programas y proyectos de impacto social y económico para el país. Ante este escenario, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a buscar nuevas fuentes de financiamiento como la colocación de bonos soberanos. Con los recursos obtenidos se han empujado, especialmente, varios proyectos de infraestructura (viales, viviendas, agua y saneamiento, electricidad y otros).
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A fin de mantener la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas bajo determinadas reglas fiscales, en 2013 fue aprobada la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Si bien la normativa no ha sido cumplida a cabalidad en algunos años fiscales, debido a que las autoridades se han amparado en excepciones y derogaciones, la ley ha permitido, de alguna manera, contener el gasto salarial en los últimos años no permitiendo que el déficit sea superior a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Composición ocupacional y salarial: Sector público y privado
Desde hace años, la inequidad salarial entre los empleados del sector público y privado ha sido centro de cuestionamientos. En esa línea, los últimos datos de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) muestran a la población ocupada de acuerdo a su categoría ocupacional, es decir, si son obreros privados, públicos o trabajadores independientes. En este sentido, los trabajadores asalariados (funcionarios públicos y obreros privados) constituyen el 50% de la población ocupada, representando así a alrededor de 1.600.000 de personas. Por otro lado, los trabajadores independientes (empleadores, cuentapropistas y familiares no remunerados) son aproximadamente 1.400.000 de personas, es decir, 43% de la gente ocupada en el país.
Al considerar en detalle la composición de los trabajadores asalariados e independientes, los del sector público agrupan a unas 341.000 personas, mientras que 1.300.000 trabajan en el sector privado. A su vez, existen unos 194.000 empleadores, 994.000 trabajadores por cuenta propia y 244.000 trabajadores familiares no remunerados.
Al observar el promedio de ingresos mensuales por trabajador de acuerdo con su categoría ocupacional, los empleados públicos, en promedio ganan 4.000.000 de guaraníes frente a los 2.500.000 de guaraníes que perciben los trabajadores del sector privado. En tanto que los que activan en forma independiente ganan alrededor de 2.000.000 de guaraníes.
Los datos desagregados por sexo revelan que los ingresos promedios varían entre hombres y mujeres en todas las categorías ocupacionales. Los ingresos de las mujeres en el sector público se encuentran por debajo de lo que reciben los hombres, es decir, una funcionaria percibe alrededor de 640.000 guaraníes menos que un funcionario. En tanto que, en el sector privado, esta diferencia es de 120.000 guaraníes menos.
También, el contraste existente en materia salarial entre los empleados públicos y privados se traslada a los ingresos por horas trabajadas. En promedio, los funcionarios reciben alrededor de 27.000 guaraníes, los obreros privados 13.000 guaraníes y los trabajadores independientes unos 14.000 guaraníes.
En cuanto a los ingresos por ocupación, los mismos varían de acuerdo a qué tipo de trabajo tienen las personas. En primer lugar, el ingreso promedio mensual se ubica en la categoría que aglutina a los miembros de los poderes del estado y personal directivo. Este grupo tiene una remuneración cercana a los 7.000.000 de guaraníes. En segundo lugar se encuentran los profesionales científicos e intelectuales con un salario aproximado de 4.300.000 y, en tercer lugar, con 3.000.000 los técnicos y profesionales de nivel medio. En tanto que los empleados de oficina ganan aproximadamente unos 2.400.000 de guaraníes y los empleados con menores ingresos mensuales de unos 1.400.000 de guaraníes son los considerados trabajadores no calificados.
Transparencia y transformación del Estado
La falta de recursos disponibles sobre evidenciada durante la pandemia del covid-19 obligó al Estado a recurrir al financiamiento externo por unos US$ 1.600 millones. El monto fue autorizado por la Ley de Emergencia Económica, ya que, de otra manera, el Gobierno no tendría posibilidades de hacer frente a la complicada situación socioeconómica generada durante la crisis sanitaria.
El plan de reactivación económica se presenta como otro gran desafío porque tampoco cuenta con financiamiento genuino para los planes y proyectos diseñados en el marco de la recuperación económica del país. El nulo espacio de maniobra por parte del Estado y los problemas que se han generado en torno a ello, se han convertido en una oportunidad para finalmente impulsar una reforma del Estado.
De hecho, en el plan de reactivación económica se contemplan varios proyectos de leyes que apuntan a la transparencia y transformación del Estado para la calidad del gasto y la generación de ahorros fiscales. Entre las iniciativas se encuentran el proyecto de la administración de pasivos y clima de negocios; la función pública y carrera del servicio civil; la propuesta que modifica la Ley de responsabilidad fiscal que la eleva a 2.0; el proyecto de Ley de Organización de la estructura del Estado; y rediseño del Sistema de Compras Públicas.
En ese conjunto de propuestas, destaca por su alta sensibilidad, el proyecto de Ley “De la función pública y la carrera del servicio civil”. La normativa busca en forma general, que las personas accedan a cargos públicos por sus méritos y aptitudes (meritocrático), además apunta a un sistema salarial único, mejoramiento de la calidad del gasto, así como del servicio brindado a la ciudadanía en general.
De prosperar el proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, la normativa no afectará al personal contratado, es decir, los funcionarios que ingresaron o fueron promovidos conforme a la Ley Nº 1626/2000 de la Función Pública. Éstos mantendrán sus derechos adquiridos e incluso pueden formar parte de la carrera del servicio civil. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, los funcionarios que opten por ingresar a la carrera del servicio civil, además de haber logrado su estabilidad a los dos años, podrán ser sujetos de ascensos y promociones con sus respectivas mejoras salariales. Sin embargo, aquellos empleados que decidan no someterse a los requisitos de la carrera, estarán fuera de obtener ascensos y promociones, por ende, consideraciones salariales.
El grupo de trabajadores que ingresará a la función pública bajo el nuevo esquema deberá someterse a un periodo de prueba, posterior evaluación para luego avanzar hacia la estabilidad laboral. De acuerdo con la propuesta normativa, el nombramiento de un funcionario público de la carrera civil tendrá carácter provisorio por un periodo de seis meses. Durante este tiempo recibirá capacitación, siendo supervisado por un superior jerárquico. Mientras dure el periodo de prueba, la máxima autoridad de la institución pública podrá dar por terminada la relación con el trabajador sin que esta decisión genere obligación de indemnizarlo.
Concluido los seis meses correspondientes al periodo de prueba hasta antes de los cuatro años, el funcionario pasará al periodo de evaluación. Durante este periodo, si el mismo obtiene una calificación “deficiente” o “desaprobada” en dos evaluaciones consecutivas o no se presente a las mismas, será desvinculado sin más trámite de la carrera del servicio civil. Finalmente, la persona podrá alcanzar su estabilidad a partir de los cuatro años y no a los dos años como rige actualmente. Ello, previo cumplimiento de ciertos requisitos tales como haber ingresado por concurso público a un puesto; prestar durante cuatro años ininterrumpidos su servicio en la función pública; haberse presentado a las evaluaciones anuales previstas en esta ley; contar con al menos una calificación “buena” y ninguna “deficiente” o “desaprobado” en las evaluaciones; y, aprobar un examen de conocimientos específicos a su función a los cuatro años de su ingreso al servicio público.
Otros aspectos que contempla el proyecto de Ley de la Función Pública y la carrera del servicio civil son los vinculados a un sistema salarial global, consistente en que ningún funcionario podrá percibir un salario superior al que recibe el presidente de la República. En la propuesta no se incluye a los funcionarios de las entidades binacionales Yacyretá e Itaipú, quienes se rigen por normativas laborales compartidas con el Brasil.
Datos procesados por la consultora MF Economía revelan que los beneficios adicionales del sector público –remuneraciones extraordinarias, adicionales, subsidio familiar y otros– se han duplicado en más de una década. Al considerar los recursos destinados desde el 2008 al 2018, la suma asciende a unos US$ 3.314 millones, que equivale al 9% del PIB.
En agosto se presentará el proyecto
El proyecto, que será presentado al Congreso Nacional el próximo mes de agosto, también establece una carga horaria de 40 horas semanales y el teletrabajo como una de las modalidades. Condiciones similares a las que rige en el sector privado.
En lo que respecta a los nombramientos de cargos de confianza, se plantea que las máximas autoridades podrán designar hasta un máximo de tres personas y las autoridades con rango de viceministro del Poder Ejecutivo hasta dos. Los parlamentarios también podrán contratar hasta tres personas, pero la permanencia de las mismas será únicamente hasta el término del periodo de cada autoridad. Como se mencionaba, la pandemia se ha convertido en una oportunidad de trasformaciones radicales en el funcionamiento del Estado. Una estructura anclada a malas prácticas políticas que en los últimos años solo ha reducido la capacidad de la intervención estatal en políticas de impacto social y económico.
La reforma de la función pública y el servicio de la carrera civil podría ser el inicio de la optimización de los recursos públicos, por tanto, de la ampliación del espacio fiscal, así como del fortalecimiento institucional.
Si bien, la mayor parte de las prerrogativas consignadas en el proyecto de Ley regirá para los nuevos empleados públicos, una pequeña porción servirá para comenzar el proceso de saneamiento de la estructura pública en la pospandemia.
Con estas profundas reformas, Paraguay podría acceder, incluso, en el menor tiempo, al tan anhelado grado de inversión. Con lo cual, el país atraería inversiones que apuntalaría significativamente el desarrollo y crecimiento del país.
La pandemia del covid-19 se convirtió en la oportunidad desde el Poder Ejecutivo para instalar y diseñar varios proyectos de leyes de restructuración del Estado como la reforma de la función pública y la carrera del servicio civil. El reclamo se centró siempre en una reforma del sector público con énfasis en la equidad y la meritocracia para la ocupación de los puestos públicos.
Reforma de la función pública y del servicio de la carrera civil podría ser el inicio de la optimización de los recursos públicos, por tanto, de la ampliación del espacio fiscal así como del fortalecimiento institucional. Una estructura anclada a malas prácticas políticas, que en los últimos años solo redujo la capacidad de intervención estatal en políticas de impacto social y económico.
Desde hace años, la inequidad salarial entre los empleados del sector público y privado ha sido centro de cuestionamientos. Según la DGEEC, el promedio de ingresos mensuales por trabajador de acuerdo con su categoría ocupacional, los empleados públicos en promedio ganan G. 4.000.000, frente a los G. 2.500.000 que perciben los trabajadores del sector privado.