Paraguay ante la pesada carga de la informalidad y el freno a su potencial de expansión económica

Las personas empleadas en condiciones de formalidad obtienen una serie de beneficios sociales y económicos. Bajo el régimen contributivo, acceden a un seguro sanitario y de desempleo, derechos de pensión y otras prestaciones que los protege ante shocks como la actual crisis sanitaria causada por la pandemia por covid-19. Estos sistemas son financiados con impuestos sobre las rentas laborales. De hecho, en países como Argentina o Brasil pueden llegar hasta el 47% del costo promedio cuando se contrata a un trabajador formal (Alaimo et al., 2017).

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El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada” revela que la cobertura del régimen contributivo en América Latina generalmente es baja, pero con significativas variaciones. En Paraguay es del 13% y en Chile del 75%.

La falta de cobertura de los trabajadores informales ha empujado a muchos países de la región a diseñar e implementar nuevos sistemas como el seguro de salud y pensiones no contributivas financiados con impuestos generales. Sin embargo, la falta de protección contra riesgos del ingreso laboral sigue siendo la laguna más importante de estos pilares no contributivos, advierte el informe del BID.

En la misma línea, el organismo señala que, a pesar de registrarse, en las últimas dos décadas, una reducción de la informalidad de 6 puntos porcentuales, uno de cada dos trabajadores en América Latina y el Caribe (ALC) es informal. Esto es, alrededor del 25% de los adultos que trabajan son empleados sin acceso a un seguro sanitario o a una pensión y cerca del 24% son autoempleados sin título de educación terciaria.

Números alarmantes

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En el desagregado, los números son aún más alarmantes. En países como Bahamas, Chile, Costa Rica y Uruguay, menos de una tercera parte de todos los trabajadores son informales, pero en Bolivia, Nicaragua, Perú y Paraguay la informalidad alcanza a más de dos tercios de los trabajadores.

De hecho, los datos del mercado laboral en Paraguay muestran que el 29,6% de los trabajadores en el país lo hacen como autoempleados. Y el 34,2% son trabajadores informales. Estos indicadores son inferiores en Argentina y Brasil donde el 21,3% y 25,3% son autoempleados, respectivamente. Mientras que, en Argentina, el 25% de las personas trabajan informalmente y el 15% de los brasileños laboran en la misma condición.

El documento del BID revela otro dato importante vinculado a la informalidad y el emparejamiento selectivo (assortative mating), condiciones que han reducido significativamente la posibilidad de acceso a seguros de salud y pensiones contributivas.

El comportamiento socioeconómico de este segmento de la población está determinado por el grupo de personas que se casan con otras cuyas condiciones son similares en términos de niveles educativos, antecedentes étnicos y otras características, incluida la propensión al trabajo informal. Este segmento podría disponer de algún tipo de protección social y del empleo ante eventos, si al menos los principales trabajadores de un hogar fueran formales y los segundos y terceros fueran informales.

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Sin embargo, estas condiciones son generalmente escasas en ALC, tal como revelan los números. El 46% de los hogares en América Latina no tiene ningún miembro en el sector formal, destacándose los países más pobres, como Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua donde la proporción supera el 60%.

Dos terceras partes de hogares se mueven en la informalidad

En este contexto, ni Paraguay ni Perú, considerados países de ingresos medios altos, de acuerdo con el BID, escapan de la alta informalidad explicada en que las dos terceras partes de los hogares se mueven en ese mercado, donde la mayoría de las personas depende de salarios diarios, no tiene acceso a redes de seguridad ni ahorros o si cuentan con ahorros estos son limitados. La inexistencia de una protección convierte a estos hogares en vulnerables ante los shocks económicos como la crisis del covid-19.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que un alto porcentaje de los trabajadores en situación de pobreza y vulnerabilidad realizan tareas manuales y laboran en sectores como el comercio minorista, restaurantes, hoteles, servicios, manufactura, transporte y construcción.

En la región, la informalidad arrastra al 42% de los trabajadores empleados en el área de servicios sociales y al 62% de los trabajadores del comercio minorista, las ventas, restaurantes, así como hoteles. Actualmente, la informalidad recae en especial a la población joven (62%) y mayor (78%).

En América Latina y el Caribe los sistemas de protección social o los programas de asistencia social cubren a alrededor del 61,8% del total de trabajadores, y cerca del 65,8% de los informales no tiene acceso a ninguna de estas redes de seguridad. Por tal situación se ha profundizado el impacto de la crisis sanitaria en este grupo.

El costo de la formalidad e informalidad en Paraguay

Paraguay, al igual que la mayoría de los países de América Latina, se caracteriza por sus altos niveles de pobreza, desempleo, informalidad y escaso espacio fiscal.

Estos indicadores han sido condiciones adversas para que el país explote su potencial de crecimiento económico en las últimas décadas. Pese a los esfuerzos realizados en materia social y económica, los números revelan que los desafíos siguen siendo importantes, aunado a la falta de recursos que están distribuidos entre la economía informal, de evasión y elusión fiscal.

El estudio de la Asociación ProDesarrollo Paraguay evidenció que, en el 2018, la economía subterránea –actividades legales e ilegales– representó alrededor de US$ 16.522 millones o su equivalente a 40,3% del producto interno bruto (PIB). Estos recursos que no ingresan a las arcas equivalen a un poco más de todo el Presupuesto General de la Nación.

En materia de evasión, solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se estima que la misma llega al 30% del PIB, siendo los mayores generadores del IVA y Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales o de Servicios (Iracis), los de alto incumplimiento tributario, conforme a datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Además, la pandemia mostró que alrededor de 1 millón de personas se encuentran fuera del circuito comercial y laboral formal, al menos de los datos que maneja la SET y el Instituto de Previsión Social (IPS). Esto es, no figuran como contribuyentes, por tanto, no aportan a las arcas ni están inscriptos en el esquema de la seguridad social, es decir, no se encuentran protegidos sanitaria ni laboralmente.

Alta tasa de informalidad

Para dimensionar la alta tasa de informalidad en Paraguay, es necesario repasar algunos datos oficiales. Por ejemplo, el 44,8% de la población ocupada asalariada del país aporta a un sistema de jubilación, es decir, más de 735.000 personas figuran dentro de un esquema de seguridad social (Encuesta Permanente de Hogares Continua 2018).

En tanto que los registros del IPS dan cuenta que el 20,3% de la población total del país (1.406.689 personas) son asegurados activos de la previsional. De este total, solo 447.699 son cotizantes titulares, el restante forma parte de los beneficiarios.

Los números de la pandemia reconfirman la precariedad del mercado laboral en Paraguay. Datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) expusieron que, desde el inicio de la cuarentena, 9.673 empresas solicitaron la suspensión de contratos, lo que afectó a 148.167 trabajadores. De ese total de empresas, 5.464 pidieron nuevamente extender el periodo de la interrupción laboral. De esta manera, alrededor de 30.000 trabajadores formales siguen cesados en sus funciones a la espera de retomar sus actividades.

De momento, un alto porcentaje de estos empleados recibe una comprensión económica por parte del IPS, que en este caso funciona como una figura parecida al seguro de desempleo, solo que va dirigido a personas que se encuentran temporalmente inactivas. Semanas atrás, unos 40.000 trabajadores afectados por la pandemia fueron nuevamente beneficiados con un pago del 50% del salario mínimo.

Impacto de la informalidad en los sectores económicos

La crisis sanitaria alteró el funcionamiento de los sectores económicos. Las actividades más afectadas han sido las vinculadas al comercio y servicios, donde las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son justamente las principales protagonistas y las que carecen de soporte financiero.

A modo de mitigar el impacto en este grupo económico, el Gobierno había contemplado en su Plan de Emergencia Económica una asistencia crediticia consistente en la concesión de préstamos con garantía estatal, denominado Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy).

Desde su implementación y hasta el último corte dado a conocer por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), se han otorgado 15.686 garantías a través de entidades financieras participantes. El monto de dichas garantías fue de aproximadamente G. 1,6 billones, las que sirvieron para garantizar créditos por un monto de G. 2,3 billones. Además de acuerdos con los datos de la Agencia Financiera de Desarrollo, la concesión de estos créditos permitió el mantenimiento de 85.359 empleos en todo el país.

A pesar de los auspiciosos números, la asistencia no llega a los niveles esperados, principalmente a los sectores de las mipymes, que, entre otros impedimentos para acceder al crédito como una faja desfavorable en el sistema de operaciones crediticias se han encontrado con la alta informalidad del sector.

844.000 mipymes

Conforme a datos de la Asociación de Emprendedores de Paraguay (Asepy), de las 876.000 empresas que operan en Paraguay, 844.000 son mipymes, pero solo 236.000 son formales, lo que se traduce en que alrededor del 70% de las mipymes son informales.

“Esto se da principalmente por dos cuestiones. Primero, la falta de incentivos a la formalización y, segundo, por el alto costo y la burocracia que implica la formalización en el país. Lastimosamente sí es costoso ser formal en Paraguay. Más que el costo monetario tiene que ver con el costo burocrático, el tiempo que lleva formalizarse”, expresó Cristian Sosa, director ejecutivo de la Asepy.

La pandemia elevó la necesidad de trabajar en la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, por lo que desde hace meses el sector privado y el público trabajan en herramientas digitales para agilizar los procesos de formalización de las empresas. “Entendemos que hace falta un programa de incentivos para demostrar el valor en el crecimiento de los emprendimientos”, remarcó Sosa.

Como se ha presentado, la informalidad no genera solo impactos directos sino también indirectos. Las condiciones irregulares de los sectores y agentes económicos han retrasado los resultados mínimamente esperados de las acciones de asistencia implementadas durante la crisis sanitaria.

Costo social y económico

El costo social y económico se ha profundizado durante esta pandemia, ya que la vulnerabilidad de los trabajadores informales presiona no solo los indicadores de pobreza, sino los de las cuentas públicas. Ante esta situación, el Estado necesita más recursos para hacer frente a las necesidades de una población desprotegida, aminorando su fuerza de acción hacia otros sectores económicos.

Finalmente, las debilidades evidenciadas en estos meses deben ser consideradas base para el diseño de políticas públicas que apunten no solo a formalizar la economía, sino a implementar herramientas de incentivo y sostenimiento económico. Una economía formal se traducirá en mejores condiciones de vida, mayor productividad y crecimiento para el país.

*Debilidades evidenciadas durante la pandemia deben considerarse una base para diseñar políticas públicas que apunten no solo a formalizar la economía, sino a implementar herramientas de sostenimiento económico. La economía formal se traduce en mejores condiciones, productividad y crecimiento para el país.

*Falta de cobertura de informales empujó a países de la región a implementar sistemas como seguro de salud y pensiones no contributivas financiados con impuestos, pero la carencia de protección contra riesgos del ingreso laboral sigue siendo una laguna, advierte el BID.

* Uno de cada dos trabajadores en América Latina y el Caribe es informal. Esto implica que alrededor del 25% de los adultos que trabajan son empleados sin acceso a un seguro sanitario o a una pensión, y cerca del 24% son autoempleados sin título de educación terciaria.

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