Fondos para grupo que cerró calles
Como se notará, la mencionada e importante suma de dinero es redireccionada a la reactivación de la agricultura familiar, lo que significa que en vez de utilizarse para su fin propuesto en su momento, esto es, para la recuperación económica en cuanto a los recursos para obras de infraestructura, terminará siendo direccionado y dispuesto en favor de un grupo de personas que cerraron las calles de la ciudad y sin siquiera contar con un seguimiento respectivo.
Se llevó a cabo de este modo una jugada “redonda” para los que tienen la oportunidad de organizarse y manifestarse como lo hicieron estos grupos de campesinos e indígenas, puesto que otros sectores, también necesitados como ellos, no lograron esta importante reasignación de recursos. Y no se trata de los campesinos o indígenas en sí mismos; lo que se aborda aquí es que nuevamente fue demostrado en esta ocasión, que por lo visto basta con cerrar las calles y tener algunos contactos con el poder, en este caso Ejecutivo y Legislativo, para que el dinero presupuestado tenga otro fin al que se había propuesto.
Para lo que tenía que ser destinado
Lo que se había planteado y aprobado por el Equipo Económico, en efecto, era que los US$ 25 millones sirvan para la reactivación, en un momento difícil para la economía nacional y mundial. Además, el propio gobierno había dicho en su momento que precisamente el llamado efecto “rebote” en el crecimiento económico estaría supeditado, en gran parte, a la construcción de obras públicas. Pero poco les importó al Ejecutivo y al presidente del Congreso, Óscar Salomón que, por cierto, en esta ocasión y sin consultar con ninguno de sus pares, actuó por sí y ante sí como un mandamás del cuerpo colegiado firmando este documento.
Modificación de partida presupuestaria
Todavía más, el Ejecutivo y el presidente del Congreso no solo cambiaron el sentido propuesto y aprobado por el Equipo Económico de usar ese dinero para el MOPC, sino que también avanzaron en contra de los intereses y el patrimonio de los contribuyentes, a quienes desde luego nunca se les pregunta en qué y cómo se usará su dinero.
En efecto, los recursos que se les ocurrió al Ejecutivo y al titular del Congreso usar para otro fin que no estaba en su momento previsto y como la cartera de Obras Públicas ya no dispondrá de la referida suma de US$ 25 millones, el acuerdo dice que el Congreso deberá reponer dicho monto en el presente ejercicio fiscal o en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2021, ¡de manera adicional!
Esto significa que nuevamente se deberá votar en el Parlamento y con solo levantar la mano para tener la mayoría correspondiente, se conseguirán otros US$ 25 millones para que esta vez quede a disposición del MOPC, ministerio que contaba antes de este acuerdo con dichos recursos. Esto demuestra el desprecio que se tiene hacia la población, hacia el pueblo, pues para nuevamente contar con dicha cifra de dinero será suficiente cargarlo a cuenta de la gente.
Sin embargo, cuando esto parecería ser suficiente para mostrar el grado de desapego y desinterés por los escasos recursos que produce el sector privado, el numeral seis del acuerdo no solo cierra el círculo de intereses subalternos que priman en el poder movido por intereses de los políticos y sectores con poder de convocatoria; el numeral seis al que seguidamente me referiré, es como la guinda sobre la torta; el desprecio absoluto hacia la Constitución, las leyes, las instituciones que hacen posible al menos un país medianamente serio.
Punto seis del documento
El acuerdo dice: “Por parte del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), a hacer una mesa de trabajo para intervenir en los desalojos, evitando su ejecución en tanto no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil y estudiando caso por caso”. Esto es, el Ejecutivo y el Legislativo, y a no olvidar, el presidente del Congreso que no consultó con sus pares, modifican el orden constitucional y legal del país, atribuyendo facultades extraordinarias a dos oficinas burocráticas de menor rango, elevándolas en categoría de prelación por encima del mismo Poder Judicial.
El Indert y el Indi son los entes encargados, dice el acuerdo, de intervenir en los desalojos evitando la ejecución de la orden judicial. Y lo dice el documento, de manera que aquí no estamos ante un caso de interpretación extensiva siguiendo las reglas de la hermenéutica jurídica que podría concitar algunas maneras diferentes de comprender el texto; estamos ante un caso de interpretación gramatical o literal como también se le dice, por cuanto que el método usado busca el sentido de una norma en el texto de la misma, es decir, a partir de su propia literalidad.
La disposición modificatoria por sí y ante sí, del sentido de las atribuciones emanadas de la Constitución Nacional, del Código Civil y del Procesal Civil a los jueces de la República, referidas a la propiedad privada y lo atinente al desalojo con acciones relacionadas a conflictos de propiedad y posesión, son no solo violatorias de nuestro orden jurídico, sino también tiene tres efectos a saber.
Tres efectos
Primer efecto, que este acuerdo firmado además de lo antes citado, es una clara muestra de abuso de poder que contradice de manera directa la supremacía de la juridicidad sobre la disposición administrativa. Segundo efecto, que de prosperar este acuerdo, tal como está redactado, quiere decir que a partir de ahora el propietario ya no deberá interceder ante los tribunales sino ante dos órganos de muy menor rango, el Indi y el Indert, para la resolución del conflicto suscitado. Y tercero, que el poder real en cuanto a la ocupación de tierras y los desalojos estará en el poder político, el Congreso y partidos, cuyos representantes con sus respectivas intervenciones decidirán, según su parecer, lo que convenga. Este camino es el de la perdición, de la desinversión, de la inseguridad, del populismo y la miseria, que terminará por hacer arder el campo más que las propias llamas de los incendios.
(*) Decano de Currículum UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.