El tema de la semana

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Causó una profunda indignación en la ciudadanía esta semana, que el Ministerio de Hacienda haya repartido unos G. 2 millones a cada uno de sus 1.500 funcionarios, en concepto de bonificaciones, en el peor momento de la crisis sanitaria y económica que soporta el país. Dicho beneficio para sus funcionarios alcanza unos US$ 530.000, mientras los establecimientos comerciales formales actualmente se encuentran en el penoso debate entre desaparecer o sobrevivir a la pandemia ante las restricciones que le impiden trabajar.

Igualmente son muchas las familias que en este momento se ven obligadas a vender lo poco que poseen para intentar solventar los gastos médicos de sus enfermos, entre otras angustiantes situaciones que se están viviendo en el país. La queja más resonante en redes sociales refieren que los funcionarios públicos nunca dejaron de percibir sus ingresos y que el Estado jamás intentó siquiera realizar una reforma para reducir gastos.

En el caso de la cartera de Hacienda, la bonificación que entregó fue en concepto de “subsidio familiar” y se acreditó el pasado lunes, junto con el salario de abril, que ese día se empezó a pagar en el sector público. Hacienda confirmó luego a ABC sobre los pagos realizados y que el monto de la bonificación equivale al salario mínimo vigente, lo que representa G. 2.192.839.

A esto se suma que el Banco Central del Paraguay (BCP) también pagó una bonificación extra ya en febrero, de casi G. 9 millones a cada funcionario, unos 747 en total, lo que implicó una erogación aproximada de G. 6.552 millones. En marzo abonó “ayuda escolar” de G. 2 millones por cada hijo.

Estos desembolsos autorizados van a contramano de lo que días antes venían anunciando las autoridades del Gobierno, con relación al nuevo proyecto de ley de emergencia, que tendría un capítulo de racionalización de gastos y que se impulsaría la reforma del Estado tan reclamada.