El inicio se dio en el Senado, cuando su presidente Óscar Salomón (ANR, Añetete) otorgó un aumento de entre G. 3 millones y G. 8 millones a los funcionarios, que luego por las presiones ciudadanas se redujo levemente. Luego en Diputados, cuyo titular Pedro Alliana (ANR, Cartista) dispuso que los 80 legisladores perciban G. 3.500.000 en cupos de combustibles.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda otorgó una bonificación extra equivalente al salario mínimo de G. 2.192.839 a unos 1.500 funcionarios. Siendo el costo total para los contribuyentes de G. 3.289 millones (US$ 506.000). En tanto que el BCP tampoco se quedó fuera en la repartija de los pagos extras a sus 747 funcionarios, quienes recibieron en febrero G. 9 millones cada uno y en marzo ayuda escolar de G. 2.192.839 por cada hijo menor. Entre los dos conceptos alcanzaron G. 7.484 millones (US$ 1,1 millón). Desde Hacienda justificaron los pagos adicionales, alegando que los mismos están autorizados por la Ley 6672 del Presupuesto vigente del 2021.
La ola de críticas e indignación de la gente no se hizo esperar. Los ciudadanos cuestionaron a través de las redes sociales que consideran injusto que los funcionarios públicos reciban estos pagos extraordinarios, sobre el salario fijo que perciben considerando la crisis actual, consecuencia de la pandemia. No hay recursos para medicamentos, no hay camas en los hospitales; además, las empresas acumulan millonarias pérdidas, otras quebraron, y con pico alto de desempleo. En cuanto a los trabajadores que fueron suspendidos en sus puestos laborales reciben del IPS apenas el 50% del salario mínimo, G. 1.096.419.