Varios referentes económicos destacaron en la semana que este proyecto de ley es inconstitucional porque viola la libre concurrencia establecida en el artículo 107 de nuestra ley fundamental, motivo por el cual resulta inadmisible en el orden jurídico nacional. El sector privado insiste en que el precio de un servicio como el transporte es una actividad eminentemente privada, en donde las partes actúan de acuerdo a sus objetivos concretos, de traslado en tiempo y forma, y todo este sistema corresponde al ámbito de la libre competencia.
Los camiones de gran porte, que siguen protestando en todo el país, han generado un caos esta semana, cortando el suministro y abastecimiento de productos básicos como leche, combustibles y otros bienes de la canasta, como así también produjo la paralización de obras por la falta de insumos, amenazando la estabilidad de la economía.
El jueves último el Senado aprobó en general el proyecto de ley del costo operativo del servicio de camiones de carga y que crea el “Comité Técnico del Costo Operativo del Flete” y el tratamiento en particular se fijó para sesión extraordinaria de este martes. Por otro lado, tras cuatro horas de negociación en una reunión realizada en el Palacio de Gobierno el viernes último, entre representantes de camioneros, gremios empresariales y del Ejecutivo, no se pudo arribar a un acuerdo, según Federico González, vocero del Ejecutivo, por lo que se declaró cuarto intermedio.