Así también pretendo mostrar que un antecedente deja el camino allanado para proceder de igual modo con otros sectores. Esto no debe suceder si se pretende –debe ser así– contar con reglas de juego ciertas y a largo plazo para la creación del ahorro y la inversión, fundamentos del crecimiento económico.
El subsidio es una ayuda económica que una persona o entidad recibe por un periodo de tiempo de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada y que no debería otorgarse por más tiempo para no afectar las señales de los precios expresadas en la oferta y la demanda.
Los transportistas, por tanto, son apenas un ejemplo para comprender que una medida como la de entregar dinero para un sector no se compadece ni con la economía de mercado establecida en nuestro orden constitucional en el artículo 107, sino que también es un motivo que termina igualmente violando el principio de la igualdad ante la ley.
Y contraviniendo lo expresado se puede colegir que resulta difícil y hasta imposible lograr el principio de la debida contraprestación a los contribuyentes como así también hacer lugar a la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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Diez años
En estos diez años se otorgó a los transportistas la suma de 452.000 millones de guaraníes en concepto de subsidios. Este monto sideral de dinero es inversamente proporcional al servicio de calidad que recibe el usuario del transporte de pasajeros. Además de la manifiesta injusticia por la violación de la igualdad ante la ley que conlleva esta medida que viene sosteniéndose sin visos de cambiar, resulta que dicho monto seguirá aumentando al punto que se ha convertido en un privilegio detestable. Esta medida no se compadece con los postulados básicos de la economía de mercado y desde luego de lo que prescribe nuestra misma Constitución Nacional (CN).
Se está ante un caso llamativo por donde se lo mire. Un subsidio debería ser una medida extraordinaria y de corto plazo para que el sector beneficiado no se encuentre incurso en la violación de la igualdad ante la ley y de la libre concurrencia.
A los transportistas, concretamente, nunca se les debió otorgar esta medida. El transporte de pasajeros es lucrativo y es competitivo, razones suficientes para dejar que los usuarios dispongan de sus preferencias por las líneas que mejor prefieran.
¿Por qué no hay razón para el subsidio? Porque hoy mismo el pasaje que llega al usuario tiene la “ayuda” estatal en el orden del 30 por ciento aproximadamente, lo que significa que si los oferentes de este servicio compitieran sin intervención alguna no sería extraño que el precio del pasaje tienda a bajar para así luego determinarse por las naturales y más correctas reglas de la oferta y la demanda.
¿Por qué subsidiar ese 30 por ciento? ¿Por qué las personas que no utilizan el transporte público del área metropolitana deben pagar por un servicio que no usan?
El error intervencionista
Resulta por lo menos llamativo que el Gobierno actual siga aplicando lo que no funcionó ni funcionará. El subsidio ha fracasado desde que el gobierno de Lugo otorgó esta medida a los empresarios del transporte.
Estamos ante un caso de arrogancia gubernamental llevada a cabo adrede porque permite consolidar una red de tráfico de influencias desde la política hacia sectores de carácter corporativo. El subsidio está haciendo crecer a una “rosca” dependiente del dinero público o lo que es lo mismo del dinero de la gente para expresarlo con acierto.
El porcentaje del subsidio de aproximadamente 30 por ciento del pasaje real al usuario, bien debería no seguir dándose para que los oferentes ofrezcan a los usuarios lo que mejor se espera de un servicio. El precio y la calidad no pueden estar supeditados al subsidio. Si se aceptara esta premisa, entonces no tendría sentido que la oferta privada que hoy realizan las empresas siga operando en este sector, pues ¿por qué entonces no volverla estatal?
Pero el intervencionismo nunca será bueno para mejorar un servicio o producto determinado, cualquiera sea. El subsidio termina por afectar las señales de los precios y se vuelve una trampa en contra de los que pagan y que son todos los contribuyentes. Lo que hoy tenemos es una calamidad de un transporte público que no sirve a la gente, sino que se sirve de ella.
Precios
El subsidio no ha hecho más que distorsionar los mecanismos de mercado que se transmiten por medio de los precios. Si el pasaje es de 100 y el subsidio es de 10, es cierto la tarifa que paga el usuario es de 90. La cuestión es quién paga ese 10 que hace que sea 90 y todavía más, ni siquiera los transportistas pueden calcular sus genuinas ganancias porque pronto se vuelven dependientes de la suma que perciben del Estado, a lo que hay que agregar toda aquellas cuestiones de orden constitucional y moral expresados anteriormente.
En efecto, si hay una lección que hasta los mismos socialistas más ortodoxos han comprendido luego de sus continuos fracasos de querer terminar con el mercado libre, esa lección se denomina señales de los precios que permiten crear e intercambiar bienes y servicios de calidad en la sociedad.
En el transporte público no hay razón alguna que impida funcionar el mercado libre mediante un sistema de regulaciones de control de calidad, frecuencias e inspecciones de los vehículos. El transporte público es un buen negocio, se gana buen dinero, pero se tiene que dar un buen servicio, al igual que los fabricantes de pizzas o hamburguesas que continuamente compiten por conseguir clientes satisfechos, o ¿acaso a los transportistas hay que tratarlos como privilegiados?
Si hay algo que al parecer todavía no se ha comprendido del todo es que ese mercado en el que se compite por un servicio determinado no puede estar cerrado o expuesto a la continua intervención del gobierno, ya sea fijando un precio, dando subsidios a algunos o protegiendo a los más poderosos.
Todas estas intervenciones no solo son ineficientes, sino que conllevan dosis de corrupción. El grado de participación que tienen los políticos en sacar una buena tajada del dinero público al que tienen a su disposición autoriza a ser repartido sigilosamente.
Ni buen servicio ni transparencia
Cuando se obtiene a discreción un dinero que no tiene control de calidad ni de verificación en sus resultados nos encontramos con el más poderoso incentivo para que ese dinero continúe destinándose a un fin que no forma parte del interés de los usuarios. Forma parte del interés de los que cuentan con seguridad un dinero que no es de ellos.
Si hay una perversión manifiesta que ha venido creciendo en estos años y conspira contra el contribuyente es precisamente el despilfarro del dinero de la gente que trabaja e invierte. Después tenemos que estar leyendo y escuchando sobre la necesidad de contar con más recursos. ¡Pero si los recursos están... despilfarrados!
Si el subsidio es una política social como les gusta decir a sus propiciadores para así seguir metiendo sus manos en nuestros bolsillos, pues es hora de terminar con esta nefasta y dañina práctica. Porque no beneficia a los usuarios que lo usan todos los días ni a los demás contribuyentes de otros lugares del área metropolitana que también pagan por un servicio que no utilizan. Todavía más, el precedente que se está dejando dará pie a que otros tipos de subsidios empiecen a surgir imitando el mismo “modelo”.
Sideral
En estos diez años se otorgó a los transportistas la suma de G. 452.000 millones en concepto de subsidios. Es una cifra sideral.
Subsidio
Un subsidio debería ser una medida extraordinaria y de corto plazo para que el sector beneficiado no viole la igualdad ante la ley.
Medida
A los transportistas concretamente nunca se les debió otorgar esta medida, porque se trata de un rubro lucrativo y es competitivo.
(*) Catedrático de materias jurídicas y en UniNorte. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”; “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.