El tema de la semana

Esta semana el Congreso Nacional sancionó el proyecto de ley de “Servicio de Confianza de las transacciones Electrónicas” lo que desató masivas protestas de la gente en redes sociales porque se teme que el servicio ya no sea accesible para el sector de menores recursos que utilizan este mecanismo en su vida diaria.

El proyecto de ley sancionado regula las transacciones electrónicas y fue motivo de disputa entre la Asociación de Bancos y las empresas telefónicas. Presentaron la iniciativa los diputados de Patria Querida: Sebastián García, Sebastián Villarejo y Rocío Vallejo; los cartistas: Justo Zacarías Irún, Edwin Reimer y Tadeo Rojas; por el PLRA: Celeste Amarilla y Carlos María López; por el Encuentro Nacional: Kattya González.

En Diputados se estableció expresamente un nivel de seguridad alto para las operaciones que impliquen pagos, giros o transferencias de dinero. Esta postura es respaldada por los representantes de entidades bancarias, alegando cuestiones de seguridad y para evitar las conocidas estafas a usuarios, a través de teléfonos celulares, que se hacen desde las cárceles.

La versión del Senado, apoyada por las telefónicas y por el Banco Central del Paraguay (BCP), disponía que el nivel de seguridad para las operaciones estén “acordes al riesgo asociado y la reglamentación emitida por la autoridad competente”, que es el BCP. El senador Hugo Richer (Frente Guasu) advirtió que establecer un nivel de seguridad alto implicaba la obligación de contar con la certificación de firma electrónica, registro de reconocimiento facial o toque digital, etc. Indicó que esto significaba la posible exclusión financiera de unas dos millones de personas en nuestro país, cuyo promedio de transacciones no supera los G. 150.000. Dijo que esto implicaba un peligro de retroceso en inclusión financiera de gente que no tiene posibilidad de ingresar al sistema financiero bancario.

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