La profesional menciona que desde el 16 de diciembre de 2025, en una etapa de transición, comenzó a aplicarse la fiscalización registral electrónica previa para los trámites inmobiliarios. Este nuevo sistema exige que los escribanos digitalicen y carguen toda la documentación antes de poder presentar físicamente el trámite para su inscripción, con un plazo teórico de 72 horas para que el registro realice la fiscalización. Sin embargo, añade que existen trámites ingresados en diciembre que, hasta hoy, no han sido fiscalizados, generando demoras que paralizan operaciones y colocan a los ciudadanos en una situación de incertidumbre.
Dijo además que con el correr de los días, el sistema se extendió también a poderes y secciones especiales, y desde el 2 de enero, al Registro de Automotores, lo que agravó aún más la situación.
En el caso de los vehículos, el impacto es inmediato. Antes, la simple presentación del trámite permitía obtener rápidamente la chapa metálica; hoy, la matriculación se ve postergada por la fiscalización previa, retrasando la posibilidad de circular y utilizar el rodado, según explicó.
Uno de los puntos más sensibles de esta transición, según refirió, es la falta de bloqueo registral mientras el trámite no obtiene ingreso formal. Los certificados registrales tienen una vigencia de 30 días corridos, y si ese plazo vence sin que el documento ingrese al registro, el bien queda expuesto a embargos, inhibiciones u otras medidas cautelares. Esto puede afectar actos jurídicos ya celebrados y comprometer derechos que deberían estar protegidos, advirtió.
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Añadió que esta situación se agrava porque los plazos de actuación del registro pasaron a computarse en días hábiles, mientras que los notarios continúan sujetos a plazos corridos, pese a los pedidos realizados para equiparar criterios. En la práctica, esto alarga los tiempos de respuesta sin ampliar las garantías para los ciudadanos. A ello se suma el aumento de las tasas registrales, que encarece los trámites.
Niella detalla que los escribanos han cumplido con todas las exigencias del nuevo sistema y acompañan los procesos de modernización. Sin embargo, advierten que la fiscalización previa, tal como está diseñada y aplicada, no está funcionando y genera más obstáculos que soluciones. Por ello, consideran necesario suspender su aplicación y revisar el mecanismo, a fin de evitar mayores perjuicios durante el período de transición.
La implementación del RUN es un cambio estructural importante, pero su éxito depende de que garantice agilidad, previsibilidad y, sobre todo, seguridad jurídica. Hoy, la experiencia inicial demuestra que sin ajustes urgentes, la modernización corre el riesgo de convertirse en un problema para quienes dependen del sistema registral para proteger sus derechos, dijo finalmente.
Cambios importantes
La implementación del RUN es un cambio clave, pero su éxito depende de que garantice agilidad, previsibilidad y, sobre todo, seguridad jurídica.