Déficits en la educación universitaria: Efectos económicos de una población no adaptada al mercado

Las Naciones Unidas y la Unesco definen a la educación como un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos, partiendo de que la educación promueve la libertad así como la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. Sin embargo, millones de niños y adultos en todo el mundo se enfrentan con la falta de oportunidades educativas, en muchos casos, como consecuencia de la pobreza en la que viven, y en este sentido, Paraguay no escapa de la mencionada realidad.

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En nuestro país los años de escolarización obligatoria son 13, al igual que en las naciones de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, etc. No obstante, el promedio de años de estudio a nivel local es de solo 8,7 años cuando en la región se ubica en aproximadamente 11 años.

Si se considera la población de 6 a 14 años de edad, que en Paraguay totalizan 1.175.050 personas, excluyendo a Alto Paraguay y Boquerón, la asistencia a una institución de enseñanza formal es del 97,38%.

En cuanto a la población de 15 a 17 años de edad, que en todo el país suman 450.514 jóvenes, el 19,32% no tiene posibilidades de acceder a una institución educativa. 

El Ministerio de Educación y Ciencias es la institución encargada de garantizar la formación de calidad en Paraguay, además de regular las instituciones de capacitación profesional del tercer nivel, entre las cuales se encuentran los institutos de formación docente, a través de la Dirección General de Educación Superior y Cultura. Por su parte, las universidades paraguayas se rigen por la Ley Nº 136/93 de universidades. Los institutos superiores no cuentan con un órgano de regulación, constituyendo un fenómeno reciente en la educación superior local.

A partir de la promulgación de la Ley Nº 2072/03, de creación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, surge el órgano certificador de la calidad de la educación superior, en todos sus componentes.

Como consecuencia de la alta demanda universitaria por parte de jóvenes, las ofertas educativas no se hicieron esperar y se traducen en la existencia de 54 universidades acreditadas para su funcionamiento, de las cuales 46 son privadas y 8 públicas. Además, hay 37 institutos superiores, de los cuales 29 son privados y el resto estatales, acreditaciones que no significan que todas las carreras ofrecidas por esas instituciones estén también habilitadas, y que en los últimos meses se ha convertido en un verdadero problema. 

Al grupo se deben sumar dos centros de capacitación impulsados por el Estado, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

Si bien el gasto público en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en Paraguay es del 5% –que es en promedio los recursos que destinan a este rubro los países de la región–, la calidad de la educación impartida sigue siendo el gran problema que enfrenta la estructura educativa del país, que debería ser el centro de la política pública antes que asignar más presupuesto para mantener un débil modelo. Esto si el objetivo es lanzar al mercado un capital humano que responda verdaderamente a las exigencias laborales de elevados parámetros profesionales y que no terminen afectando el desarrollo económico del país, albergando mano de obra no calificada y empujando, por consiguiente, a las empresas a importarla ante la falta de alternativas profesionales de alta gama.

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