La crisis del relato rural: Enfrentando los verdaderos desafíos de la nueva ruralidad

La discusión sobre la problemática rural debe renovarse y enriquecerse de nuevos elementos conceptuales y metodológicos, donde la reforma agraria solo aporta una reminiscencia idílica de un tiempo pasado, que no fue mejor.

El Estado repartió miles de hectáreas desde hace 40 años, pero no todas pasaron jurídicamente a nombre de sus propietarios u ocupantes, y sigue siendo el mayor terrateniente por ser propietario de extensas áreas, en zonas donde prima la agricultura familiar campesina.

El dilema actual de la ruralidad local no se plantea en términos de agricultura tecnificada versus la familiar campesina, sino más bien en términos de mayor eficiencia, competitividad, adaptación tecnológica y comercialización, etc.

Los últimos 470 años, la población mayoritaria residía en zonas rurales; por lo tanto, la impronta de los paisajes rurales se encuentra vinculada con las prácticas culturales de un tipo específico de ruralidad: la vida campesina caracterizada por una existencia tranquila, autárquica y apacible.

¿La tierra actúa como catapulta para salir de la pobreza?

Tradicionalmente, el rol de la tierra ha estado asociada en su gran mayoría con la seguridad familiar. La posibilidad de vivir en un lugar en la comunidad, así como también utilizarla como factor de producción y de generación de ingresos, por venta de la producción agrícola. Esto se observa en las familias campesinas que sí disponen de tierra segura, con o sin título de propiedad finiquitado.

Por ejemplo, existen varias comunidades campesinas tradicionales y arraigadas de los departamentos de Cordillera, Paraguarí e incluso Guairá, que en los últimos cincuenta años no han logrado mejorar sus condiciones de vida, al menos no por la vía productiva y que disponen de títulos de propiedad.

Si el objetivo de la política pública es que el campesinado acceda a la tierra propia, deberían establecerse los mecanismos para su cumplimiento y, por sobre todo, asumir que el objetivo principal de la mayoría de los agricultores es la subsistencia, lo cual tendría que reducir el tamaño de las parcelas. Además, el número de miembros de los hogares rurales ha disminuido de manera significativa, lo cual reduce seriamente la capacidad de trabajo en las fincas.

También debe resolverse qué se hará con la gran cantidad de parcelas en manos de campesinos que no están en producción desde hace años. Para mejorar su resultado, se tendrían que controlar a los campesinos que no siembren y, llegado el caso, generar incentivos, tanto positivos como negativos, para que las tierras cumplan su función productiva.

Si la reforma agraria terminó, ¿qué rol cumple el Indert?

El Estado ha repartido miles de hectáreas desde hace cuarenta años, pero no todas han pasado jurídicamente a nombre de sus propietarios u ocupantes. En estricto sentido, el Estado es aún el mayor terrateniente del país, por ser propietario de extensas zonas, especialmente en los departamentos donde prima la agricultura familiar campesina, a quienes no les ha transferido totalmente los respectivos títulos de propiedad.

El principal objetivo debiera ser continuar con el proceso de regularización jurídica y titulación definitiva de la tierra, para dar por cerrada la reforma agraria en su faceta institucional y formal. Se estima que la puesta en orden de los títulos de propiedad, bajaría considerablemente los conflictos en torno a la tenencia y uso de la tierra, que hasta hoy son los principales detonadores de confrontaciones.

El Indert podría transferir sus responsabilidades a la Dirección de Catastro o alguna otra oficina que regule la administración de los inmuebles, puesto que las tierras estarían todas distribuidas. Una reformulación de objetivos y de misión son necesarias para el Indert o, por qué no, su adscripción al Ministerio de Agricultura y Ganadería como instancia de apoyo a las colonias recién formadas que aún no logran insertarse en cadenas productivas.

Definitivamente, los órganos institucionales encargados de los temas rurales y productivos deberían modernizarse y reformarse. Puntualmente, sus actuales esquemas de actuación han sido diseñados para atender una problemática y una clientela de hace cuarenta años atrás y, a la luz de los cambios ocurridos, no se ajustan a las necesidades y oportunidades que presenta la nueva ruralidad.

¿Cuán extranjeros son realmente los “brasiguayos”?

La migración internacional históricamente ha sido la herramienta habitual para ocupar las zonas periféricas y poco atractivas para los paraguayos de los alrededores de Asunción. Recuérdese que la llegada de menonitas canadienses al Chaco a finales de la década de 1920 fue una estrategia para poblar el hasta entonces inhóspito Chaco paraguayo. En el mismo periodo se produce la llegada de colonos agrícolas alemanes, polacos, checos y japoneses en el actual departamento de Itapúa, que tenía como objetivo la ocupación del espacio periférico de la Región Oriental.

En el caso de los agricultores brasileños, que se internaron en la misma región, pero a partir de 1970, respondieron a una lógica de modernización de la agricultura impulsada y facilitada por el Gobierno paraguayo (ver Souchaud, 2007).

Actualmente, los hijos y nietos de los primeros colonos, nacidos en Paraguay y por lo tanto de nacionalidad paraguaya, continúan con las actividades agrícolas iniciadas por sus antepasados. De los aproximadamente 400.000 brasileños que ingresaron al país a inicios de la década de 1990, el último censo agropecuario de 2008 solo encontró a 8.900 agricultores brasileños y a 2.800 de otras nacionalidades, en su mayoría mejicanos (colonos menonitas de Río Verde, principalmente). Existen por lo tanto fuertes indicios de que los denominados en forma despectiva o diferenciadora como “brasileños o brasiguayos” sean, en realidad, paraguayos, nacidos en nuestro país.

Asumir y aceptar que el poblamiento y la ocupación del espacio periférico fue realizado en parte por colonos extranjeros, cuyos descendientes son hoy paraguayos, es el principal desafío para la construcción de la renovada identidad cultural paraguaya, no ya exclusivamente construida en torno a un solo modelo cultural y lingüístico, sino que pueda ser construida y reconocida una identidad no restringida a Asunción y sus alrededores y que incluya a los distintos paraguayos descendientes de extranjeros, que se instalaron de forma duradera y comprometida con el país. De igual forma, es urgente y necesario romper la sensación histórica, quizás instalada profundamente en el subconsciente después de la guerra contra la Triple Alianza, consistente en la percepción de constante amenaza externa, con lo cual cualquier elemento extraño o diferente a la cultura paraguaya tradicional es concebido como dudoso o peligroso.

¿Quién tiene la culpa de la pobreza rural?

Las desigualdades existentes entre los diferentes actores rurales son muy notorias. Mientras que en su gran mayoría los agricultores tecnificados y ganaderos lograron incrementar significativamente sus ingresos provenientes de las actividades productivas, como resultados de procesos de innovación, eficiencia e intensificación. No obstante, los agricultores familiares campesinos apenas han podido satisfacer sus crecientes necesidades para subsistir y solo una porción muy pequeña de estos ha logrado vincularse de forma sistemática y prolongada a las cadenas de valor que permitieron aumentar los ingresos familiares y escapar de la pobreza.

La sociedad campesina ha sido históricamente olvidada por las políticas públicas, especialmente en cuanto a acceso a la tierra. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década de 1980 y, sobre todo, desde la década de 1990, una diversidad de proyectos de desarrollo de diversos enfoques se implementaron en distintas zonas rurales. Desde abordajes participativos, de abajo para arriba, hasta proyectos comunitarios, con enfoque de género, entre otros, los proyectos de desarrollo impulsados por la cooperación internacional, ONGs y por el Ministerio de Agricultura, no han logrado progresos significativos. Solo de forma ilustrativa, desde la implementación del Proders, proyecto diseñado por el Banco Mundial, con un presupuesto y préstamo, de alrededor US$ 100 millones, hace cinco años, no ha logrado disminuir los índices de pobreza rural en los departamentos donde interviene. Tampoco la burocracia pública parece haber sido eficiente en la reducción de las asimetrías internas. El Sistema Integrado de Gestión para el Desarrollo Agropecuario y Rural (SIGEST) tampoco ha asegurado el funcionamiento correcto de las instituciones encargadas de liderar la gestión del desarrollo rural, incrementando la burocracia y sobre todo la retórica que termina siendo seductora pero irresoluta.

Millones de dólares se invirtieron durante los últimos 30 años en distintas iniciativas de desarrollo rural, desde equipamiento productivo, hasta cría de aves, gusanos de seda, cerdos y conejos, pasando por curvas de nivel, asociación y rotación de cultivos, siembra de rubros de renta con acceso seguro a mercados, acceso a créditos blandos y producción agroecológica. Nada parece haber funcionado como factor de generación de riqueza y salida de los esquemas de pobreza para el campesinado. Algunas raras excepciones, como ciertas experiencias del proyecto Prodesal, parecen haberse consolidado en el tiempo y afirmarse como experiencias exitosas, entre otras. Algunas iniciativas de la cooperación internacional, como el programa Paraguay Vende, logró importantes aportes a los encadenamientos productivos y al incremento del ingreso campesino, sin embargo, esta nueva veta descubierta no ha sido retomada con firmeza por otras iniciativas públicas o privadas, o al menos no en la medida de lo esperado.

Los proyectos e iniciativas de desarrollo rural han sido diseñados e implementados según las preferencias de los beneficiarios, es decir de los agricultores campesinos. Sin embargo, si se evalúa la capacidad de aprendizaje y aprovechamiento de las capacitaciones, herramientas, maquinarias, instalaciones y créditos, los campesinos también han mostrado un muy bajo desempeño, desaprovechando oportunidades de crecimiento. En cierta forma, los proyectos han sido un poco indulgentes y hasta paternalistas con los campesinos, quienes podrían haber sentido los proyectos como cotos de caza y recolección, más que como oportunidades de despegue productivo y crecimiento económico.

Una parte de las responsabilidades en el limitado impacto de los proyectos de desarrollo rural pueden ser atribuidas a los agricultores familiares campesinos. En cierta forma, los proyectos han generado una visión, quizás inconsciente, de víctimas históricas a las comunidades campesinas, con el consecuente tratamiento especial y poco exigente hacia las mismas.

Falsos dilemas, falsas soluciones…

La irrupción de la agricultura tecnificada, vinculada a mercados y que genera renta, ha modificado la percepción histórica de que la vida rural no puede generar progreso sino solamente subsistencia. Quizás a partir de esta presunción se atribuya la crisis de la agricultura familiar campesina a la expansión y al éxito de la agricultura tecnificada.

Sin embargo, la agricultura familiar campesina viene experimentando un sostenido proceso de fragilización social, productiva y cultural, que tiene mucho más que ver con su escasa capacidad de generar productos comercializables e ingresos, que con la expansión de la agricultura tecnificada.

De hecho, según el censo agropecuario de 2008, los departamentos que vienen perdiendo el mayor índice de fincas campesinas (Cordillera y Paraguarí) se sitúan a más de 100 km de distancia de los cultivos a los cuales pretenden atribuir su fracaso, que también podría comprenderse como una prolongación del paternalismo para proteger y reforzar el rol de actor victimizado y frágil de la agricultura familiar campesina. La culpa y las responsabilidades siempre son del otro.

Se podría concluir entonces que el dilema actual (problemática y desafíos) de la ruralidad paraguaya no se plantea en términos de agricultura tecnificada versus agricultura familiar campesina, sino más bien en términos de incremento de eficiencia, competitividad, adaptación tecnológica y capacidad de comercialización e industrialización de los productos de los dos sistemas agrícolas, del sistema ganadero, del incipiente turismo rural, etc. Por tanto, castigando a la agricultura tecnificada con impuestos u otras limitaciones, no se logrará que la agricultura familiar campesina resuelva sus problemas internos de productividad y de acceso a mercados.

¿Cómo funciona la nueva ruralidad local?

El mundo rural paraguayo ha cambiado significativamente en los últimos diez años. Comenzamos en un espacio aislado, de ritmos lentos, con patrones de vida muy tradicionales y sin acceso a los servicios urbanos, para transitar hacia un escenario de múltiples cambios: mayor movilidad social y acceso a la información, irrupción de nuevas prácticas sociales y económicas, mayor vinculación con los espacios urbanos y, diversificación, usos y significación del espacio rural, que ya no es solamente espacio de vida, sino también de producción agrícola de diferentes intensidades, usos turísticos y hasta industriales.

Uno de los cambios más significativos es la salida de las zonas rurales de los jóvenes, tanto de hombres como de mujeres, impactando directamente en la capacidad de trabajo agrícola, a lo cual debe agregarse el envejecimiento paulatino de los jefes de hogar, salvo en departamentos de Canindeyú y San Pedro. En efecto, la atracción de las ciudades, que actualmente están más accesibles por las inversiones públicas en rutas, alimenta un cambio aspiracional personal en los jóvenes rurales, que no se proyectan en áreas rurales ni en agricultura, sino en las ciudades. Una transición mayor experimentada por los territorios rurales ha sido la marcada sofisticación y modernización de varios sistemas productivos, con auxilio de la tecnología. Esto permitió un incremento significativo de los rendimientos y por lo tanto de los ingresos monetarios, incluso en algunos segmentos campesinos que habían logrado conectarse con empresas para establecer cadenas de valor e integración productiva.

Es importante resaltar, que tradicionalmente las zonas rurales eran asociadas a la pobreza o al menos a la precariedad de medios de vida y de producción, donde la ascensión social y el acceso a la riqueza se lograba casi exclusivamente por fuera de la ruralidad. Desde hace al menos una década, el espacio rural, mediante sistemas productivos diversificados y sobre todo tecnificados, presentan, de forma inesperada e inédita, esquemas de acumulación y de posibilidad de generación de riqueza. Esta ruptura del modelo casi único de subsistencia y encierro, por la irrupción de una nueva economía basada en vínculos más directos con el mercado, ha generado una suerte de integración de los distintos espacios rurales al resto de la economía.

¿Pero a qué tipo de ruralidad apuntan las políticas públicas y las intervenciones específicas de los proyectos de desarrollo rural? ¿Están adaptados a la nueva ruralidad? ¿O el antiguo esquema rural aislado y desvinculado de las dinámicas regionales se sigue imponiendo? ¿Podrá el Ministerio de Agricultura y Ganadería repensar de forma moderna y prospectiva la problemática y los desafíos reales de la agricultura familiar campesina? ¿O continuará repitiendo indefinidamente la entrega de pollitos, invernaderos y sistemas de riego, que han demostrado ser respuestas inadecuadas y sin resultados?

¿Entonces, por dónde debería transitar la ruralidad paraguaya en el futuro próximo?

Las distintas modalidades de hacer agricultura serán claves para la economía agrícola y para la estructura social del país. La agricultura familiar campesina debe definir si solo se restringirá a la subsistencia, atendiendo su baja capacidad productiva y de integración a los mercados. O si, por el contrario, realizará los esfuerzos para insertarse en cadenas de valor, lo que conllevará necesariamente un mayor grado de exigencias para lograr mejorar la productividad y la calidad, según la demanda de los mercados. Actualmente, existe una demanda creciente y diversa por productos que pueden ser proveídos por la agricultura familiar campesina.

En el caso de la producción de hierbas aromáticas y medicinales o frutos diversos, estas deberían vincularse a empresas e industrias nacionales e internacionales. Para lograr mejorar sus condiciones de vida, los agricultores campesinos deberán modificar sus prácticas tradicionales y aprender nuevas tecnologías para integrarse a las cadenas de valor, si es que desean generar ingresos económicos.

Por su parte, la agricultura tecnificada aún posee amplios márgenes para incrementar productividad, mediante un conjunto de correcciones en las prácticas agrícolas. Por ejemplo, en soja, el promedio histórico no pasa de 3.000 kilogramos por hectárea, mientras que el techo técnico es superior a los 6.000 kilogramos. Los agricultores tecnificados deberán profesionalizarse para ejecutar las mejores prácticas de siembra, conjugando semillas de calidad y gestión correcta de los suelos para incrementar la productividad.

En conclusión, la cuestión rural paraguaya debe ser repensada sin olvidar los factores históricos ni culturales, pero proyectándose hacia un futuro con mayor demanda global de productos agrícolas.

Paraguay, que no ha sido beneficiado por la disponibilidad de metales preciosos ni de una ubicación privilegiada en el mapa, dispone de cuatro condiciones naturales que refuerzan su vocación agrícola: suelos fértiles, precipitaciones en cantidad suficiente, temperaturas cálidas y luz solar adecuada para el desarrollo de los cultivos. Con estos elementos favorables el futuro parece estar escrito de ante mano.