La cuenta regresiva

Un día como hoy, el 13 de agosto de 1973, los cancilleres Raúl Sapena Pastor, del Paraguay, y Mario Gibson Barboza, del Brasil, intercambiaron en Asunción los instrumentos de ratificación del Tratado de Itaipú, fecha en que comenzó oficialmente a regir el acuerdo para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Paraná.

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Esto significa que, dentro de seis años, vence el plazo de medio siglo que impuso a nuestro país el numeral VI del Anexo C del Tratado para la revisión de sus disposiciones y, por consiguiente, arranca hoy la cuenta regresiva para que podamos recuperar nuestro excedente hoy cautivo en la usina binacional.

Hace apenas unos días, revisando las páginas históricas de nuestro diario de aquella época, pudimos comprobar que la posición crítica asumida en los editoriales de ABC Color sobre el pacto casi secreto que se había llevado adelante no fue en vano, pues se vaticinaba en ellos el grave perjuicio que se ocasionaría al país.

El tratado fue firmado el 26 de abril de 1973 y antes de cumplirse un mes, el 25 de mayo del mismo año, el título del editorial de ABC ya decía: “Itaipú, precio y plazo inaceptables”. Es que, lejos de la pregonada “igualdad de derechos y obligaciones” -como reza el artículo III del Tratado-, lo que fue firmado entre cuatro paredes por los mandatarios de Brasil y Paraguay era una vil entrega de nuestros “negociadores”, puesto que era sabido de antemano que no podríamos utilizar internamente la totalidad de la energía que por derecho nos correspondía y por tanto, como única alternativa, debíamos cederla al Brasil; pese a que en el Acta Final de Foz de Yguazú del 22 de junio de 1966 firmada por el canciller Sapena Pastor, establecía en su punto 4° “que la energía eléctrica eventualmente producida... será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de PREFERENCIA para la adquisición de esta misma energía a JUSTO PRECIO... de cualquier cantidad que no sea utilizada para la satisfacción de las necesidades de consumo del otro país”.

Esta premonición lamentablemente se confirmó luego en los más de 30 años de producción que tiene la central hidroeléctrica poseedora del récord mundial en generación de energía eléctrica. Es que los números no mienten. Desde el funcionamiento de la primera turbina de la central hidroeléctrica Itaipú en mayo de 1984, la distribución de la energía entre Brasil y Paraguay fue de 93-7 por margen. De acuerdo con los datos oficiales, en dicho periodo de tres décadas, la Itaipú generó aproximadamente 2.168 millones de megawatts/hora (MWh), y como la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en ese lapso solo retiró alrededor del 7%, equivalente a unos 150 millones de MWh, la energía cedida por Paraguay al Brasil fue más de 934 millones de MWh. En ese mismo periodo de tiempo el Paraguay ha recibido US$ 2.995 millones por la cesión obligatoria de su energía al Brasil, lo que supone que pagó un precio estimado de 3,2 US$/MWh, confirmando así la asimetría profetizada desde la firma del tratado.

Por eso resulta más que necesario iniciar esta cuenta regresiva teniendo en cuenta todos los factores antes mencionados. Del tratado se deben revisar los montos recibidos en concepto de royalties y cesión de energía y con base en lo que requiere el país buscar orientarlos hacia su desarrollo sin dejar de atender las necesidades del sector eléctrico, puesto que será fundamental asegurar el acceso al 50% de la energía en Itaipú, a través de la construcción de una segunda línea de transmisión de 500 kV desde dicha central, así como la interconexión con la central de Yacyretá, para cerrar el anillo energético que garantice el suministro para todo el país.

Paraguay debe recuperar su soberanía energética, y para ello las negociaciones de cara al 2023 deben convertirse en causa nacional. Sobre esta base deberían construirse las plataformas de gobierno y las propuestas de los candidatos que pugnarán en las próximas elecciones nacionales.

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