Paraguay podría ser incluido en lista gris del GAFI y afectaría sensiblemente la economía

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), María Epifania González, fue consultada por nuestro diario sobre la situación de Paraguay ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), del cual formamos parte.

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Adelantó que nuestro país será evaluado el año próximo en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Gafi y Gafilat, y de no pasar el examen, en el caso de que no se adopten medidas urgentes que impliquen una reformulación integral del sistema, entre otros, el Paraguay podría ser incluido en una lista gris del Gafi, de naciones no cooperantes a nivel internacional por las serias deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto traería consigo consecuencias nefastas para la economía del país, agregó.

Explicó, primeramente, que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es un ente intergubernamental creado en 1989, cuyo mandato consiste en fijar estándares legales, regulatorios y operativos para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva. Para poder verificar el cumplimiento de dichos estándares, el Gafi elaboró las denominadas “40 recomendaciones”, que reunen las medidas que los países deben adoptar para prevenir y combatir los delitos citados.

Las disposiciones establecidas en las mismas refieren que deben ser implementadas por todos sus miembros, y por los integrantes de los Grupos Regionales Estilo Gafi (FSRB), entre los cuales se encuentra el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), del cual Paraguay forma parte. La implementación de las recomendaciones es analizada rigurosamente por medio de los procesos de “Evaluación Mutua” llevados a cabo por el Gafi, por los grupos regionales, como Gafilat, e inclusive por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la base de la metodología de evaluación común aprobada por el Gafi. Durante 2016 se realizó un diagnóstico de la situación del país de cara a la evaluación. Asimismo, se llevó a cabo un examen de los riesgos de lavado de activos a los que el país se encuentra expuesto y una actualización del plan estratégico del Estado paraguayo para combatir estos delitos.

Resultado negativo por lucha ineficaz

El diagnóstico realizado, para el cual se utilizó la misma metodología que usan el Gafi y Gafilat para llevar a cabo sus evaluaciones, arrojó resultados negativos en cuanto al nivel de efectividad del sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que el Paraguay ha venido implementando.

Requerida la ministra cuáles son las principales deficiencias identificadas en dicha evaluación, respondió que están las ineficiencias en los tipos penales de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, que no se adecuan a las Convenciones de las Naciones Unidas ni a las Recomendaciones del Gafi (las números 3 y 5). Además, explicó, que otras de las deficiencia corresponde a la coordinación nacional y el intercambio de información entre las entidades públicas competentes que resultan insuficientes (recomendación 2).

Igualmente, citó la supervisión del sistema preventivo que no es realizada de acuerdo a las recomendaciones del Gafi ni en general a las buenas prácticas y estándares internacionales (recomendaciones 26, 27 y 28).

También se refirió a que la normativa de prevención no cumple con las exigencias internacionales respecto de implementar un enfoque basado en el riesgo (recomendaciones 1, 10, 12, 15, 18, 19, 22 y 23) y que no existe un sistema que permita identificar los verdaderos propietarios de las personas jurídicas, ni de quienes las controlan (por más que se considera un muy buen paso en el sentido correcto la eliminación de las acciones al portador), referidas en las recomendaciones 10 y 24, según aclaró la entrevistada. Otro de los aspectos a los que se refirió trata de la carencia de jurisdicciones especializadas en materia de investigación y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (recomendaciones 30 y 31). Agregó al respecto que la Seprelad no cuenta con los mínimos recursos necesarios para cumplir con sus funciones (recomendación 29), y tampoco existen medidas para combatir la proliferación de armas de destrucción masiva (recomendaciones 2 y 7).

Consecuencias para el país

Consultada la ministra secretaria ejecutiva de Seprelad sobre las consecuencias para el país de no pasar la evaluación, en el caso de que no se adopten medidas inmediatas que impliquen una reformulación integral del sistema, comentó que el Paraguay sería incluido en una lista gris del Gafi, de países no cooperantes a nivel internacional en la lucha contra estos delitos. Esta lista –acotó– se encuentra conformada por aquellas naciones que presentan serias deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y es actualizada cada cuatro meses por el Gafi, y se nutre de los resultados de evaluaciones realizadas por este organismo así como de entidades regionales como Gafilat.

Mala reputación internacional

De acuerdo con la segunda edición de la Guía de Referencia ALA/CFT, elaborada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, la mala reputación internacional en esta materia podría traer consigo consecuencias negativas para el sector financiero, el sector real y el sector público de los países involucrados. Según señaló, la incidencia en el sector financiero implicará que las instituciones financieras extranjeras podrían limitar transacciones con sus pares de países incorporados en listados del Gafi, o hacerlas más costosas al someterlas a mayor escrutinio. Inclusive, podrían terminar relaciones de corresponsalía o cerrar líneas de crédito.

En cuanto al sector real, las empresas legítimas que operan en un país con mala reputación internacional pueden ver reducido su acceso a los mercados internacionales, o a un costo más alto, por ser sometidas a más escrutinio con relación a sus titulares, su forma de organización y a los sistemas de control implementados para evitar ser utilizadas por criminales. La incidencia para el sector público de un país con mala reputación internacional pueden ver limitado el acceso a la cooperación internacional. Asimismo, Paraguay podría enfrentar una rebaja de calificación por parte de agencias crediticias, que podrían comprometer la capacidad de colocar deuda en los mercados internacionales.

Concluyó diciendo que afectaría gravemente al país ingresar a la lista gris, porque se vería reducida dramáticamente la credibilidad del sistema financiero y, en general, el sistema económico, perjudicando el clima de negocios, y resultaría en un franco desestímulo a la inversión extranjera directa, e incluso la actividad empresarial que nacionales paraguayos pretendan realizar en el exterior, ya que podrían ser considerados clientes o contrapartes de alto riesgo y, por ello, ser privados de oportunidades de negocios, o incluso sus cuentas en instituciones financieras extranjeras podrían ser cerradas.

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