Resolución N.° 19 972

Si miramos las acciones desarrolladas desde distintos ámbitos como respuesta a estos fenómenos de consumo de drogas asociados a delitos, es notoria la diferencia entre la magnitud de los hechos descriptos y las propuestas que se formulan como respuesta, ya sea desde el ámbito preventivo o directamente asistencial.

A nivel país podemos diferenciar las acciones del sector público y privado.

El sector público se caracteriza fundamentalmente por una notable descoordinación en los establecimientos asistenciales de los diferentes niveles de atención a los consumidores (hospitales, centros de salud, unidades de salud de la familia y otros). Por otra parte, el sector privado padece de una notoria precariedad de los dispositivos asistenciales, de los problemas asociados al consumo de drogas, así como poca capacidad de respuesta y cantidad de servicios; déficit en los tratamientos a los que se agrega la falta de control del Estado a estas comunidades terapéuticas o centros de tratamiento que se encuentran en diferentes zonas de nuestro país. Hemos visto en artículos anteriores los diferentes tipos de tratamientos disponibles para el problema del consumo de drogas.

A todas estas situaciones alarmantes debemos agregar diversas iniciativas de modificación del marco legal promovidas sin el debate necesario de las diferentes argumentaciones, ya sean a favor o en contra. Como ejemplo, la legalización de la marihuana o la regulación de su uso y la promoción del uso medicinal.

El cuestionamiento de la figura, tenencia para uso personal en la Ley N.° 1340 no apunta directamente al problema que esta sustancia genera como consecuencia de su comercialización y el uso recreativo de la misma. Es importante, sin duda, una revisión de las leyes, teniendo en cuenta la saturación que produce el estado actual al sistema penitenciario, cuando se encarcela a un joven por haber tenido más de 10 g de marihuana, que es lo permitido por la ley, convirtiendo de manera casi automática a un usuario de drogas, que puede ser o no dependiente a la misma, en un delincuente.

Dentro de toda esta situación, necesaria de ser tenida en cuenta por las autoridades para un adecuado proceso participativo de modificación y cambios, podemos destacar la Resolución 19 972 denominada Circuito de atención ante el consumo o presencia de drogas en instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, reciente documento promovido por el Ministerio de Educación y Cultura y elaborado con la participación de diferentes estamentos, como el Ministerio de Salud, Naciones Unidas, Senad y otras instituciones, en la cual se proponen opciones concretas en los espacios educativos. Por ejemplo, sospecha de consumo y venta de sustancias en las escuelas, hallazgo de drogas en las clases entre otros.

Esperamos que un proyecto tan bien pensado no sea solo un documento más que duerma en los archivos y que el 2017 sea un año de ejecución plena de las propuestas esbozadas.