CARAPEGUÁ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). Los distritos de Mbuyapey, Pirayú, Ybycuí y Yaguarón son los que más casos de abusos sexuales contra menores reportan, según el fiscal general adjunto de Paraguarí, Alfredo Ramos Manzur.

El abuso de menores preocupa a las autoridades judiciales y fiscales, ya que en la mayoría de los casos el victimario se encuentra en el entorno familiar. En muchos casos, las madres de las violentadas son cómplices de los depravados.

Desde setiembre de 2011 hasta los últimos días se tiene registrado un total de 15 casos. Los implicados fueron condenados a entre 12 y 15 años de penitenciaría, indicó el fiscal Ramos Manzur.

Refirió que en la mayoría de los hechos denunciados, el victimario es una persona cercana al menor, como padrastro, tío, abuelo, hermano, padre o vecino.

Remarcó que los jueces y fiscales terminan con el procedimiento hasta lograr la condena de los encausados. Sin embargo, a partir de ahí no hay un seguimiento con sicólogos o siquiatras a las víctimas.

En nuestro país hay numerosas instituciones que cuentan con recursos del Estado para trabajar en la prevención y capacitación de los niños para hacerles conocer sus derechos. Sin embargo, no se encargan de asistirlos, principalmente a aquellos cuyos derechos de llevar una vida digna fueron violentados, expresó el fiscal.

Ramos Manzur resaltó que las instituciones estatales y oenegés que trabajan en favor de los niños y jóvenes deben asistir a las víctimas. Enfatizó que deben actuar de oficio cuando algún depravado es denunciado.

También deben buscar la forma de tener un nexo con la fiscalía y autoridades judiciales para estar informados sobre las denuncias que afectan a menores de edad.

Uno de los casos más recientes fue el de una niña de 11 años de edad, del distrito de Pirayú. El padrastro de la menor, Juan Pablo Villalba (49), fue condenado el 4 de setiembre último a 14 años de penitenciaría por violar a la infante con la complicidad de la madre de la víctima, Rosana Ramírez.

Sobre la mujer pesa una orden de detención por falso testimonio, indicó el fiscal general adjunto, Alfredo Ramos Manzur.