CSJ estudia pedido de inhabilitación: ¿Funcionarios públicos votan o no?

La proximidad de los comicios para la elección de dos representantes del gremio de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura reaviva la eterna discusión sobre la participación de los letrados que se desempeñan como funcionarios públicos. Por un lado, representantes de gremios piden su exclusión del padrón y, por otro, un abogado reivindica el derecho de participar. La Corte define la polémica mañana.

El abogado Antonio Cuevas muestra los biblioratos de documentos cuestionados. Fue en el 2016.
El abogado Antonio Cuevas muestra los biblioratos de documentos cuestionados. Fue en el 2016.

La exclusión de los abogados que se encuentran en la función pública del padrón habilitante a ser elaborado para la elección fue requerida por el Colegio de Abogados del Paraguay, presidido por Rubén Galeano en la última reunión realizada entre gremios que nuclean a los profesionales del Derecho y los ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Destacan incompatibilidad

“Los funcionarios públicos con título de abogado no pueden ejercer la profesión. Son inhábiles. Y, como tales, no deben integrar el padrón para las futuras elecciones. Su incorporación, como en años anteriores, viola los artículos 254 y 262 de la Constitución”, señala la nota presentada por el Colegio de Abogados, cuyo reclamo es acompañado por los demás gremios que nuclean a los profesionales del Derecho y que también participaron en aquella reunión.

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La nota destaca que el ejercicio de la profesión de abogado es incompatible con la calidad de funcionario público. Dicha incompatibilidad está expresamente prevista en el artículo 97 del Código de Organización Judicial con relación al funcionario en situación de dependencia del Poder Judicial y en la Ley 296/94, artículo 3 numeral 2, del abogado que ocupa cargo público.

“La incompatibilidad alcanza al Ministerio Público (art. 91), a la Defensa Pública (art. 1 Ley 4423/14), al Superintendente de la Corte (art. 22 Ley 609/95) y a los funcionarios públicos en general (art. 60 incisos l y m de la Ley 1626/00). El sistema mantiene coherencia, incluso, en el anteproyecto de Código de Organización Judicial actualmente en estudio ante la Comisión de Reforma Judicial”, agrega la presentación.

“Somos unos 50.000 matriculados y se excluiría a entre 8 y 10.000”, explicó el doctor Rubén Galeano.

En las elecciones pasadas fueron habilitados a votar en los comicios 38.817 profesionales del derecho.

Oposición

De contramano a esta postura, el abogado Jorge Luis Bogarín Alfonso dio a conocer un comunicado a la opinión pública, a través del cual sostiene que privar a los funcionarios públicos del voto implica una vulneración a la libertad de elección y a los principios constitucionales de igualdad dispuestos en los artículos 46 y 47 de la Constitución Nacional.

“Negar a los abogados matriculados, funcionarios públicos, la participación en las elecciones, priva una aspiración legítima de elegir a personas que nos van a representar para seleccionar las ternas con calidad y acierto, de magistrados, agentes fiscales y defensores públicos; cargos a los que además pueden aspirar legítimamente”, sostiene Bogarín, quien es un funcionario de carrera diplomática.

Ministros pidieron tiempo y antecedentes

Ante el referido panorama, a pedido del ministro Alberto Martínez Simón, el pleno acordó estudiar ambas propuestas de manera a poder definir la cuestión en la sesión de mañana.

A su vez, el ministro Antonio Fretes solicitó los antecedentes de las decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia con relación a pedidos similares realizados anteriormente.

Hasta el momento, son precandidatos a pugnar por la representación de sus colegas ante el Consejo los abogados Claudio Bacchetta Chiriani –quien busca el “rekutú”–, Óscar Paciello, Alfredo Maggi, Jorge Bogarín Alfonso, Juan Sosa Bareiro y María Liliana Boccia.

Campaña

El principal cuestionamiento del gremio de abogados respecto a la participación de funcionarios públicos es que los fiscales, defensores, jueces y síndicos utilizan las elecciones como una actividad cuasipartidaria, para posicionarse en el sistema, bajo la pantalla de actividad gremialista.

Reclamos

Otra queja de los usuarios respecto a la participación de funcionarios públicos en este tipo de actividades –tanto durante la campaña como en el día de las elecciones propiamente dicho– es el tiempo que dedican a las mismas, en desmedro de la atención de los casos a su cargo, con la carga de mora judicial que ello implica.

Para la elección anterior, la Corte excluyó solo a algunos

Fiscales, defensores públicos y funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio de la Defensa Pública, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional fueron habilitados para votar para elegir al representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura en las elecciones anteriores, no así funcionarios judiciales y de la Justicia Electoral, según resolvió la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre del 2016, a través de tres resoluciones, la Corte Suprema de Justicia resolvió las peticiones de tachas y reclamos planteados por más de una decena de abogados, en las instancias previas a las votaciones para elegir a los representantes del gremio.

Firmaron las resoluciones los entonces ministros Alicia Pucheta, Raúl Torres Kirmser, Luis María Benítez Riera, Antonio Fretes y Miryam Peña.

Fiscales y defensores, sin obstáculos

A través de la resolución N° 6637, la Corte descartó inhabilitar a los abogados que se desempeñan como fiscales y defensores públicos, así como a los que ocupen cargos en la Fiscalía, en la Defensoría, en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, tal como peticionaron los candidatos en pugna en aquella oportunidad, Antonio Cuevas, Juan Prieto y el también el Colegio de Abogados del Paraguay.

La Corte argumentó que no existe normativa que excluya expresamente de la matrícula a los abogados que cumplen funciones en dichas instituciones públicas.

Magistrados y funcionarios judiciales, descartados

Asimismo, a través de la resolución N° 6638, la Corte excluyó en su totalidad a magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia Electoral, tal como solicitaron los entonces candidatos Adrián Salas Coronel, Juan Ramón Bueno Jara, Antonio Cuevas, Roberto Rojas González y Gerardo Benítez Steward. Dicha inhabilidad –argumentaron– está prevista en el artículo 97 del Código de Organización Judicial.

Nombres duplicados, una constante

Por otro lado, la resolución N° 6639 dispuso la exclusión del padrón electoral de cientos de nombres duplicados; a 24 personas por ejercer funciones notariales; a dos letrados por tener procesos; a una abogada por estar inhabilitada; a otros dos por no estar registrados como abogados y precisó que seis deben figurar una sola vez.

En la sesión anterior de la Corte Suprema de Justicia, precisamente el ministro de la sala constitucional Antonio Fretes solicitó a la secretaría general de la Corte recabar los antecedentes de las resoluciones adoptadas anteriormente, debido a que en cada elección se presentan los mismos requerimientos.

rferre@abc.com.py

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