Tras cambio legal: Urgen otras medidas para descomprimir las cárceles

Las modificaciones legales que permitieron que el artículo 245 del CPP vuelva a su redacción original y que la concesión o no de medidas alternativas o sustitutivas de prisión quede a criterio del juez según cada caso, es un gran paso para revertir la crisis carcelaria pero no debe ser el único, a criterio del abogado Marcio Battilana.

El hacinamiento es una de las consecuencias del abuso de la prisión preventiva y de la mora judicial.
El hacinamiento es una de las consecuencias del abuso de la prisión preventiva y de la mora judicial.

En el año 2016, a través del trabajo “Análisis de la prisión preventiva en la República del Paraguay. Análisis, conclusiones y recomendaciones”, Marcio Battilana ya apuntaba los graves problemas causados por la aplicación automática de la prisión preventiva únicamente en base a la calificación, a raíz de la vigencia de la ley 4.431/11, que modificó el artículo 245 del Código Procesal Penal, referente a las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva.

El estudio, realizado por Battilana en forma conjunta con los abogados Javier Contreras y Madeleine Ruiz Zárate para el Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED), cuestionó la imposición de prisión preventiva sin entrar a analizar los presupuestos legales de la imputación y de la existencia de elementos que determinen su necesidad.

El trabajo destacó que el 78% de la población penitenciaria de entonces carecía de condena y recordó que en el año 2013, el Paraguay era el segundo país de Latinoamérica con mayor cantidad de personas privadas de su libertad, a través de la prisión preventiva.

PUBLICIDAD

Análisis deficiente

“Las mencionadas malas prácticas procesales de parte de representantes del Ministerio Público y Magistrados del Poder Judicial, sumadas a la aplicación de la Ley 4431/11, generan casos de aplicación de medidas cautelares innecesarias, incluyendo la aplicación de medidas de prisión con fundamentos contrarios a los principios de presunción de inocencia y de la excepcionalidad de la misma, que debe dictarse solamente cuando resulte imprescindible para la realización de diligencias del juicio”, decía entonces el estudio en su parte conclusiva.

Pero entonces era como predicar en el desierto. Ahora, tras los disturbios carcelarios que dejaron 10 muertos y varios heridos y ante la imperiosa necesidad de paliar el hacinamiento existente, las autoridades recurrieron a medidas varias, entre ellas revertir la modificación de la redacción del artículo 245 del CPP.

PUBLICIDAD

“Celebro de que se haya dado a los jueces de vuelta la facultad de tener la verdadera decisión y análisis de caso por caso cuando corresponde una medida de prisión preventiva o una medida alternativa y sustitutiva de la prisión preventiva. Es un avance y una recuperación del estado de derecho y de todo el régimen republicano, darle a los jueces la verdadera potestad de decidir según las circunstancias porque cada caso es un caso particular. Ahora los jueces van a tener que justificar por qué mandan a prisión preventiva y por qué no mandan a prisión a alguien también, teniendo antecedentes y demás”, indicó Battilana.

Investigación fiscal

No obstante, el profesional advierte la necesidad de seguir avanzando y abarcar otros aspectos, como imprimir celeridad en las investigaciones fiscales, pues es práctica común entre los fiscales agotar los seis meses de plazo previsto para la investigación y hasta pedir prórroga, incluso en casos de flagrancia y en otros donde cuentan con todos elementos de juicio en poco tiempo.

“Procesan a alguien que fue detenido en flagrancia. Tenés vídeos, tenés testigos, el arma homicida y un montón de cuestiones, y algunos fiscales –no todos– piden seis meses, luego prórroga, se tarda en llegar a juicio y es todo un problema”, comentó.

Battilana resaltó que también es necesario buscar alternativas para descomprimir el calendario de juicios orales, actualmente saturado para lo que va del año.

Juicios abreviados

“Una cuestión que siempre sostuve que debe ser parte de la reforma es que el juicio abreviado es una figura que se debería ampliar no solamente teniendo en cuenta para los delitos, sino para tener en cuenta para ciertos tipos de crímenes también, para poder descomprimir un poco el sistema de juicios orales”, indicó.

“En países serios, con un sistema acusatorio real como Estados Unidos, el 95% de los casos llegan a lo que se llama una negociación de juicio, que es básicamente un juicio abreviado en términos nuestros, las penas pueden ir a 20 y 30 años también por el sistema federal y el 5% que queda y va a juicio, no todo termina en condena. El sistema está tan descomprimido que solamente lo que realmente vale la pena va a juicio y el resto se resuelve en juicio abreviado, con un solo juez. Pero allá las investigaciones se cierran con la acusación y cuando te acusan es porque tienen elementos de sobra. O sea que no se le procesa a alguien por procesarle simplemente”, acotó.

El desafío es lograr que únicamente estén en prisión los que tienen condena y en caso de que un procesado tenga que cumplir prisión preventiva, pueda estar en un lugar distinto al asignado a los condenados. A criterio del profesional, otros aspectos a ser revisados son aquellos vinculados a la ley de drogas y a la ley de violencia familiar, de manera a que se estudie cada caso.

rferre@abc.com.py

PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD