Depositario judicial

La semana pasada, un juez ordenó devolver una camioneta y una motocicleta robadas que usaba una banda de tortoleros para cometer sus golpes.

Depositario judicial
Depositario judicialCaló, ABC Color

La camioneta es, como mínimo, clonada, ya que le adulteraron el chasis y le pusieron la chapa de un vehículo legal y exactamente igual, pero que se quemó por completo en el año 2013 en un accidente fatal en Misiones.

La motocicleta, en tanto, tiene denuncia de robo en una ciudad brasileña situada a 650 kilómetros de Ciudad del Este, en el estado de Paraná. También le colocaron una matrícula que ni siquiera está registrada en el sistema informático.

La camioneta y la moto eran usadas habitualmente por el conocido tortolero Denis Marcelo Roa Fukuhara, alias Marcelito, buscado desde el 22 de marzo pasado cuando increíblemente escapó de Fiscalía de Luque.

Cuando se fugó, el maleante estaba bajo custodia de los mismos policías que lo habían arrestado un día antes en una espectacular persecución a tiros en dicha ciudad. En el operativo, los agentes encontraron en su poder una radio walkie de la comisaría de Villeta, unidad en la cual por lo visto tenía un policía cómplice.

Volviendo al punto de la devolución de los vehículos mau, la persona que iba a ser beneficiada por el juez, en carácter de depositario judicial, es precisamente la concubina de un policía que trabajaba en la comisaría de Villeta y que salió de prisión hace pocas semanas.

El agente estuvo encerrado, aunque ahora sigue con proceso abierto, tras ser señalado de haber entregado su radio walkie al tortolero Marcelito.

Por lo visto, la confianza era tal entre el tortolero y el policía que este último también usaba la camioneta y la moto ilegales y hasta se atrevía a esconder ambos vehículos en su casa de San Lorenzo, de donde de hecho habían sido recuperados hace seis meses en un allanamiento en el que se descubrió la protección que aparentemente le daba el agente al delincuente.

La incautación de la camioneta y la moto ilegales eran evidencias categóricas de una grosera complicidad del policía con el tortolero. Sin embargo, simplemente invocando la figura de depositario judicial el juez de la causa estuvo a punto de devolver los rodados al mismo grupo que los usaba para delinquir. Recién después de la publicación del caso el magistrado reculó y anuló su propio fallo.

La exposición detallada de este caso es simplemente a modo de ejemplo, ya que la cuestión de fondo aquí es analizar los alcances de la famosa medida de depositario judicial utilizada por cientos de autoridades, fiscales y jueces, para negociar con dinero la devolución de vehículos mau.

En la frontera, por ejemplo, es una práctica común. La Policía incauta un vehículo robado, queda retenido un tiempo, se enfrían las cosas y los fiscales o jueces “rematan” el rodado al mejor postor, a quien como garantía le entregan un escueto documento con su firma y sello, que automáticamente pasa a ser entonces igual o más poderoso que la propia cédula verde de un vehículo comprado legalmente.

Como nadie controla la adjudicación como depositario judicial, no solo de vehículos sino de cualquier otro bien, esta sigue siendo una de las principales modalidades de recaudación paralela con la cual despegan económicamente los fiscales y jueces. Lo peor de todo, es que es legal.

Por eso nunca salimos de la informalidad. Por eso seguimos siendo uno de los países más corruptos del mundo.

ileguizamon@abc.com.py