Las audiencias públicas se realizarán en el salón Comuneros de la Cámara de Diputados, a partir de las 08:30. Los candidatos son 24 y se presentarán cuatro por día. El jueves 20 no habrá audiencias, a pedido del ministro de la Corte Luis María Benítez Riera, en razón de que la fecha referida está prevista la elección de presidente de la Corte.
El proceso de selección del profesional que ocupará el lugar de la doctora Miryam Peña venía desarrollándose con total tranquilidad hasta la semana pasada.
El primer contratiempo se generó con los cuestionamientos a la decisión de realizar un examen de conocimientos generales y específicos, cuya ratificación derivó en la renuncia de siete postulantes.
Se trata de los camaristas Mario Maidana Griffith, Manuel Saifildin Stanley, Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez, José Agustín Fernández, los jueces Víctor Fretes Ferreira y Julio César Fernández Villalba, quienes habían firmado una nota mediante la cual cuestionaron la inclusión del examen y solicitaron al Consejo reformular el proceso de selección.
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Anteriormente, ya habían presentado sus renuncias el fiscal Ricardo Merlo Faella y la camarista Mirtha Beatriz González, quien posteriormente renunció a su cargo para acceder a un cargo diplomático.
El examen en cuestión, previsto para el miércoles pasado, fue una innovación del CM y tenía inicialmente previsto los siguientes ejes temáticos: la Constitución Nacional, la Ley 609 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”, la Ley 879 “Código de Organización Judicial y sus modificatorias”, Ley 2051 “De contrataciones públicas” y Ley 5098 “De Responsabilidad fiscal”.
El examen fue de carácter obligatorio, no eliminatorio y consistió en una evaluación objetiva de hasta 20 puntos. Tanto el Examen de Conocimientos y las Audiencias Públicas, forman parte de la etapa de evaluación de idoneidad, que deben sumarse a los puntajes de los criterios de méritos académicos, experiencia profesional de abogado, magistratura judicial, docencia universitaria en materias jurídicas, publicaciones, disertaciones.
En la sesión extraordinaria realizada el jueves último, el Consejo de la Magistratura rebatió argumentos respecto a la constitucionalidad del examen y se ratificó en su realización.
A modo de zanjar el conflicto, optaron por excluir del temario las cuestiones relacionadas a la Ley de Contrataciones Públicas.
En esa sesión, el órgano de selección estableció que a partir de ese día empezara a correr el plazo de cinco días hábiles (del 13 al 19 de febrero), a fin de que los postulantes disconformes con su puntaje puedan presentar eventuales reclamos.
Los postulantes que deseen presentar sus objeciones deberán hacerlo por escrito y de manera fundada, ante la Secretaría General del CM.
Escándalo
Llegado el día del examen, transmitido en directo como todas las sesiones y demás actividades realizadas por el CM, un escándalo enturbió el proceso.
Fue la breve conversación sostenida entre dos candidatos en pleno examen, ambos con sus respectiva hojas en la mano, situación que trasladada al ámbito escolar o universitario hubiera significado la descalificación de ambos sin mayores contemplaciones.
El video del momento que dejó al proceso de selección en la boca de todos se viralizó, multiplicando el bochorno de los candidatos “sorprendidos” y generando todo tipo de reacciones de la ciudadanía.
A pesar del escándalo, el único que no reaccionó fue el Consejo de la Magistratura, que resolvió diferir la decisión sobre el particular para el final del proceso. Por unanimidad, los consejeros alegaron razones formales para no aplicar medida alguna por ahora.
Polémica por innovaciones
En ocasión de presentar su renuncia a la postulación al cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia el camarista en lo penal José Agustín Fernández aclaró que su decisión se debió a su disconformidad con la innovación introducida por el Consejo, específicamente la inclusión del examen de conocimientos generales.
“(...) debo referir que la obligación de coherencia en mi actuar no me permite seguir en el proceso convocado para cubrir el cargo de ministro de la CSJ, en atención a que he suscripto una atenta nota en la que se señalan objeciones de carácter constitucional al proceso de selección (...)”, argumentó Fernández.
En la nota mediante la cual Fernández y otros diez candidatos cuestionaron el examen, los recurrentes pusieron en tela de juicio la constitucionalidad del mismo, así como otras razones de falta de necesidad y hasta que su implementación implicaría una discriminación, en atención a que los que se postularon anteriormente no lo hicieron.
Innecesario y discriminatorio
Los recurrentes sostienen que el examen es innecesario, pues el requisito de idoneidad ya lo tienen justificado con los documentos presentados para la postulación, los que acreditan méritos de grado y de post grado, experiencia profesional en el ejercicio de la profesión y en la magistratura, así como experiencia en la docencia, además de las disertaciones y publicaciones.
Asimismo, cuestionan que el reglamento no establece el procedimiento, la metodología ni los profesores –que sostienen, deben necesariamente ostentar el título máximo en Derecho– que se encargarán de la elaboración de las preguntas y calificarán académicamente las respuestas.
“No podemos dejar de mencionar que su elaboración refleja una falta de conocimiento para lograr el resultado pretendido pues, es incompleto; contiene leyes derogadas, no hace mención a decretos reglamentarios, entre otras deficiencias, lo que denota una desprolijidad totalmente desproporcionada en cuanto a la envergadura que constituye la elección de una autoridad máxima de un poder del Estado”, alegaron.
Ratificada la decisión de realizar el examen, la mayoría de los firmantes retiraron su candidatura a la máxima instancia judicial del país.
Involucrados niegan “copiatín”
Tras la polémica generada a raíz de la viralización del momento en que los abogados Óscar Rodríguez Kennedy y Rubén Darío Romero mantenían una conversación durante el examen de conocimientos generales, ambos involucrados aseguraron que no se trató del folclórico “copiatín”
Según Rodríguez Kennedy, él se dirigió a Romero con el único fin de solicitar que le preste un bolígrafo, que finalmente no lo necesitó.
“Le pedí que me prestara su bolígrafo que tiene de reserva porque el mío estaba fallando; nuestro diálogo duró un segundo. Si existía una mala intención el diálogo no iba a ser breve. Por eso tengo la conciencia tranquila. Niego categóricamente que en esa fracción de segundos se trató de alguna ‘ayuda’ en alguna respuesta para llenar los gabaritos”, expresó.
Romero, a su vez, dijo que durante el examen escuchó que alguien le llamaba y que se dio vuelta un instante para ver de quién se trataba.
“Yo estaba concentrado en mi examen cuando sentí que alguien me habló por detrás como dos veces. No pude escuchar lo que me dijo ni tampoco identificar a la persona que estaba detrás mío. Entonces me di la vuelta, pero no pude verlo”, expresó Romero.
CM debió anular exámenes
Más allá de que se pueda comprobar o no si hubo fraude, a criterio del doctor Rubén Galeano, docente y actual presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, ameritaba la nulidad de dichos exámenes.
“Desde todo punto de vista es lamentable. Ahora, el Consejo comunicó que va a tomar la decisión al momento de las evaluaciones, yo creo a título personal –sin entrar a hacer juicio de valor sobre la situación, si hubo o no una suerte de ayuda mutua entre los postulantes– yo creo que se debieron anular esos exámenes.
“Yo soy docente, la práctica es que las personas sorprendidas en esas circunstancias primero sean llamadas a la atención y si persisten, se les retira el examen y se asienta la circunstancia en el acta, esto es lo que se acostumbra en sede universitaria. La circunstancia tan delicada como esta de evaluación a candidatos a ministro de Corte debió servir para anular los exámenes”, acotó.
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