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La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción abrió formalmente la investigación penal por la supuesta coima que dicen que pagó Jair Antonio de Lima, dueño del Frigorífico Concepción, a los ministros Gustavo Leite (MIC) y Luis Gneiting (MAG).
Los fiscales del caso son Nelson Ruiz y Yolanda Portillo, y la adjunta es Alba Rocío Cantero. Indagan hechos punibles como cohecho pasivo (coima) y soborno.
La fiscala Cantero explicó en rueda de prensa que la apertura oficial de la investigación es “a fin de agotar todas las diligencias tendientes a confirmar o no el hecho, que para nosotros sería presumiblemente cohecho”.
Cuando el caso saltó a la luz a raíz de declaraciones de Carlos Trapani, expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Fiscalía había realizado diligencias sin abrir formalmente la causa. Sin embargo, luego se logró que Trapani ratificara los dichos en sede fiscal. Además, se tuvo la declaración testifical del expresidente de Senacsa Hugo Idoyaga, que coincidía con Trapani.
Por estos testimonios concordantes, los fiscales Ruiz y Portillo decidieron librar varios oficios a fin de recabar movimientos bancarios tanto de Jair de Lima, como de su Frigorífico Concepción y de los denunciados, Leite y Emilio “Tiky” Cubas Gusinky, quien es sindicado como el “intermediario” de la transada.
Jair niega y no es aún convocado
El dueño de Frigorífico Concepción, Jair Antonio de Lima, negó desde un principio que haya pagado coima para levantar la restricción de exportar carne, lo que generó una crisis por los millones de dólares que perdió.
Los fiscales Nelson Ruiz y Yolanda Portillo todavía analizan en qué carácter –indagatoria o testifical– convocarán a Jair.
Esto es así porque si bien sería autor del pago de un soborno, podría admitir el hecho por un “estado de necesidad justificante”, debido a que su negocio iba a pique si persistía el bloqueo a exportar carne. El empresario, bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar, se puso a disposición de Fiscalía mediante un escrito en el que volvió a negar el “ofrecimiento o pago” de dinero a alguna autoridad.
En el mismo documento detalló la suma que pagó en concepto de la multa que le aplicó el Ministerio de Industria y Comercio por la importación ilegal de carne brasileña. Al respecto, indicó que hizo una entrega inicial al citado ministerio de G. 1.651.708.974, que a la conversión en dólares alcanza US$ 290.000, monto que casi coincide con la coima investigada.
A su vez, precisó en esa nota que la multa total que le aplicaron es de G. 16.517 millones (casi US$ 3 millones).
Detrás de los movimientos
Los fiscales de la presunta coima están detrás de los movimientos bancarios de los implicados, para cerciorarse de los montos que manejaron en el periodo en que supuestamente Jair pagó el soborno.
En ese sentido, pidieron la circularización de cuentas de bancos y financieras a través del Banco Central del Paraguay (BCP), e informes de los registros telefónicos de todos los que estarían involucrados en el hecho, para un cruce de llamadas.
Los informes bancarios solicitados son los de Jair Antonio de Lima y el Frigorífico Concepción; además del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, y del supuesto intermediario Emilio Cubas.
Abogado declarará como testigo
Los fiscales Nelson Ruiz y Yolanda Portillo convocaron a declarar al abogado Pedro Ovelar, representante del empresario brasileño Jair Antonio de Lima, propietario de Frigorífico Concepción.
El profesional debe presentarse esta mañana, a las 9:00, en carácter de testigo.
Ovelar es citado por todos los testigos como la persona que reportaba a Jair sobre el pedido de US$ 500.000 por parte de Leite y el presunto “adelanto” de US$ 300.000 abonado a Emilio Cubas Gusinky.
El caso de contrabando
El caso de presunto contrabando del Frigorífico Concepción se remonta al pasado 2 de mayo, a las 23:00, en el puesto de control policial Nº 8, de Concepción, kilómetro 4 ruta General Rafael Franco, cuando agentes policiales del Departamento de Lucha contra el Abigeato verificaron seis vehículos refrigerados.
Los conductores, al ser requeridos sobre el producto que transportaban, dijeron que era carne de procedencia brasilera perteneciente al Frigorífico Concepción y exhibieron documentos de supuestos despachos aduaneros de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, sin sello ni firma de los encargados de dicha oficina aduanera ni de Senacsa.
El caso desencadenó en imputaciones de varios funcionarios y en la restricción de exportación que fue levantada con una fuerte multa (casi US$ 3 millones).
Testimonios sobre el soborno
El expresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y del Senacsa, Carlos Trapani, fue el primero que declaró ante el fiscal Nelson Ruiz por el caso de la supuesta coima. Ratificó lo que contó a medios de comunicación.
Este había dicho que Hugo Idoyaga, extitular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), estaba al tanto del supuesto pedido de coima, ya que el propio Jair Antonio de Lima le había confesado que recibió el pedido de coima.
La restricción al Frigorífico Concepción fue levantada días antes de que se destape el escándalo, después de que Jair diera a un intermediario (Emilio “Tiky” Cubas) a finales de mayo último un adelanto de US$ 300.000, según el testimonio de Trapani en sede fiscal.
Trapani, a su vez, contó esto al presidente de la República, Horacio Cartes, pero nada hizo.
También fue citado a declarar en el Ministerio Público Hugo Idoyaga, quien certificó lo que dijo Trapani. Agregó que para Jair era una cuestión “de vida o muerte (comercialmente hablando)”.
Según el fiscal Ruiz, el extitular de Senacsa fue preguntado si se llegó o no a concretar el pago, pero relató lo que escuchó durante una reunión que mantuvo con Jair.
Supuestamente, éste llamó a un abogado de nombre Pedro y esa persona señalaba que el pedido era por un total de US$ 500.000 y que ya había entregado US$ 300.000 a una tercera persona que fungía de intermediario, que sería Emilio Cubas Gusinky.
Justamente Cubas fue citado por el senador colorado Juan Carlos Galaverna, quien también habló sobre la coima y dijo que “Tiky” hizo de intermediario. “Calé” no fue citado como testigo todavía.
En menor medida, estas versiones fueron corroboradas por otro ganadero, Fernando Serrati. El mismo dijo a medios de prensa que Jair le confesó que tuvo que “arreglar” con un intermediario del ministro de Industria, Gustavo Leite (citó a Emilio “Tiky” Cubas), para que le levanten la prohibición de exportar.
Serrati, de momento, tampoco fue citado a declarar pero adelantó que si los fiscales le llaman comparecerá y se ratificará en todo.
Por su parte, Jair de Lima tras saltar la versión, salió a negar en rueda de prensa haber pagado sobornos para “liberar” su frigorífico. También presentó un escrito donde se ratificó en que no pagó dinero alguno sino una multa.
Leite rechazó solicitud de dinero
El ministro de Industria, Gustavo Leite, negó el supuesto pedido y cobro de coima al dueño del Frigorífico Concepción para levantar las sanciones que pesaban contra la empresa. Cuando saltó el escándalo, estaba en Taiwán en una misión oficial.
“Jamás recibí ni pedí dinero a cambio de alguna gestión en el tema de Frigorífico Concepción. En todo momento trabajé en línea directa con mi superioridad. No estuvo nunca a cargo mío ni suspender ni reactivar la actividad del frigorífico”, indicó en su descargo el ministro.
Según la denuncia de Carlos Trapani, Leite pedía una “coima” de US$ 500.000 y el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Gneiting, US$ 100.000.
Gneiting también negó estar involucrado en el pedido y adelantó de que accionará judicialmente por el daño a su nombre y su familia. “Que se preparen si no pueden demostrar”.
A su vez Emilio “Tiky” Cubas negó haber sido intermediario en las negociaciones de la coima, y mediante un escrito, se puso a disposición del Ministerio Público.
Además, Jair Antonio de Lima, dueño del Frigorífico Concepción, aseguró que no pagó coima alguna a los implicados.
Jair asegura que lo que hizo fue paga parte de la multa que le fue impuesta por el Ministerio de Industria y Comercio.
El Frigorífico Concepción fue sancionado con una multa de G. 16.500.000.000 que el empresario pagará en 10 cuotas de G. 1.650.000.000 por haber importado miles de toneladas de carne desde Brasil sin permiso. Tras el levantamiento de la sanción puede exportar carne, pero no puede importar por el plazo de un año.
griselda@abc.com.py