Infelizmente, sobre todo en América, los avatares de la política interna provocaron la denegación de algún pedido y socavaron la amistad entre los gobiernos llegando a principios lamentables como la Guerra de la Triple Alianza, en la que se desconocieron principios cardinales del Derecho Internacional como la libre navegación de los ríos, el libre tránsito de las tropas paraguayas por territorio de las provincias Argentinas y, aún cuando el entonces General López había cumplido exitosamente con su misión fraterna para concluir con la conflagración civil en la Confederación del país vecino, ello no obstó para que la hecatombe se precipitara.
Por ello, en vista de la suspicacia de algunos rechazos el principio cardinal de la reciprocidad que alumbraba el Derecho Internacional se creyó necesario instrumentar algunos aspectos de las peticiones entre algunos países y sus gobiernos y se estimó útil incluir la regla en la propia Constitución Nacional en algunos casos, o suscribir tratados bilaterales en algunas materias.
La delincuencia creciente incluyó en su listado nefasto dentro ya de los límites del pasado Siglo XX una nueva infracción de particular gravedad por su singular característica de alto movimiento económico que quebrantaba la moral de funcionarios públicos, jueces y diplomáticos para establecer como duramente obligatoria la conducta que anteriormente había servido para sustentar la colaboración entre las naciones y sus gobernantes.
En esta materia y a pesar que todavía no nos afligía el flagelo, los sucesivos gobiernos de nuestro país firmaron varios Acuerdos Binacionales y Multinacionales en los que se contemplaba la obligación de acceder a la entrega de los delincuentes que habían afectado con su conducta ilegal el orden de algún país para luego escapar a la acción de la justicia mediante refugio en el territorio de otra nación a la cual se formulaba la petición de entrega que, por imperio de los Acuerdos se habían vuelto obligatoria. La palabra empeñada en el Convenio forzaba al cumplimiento de la palabra empeñada a la que no se debía faltar.
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Los países productores de la materia prima destinada a fabricar drogas peligrosas encontraron grande mercado en los Estados Unidos de América donde su importante población y la lamentable difusión del vicio que representaba el consumo que hacían acrecer la demanda, aumentar el precio convirtiéndola entonces en el destino más apetecible para los productores traficantes.
El Gobierno americano trató de repeler con toda fuerza el fenómeno delictuoso con la promulgación de leyes que castigaban con fuertes penas a los traficantes y suscribió tratados con numerosos países, inclusive con el nuestro, para obtener la extradición de cuantos desde los diversos lugares productores introducían las drogas en el territorio de América del Norte.
Este último aspecto de la política provocó, naturalmente, la preocupación de los delincuentes quienes buscaron, a veces con gran costo, que los países que carecían de acuerdos bilaterales de extradición con los Estados Unidos no los firmaran y ejercitaban toda su fuerza terrorífica para evitar la posibilidad de ser remitidos a los Estados Unidos donde las penas eran harto mayores y su poderío económico no resultaba bastante para quebrantar la acción de autoridades del ejecutivo y menos aún de las judiciales.
En este momento en nuestra ciudad Capital, “el boom” comercial de los CD y la intensa propaganda con respecto a la próxima exhibición por un canal de la T.V. está popularizando un material elaborado, en parte por ficción en parte por realidad sobre la vida del conocido “narco” colombiano Pablo Escobar Gaviria (a) “El patrón del mal”, en su época, el mayor fabricante y comerciante de cocaína con destino de su país a los Estados Unidos, que lo reclamaban sin éxito por cuanto no existía tratado de extradición entre los países comprometidos por el accionar de este delincuente, jefe de un verdadero ejército particular con el cual trataba de intimidar a cuantos postulaban la suscripción de un Acuerdo Bilateral que hiciera posible la entrega de este peligroso personaje.
Con esta fuerza paralela, Escobar eliminó a cuantos pretendían reprimirlo o postulaban desde sus cargos o posiciones políticas la suscripción del Tratado Bilateral que hiciera posible su entrega a las autoridades “yanquis”. No trepidó en eliminar mediante sendos atentados al director de un periódico cuyo local hizo volar con explosivos, al ministro de Justicia Lara Bonilla, a un coronel comandante de las Fuerzas Antinarcóticas, al candidato a la Presidencia Dr. Galán en un acto multitudinario de cierre de su campaña electoral y a muchos otros personajes, tanto de la política como de hampa de Colombia.
En algún momento hubo un juez valeroso que lo condenó a pena de penitenciaría, cuyos efectos fueron disminuidos mediante un Pacto con el gobierno que le permitió edificar SU PROPIA CARCEL para sí y un grupo de secuaces, a todo lujo, con su propia guardia, lo que permitió que por su propia decisión, quebrantara el acuerdo protagonizando una espectacular fuga.
La película del caso fue muy difundida en nuestro medio, y encontró un legislador que postulara una ley que impediría la extradición de los ciudadanos paraguayos otorgando cobertura a narcos brasileros NATURALIZADOS PARAGUAYOS, que estaban siendo requeridos por el Brasil con el cual tenemos suscripto Tratado de Extradición, si bien la misma veda la entrega de los ciudadanos paraguayos al Brasil sin distinción de naturales o naturalizados.
El tratamiento de este proyecto tuvo características similares a la de la película, toda vez que algunos legisladores hicieron saber que se les ofrecían gruesas cantidades en dólares, como precio de su voto a favor de la ley cuyo autor, conviene acotar, había sido abogado de algunos narcos de actividad notoria, sometidos a la acción de nuestra justicia y reclamados por la del Brasil. Como si todo esto fuera poco, los legisladores contratados se negaron a revelar, POR TEMOR, quiénes eran los que habían intentado la “maniobra” económica de los votos.
Felizmente, en una reacción que habla bien elocuentemente del valor paraguayo de la legislatura, el proyecto presentado fue rechazado por aplastante mayoría y remitido al archivo, pese a la opinión contraria de dos o tres representantes opositores con la curiosa salvedad que “aún” cuando aprobaban la propuesta votaban contra ella, por razones inteligibles.
Con este resultado, al igual que Colombia ganó tranquilidad con la muerte de “El patrón del mal”, nuestro país está evitando evidentes peligros en este marco delictual con la muerte del proyecto y todas sus consecuencias en el ámbito de la corrupción de personajes de nuestra política.