Caseros de oro

El principal argumento planteado por la defensa para obtener la suspensión condicional del procedimiento fue que el perjuicio, además de ser reducido –solo G. 30 millones–, ya había sido reintegrado mediante depósito realizado por Ibáñez a cuenta de la Cámara de Diputados, en diciembre último y, por lo tanto, reparado. El criterio de la defensa, que claro está se le paga para buscar la salida más beneficiosa para sus clientes, fue avalado sin cuestionamiento alguno por la fiscala Victoria Acuña y aprobado sin más trámite por el juez Julián López.

Si bien es cierto que el monto del perjuicio no es multimillonario, la gravedad del hecho punible no radica precisamente en el perjuicio propiamente dicho, sino, por un lado, en la miserable maniobra utilizada para esquilmar a las arcas del Estado y, por otro lado, por haber sido realizada por nada menos que por un parlamentario, representante del pueblo. El contubernio orquestado para hacer figurar a sus caseros como supuestos funcionarios de la Cámara de Diputados, fraguar su supuesta asistencia mediante la firma de las planillas correspondientes y hasta involucrar al personal para sostener la farsa es lo grave acá, más a allá del monto del perjuicio.

La acusación incluyó también a la esposa de Ibáñez, la exmodelo Lorena Plabst, porque depositó en su cuenta particular los cheques expedidos en concepto de salarios a dichas personas. Específicamente, la acusación que en un principio pidió juicio oral para todos describe las siguientes conductas:

- José María Ibáñez: “En calidad de diputado nacional peticionó la contratación de los sres. Favio Gómez, Viviana Falcón y Ever Falcón para prestar sus servicios en la Cámara de Diputados y en razón a ello estas personas fueron contratadas desde el mes de agosto del 2013 para prestar servicios en carácter de auxiliar administrativo, trabajo que no ha sido realizado. Asimismo, el sr. José María Ibáñez ha certificado documentos a través de los cuales se confirman las asistencias de las personas nombradas quienes supuestamente estaban a su cargo. Sin embargo, se ha corroborado que las mismas trabajaban como caseros en su casa quinta”.

Artículo 187, inc. 1, en concordancia con el art. 1 y 2, art. 313 en concordancia con art. 31 y art. 257 en conc. con art. 29, inc. c, del CP.

-Favio Ernán Gómez, Viviana Falcón Valenzuela y Ever Isaac Falcón: “Firmaron un contrato de prestación de servicios con el representante de la Cámara de Diputados el 12 de agosto del 2013 y firmaron planilla de ingreso de asistencia de entrada y salida, logrando que la Cámara de Diputados disponga de su patrimonio y pague en concepto de salario en los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2013 la suma mensual de G. 2.500.000 cada uno sin que exista contraprestación alguna en concepto de servicios por parte de los mismos, causando un perjuicio patrimonial al estado paraguayo de G. 30.000.000”.

Art. 258 en concordancia con el art. 29, el art. 313 en conc. con el art. 31 y el 292 del CP.

-María Liz Gutiérrez Ávalos, jefa de gabinete de Ibáñez: “Encargada del control de asistencia de los funcionarios Favio Gómez, Viviana Falcón y Ever Falcón, certificó las planillas de registro de asistencia de los citados, ayudando a que la cámara de diputados pague sus salarios a los mismos”. Art. 258 en conc. con el art. 29, art. 313 en conc. con el art. 31 y el 292 del CP.

-Lorena del Pilar Plabst de Ibáñez: “ Había depositado el cheque BNF en su cuenta particular de Banco Itaú, que correspondía al salario del sr. Favio Gómez, el monto de dicho cheque asciende a la suma de G. 2.272.727.

El 3 de octubre del 2013, realizó un depósito de G. 4.772.727 a través del cheque BNF y también la suma de G. 2.772.727 correspondiente al salario de Viviana Falcón y el cheque BNF por la suma de G. 2.500.000 correspondiente al salario del señor Ever Falcón, que ha sido depositado el 19 de setiembre del 2013 en la cuenta corriente perteneciente al esposo de la sra. Lorena, el diputado José María Ibáñez”.

Art. 187 inc. 1, en concordancia con el art. 31 del CP.

Sorprendidos en su descarada maniobra, los involucrados plantearon suspensión condicional del procedimiento a cambio de la reparación del daño mediante la devolución del dinero desviado –G. 30 millones, depositado en cuenta de Diputados en diciembre pasado– y donaciones a entidades de beneficencia. Tanto la fiscala Victoria Acuña como el juez Julián López aceptaron la propuesta de buenas a primeras, sin ni siquiera plantearse la posibilidad de una condena mediante procedimiento abreviado, para que no salga tan “gratis” robar al Estado.

La resolución llamó la atención no solo por su tibieza, sino por haber sido dictada por López en una situación de interinazgo, puesto que el juez natural del caso es Miguel Tadeo Fernández, actualmente de vacaciones.

Estado, ausente

Para favorecer al diputado José María Ibáñez, ni el juez Julián López ni la fiscala Victoria Acuña dieron participación a la Procuraduría General del Estado para representar a la víctima, tal como se hizo en el caso del “mécanico de oro” Miguel A. Carballo. El procurador adjunto Pablo Rojas se enteró de la decisión a través de ABC.

Trámite ignorado

El juez Julián López tenía la potestad de rechazar la petición de la defensa y de la Fiscalía mediante el trámite de oposición. El primer paso debía consistir en plantear al fiscal –en este caso Victoria Acuña– que se ratifique o se rectifique. En el primer caso, tendría aún la posibilidad de enviar el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se pronuncie.

En un caso similar, hubo condena

En un caso similar ocurrido en el 2014, el juez penal de garantías Gustavo Amarilla condenó a Perla Paredes Acosta a dos años de prisión por cobro indebido de honorarios producción indebida de certificados sobre méritos y servicios y uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de autora y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso en carácter de instigadora, por la vía del procedimiento abreviado.

A cambio de la suspensión de la condena, para no ir a prisión, la hija de la diputada colorada Perla Acosta tuvo que devolver el monto percibido en forma ilegal, prestar servicios como médica en forma gratuita en Clínicas y donar G. 2 millones mensuales a entidades de beneficencia durante dos años.

Específicamente, el juzgado determinó que el monto que Perlita debe regresar al Estado es G. 376.362.253, suma que cobró de manera indebida a la Itaipú, la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Diputados. Amarilla estableció que la devolución se concrete de la siguiente manera: el 50% (G. 188.181.126) debe ser entregado en un plazo máximo de 72 horas y la suma restante, abonada en 48 cuotas.

El fallo dispone, además, que Perlita deberá prestar servicios médicos en Clínicas, durante cuatro horas semanales, de manera gratuita, durante dos años.

Paredes percibía cinco salarios de forma irregular: de Itaipú Binacional, de la Cámara de Diputados, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Paga y listo

Según la resolución del juez Julián López, José Ibáñez y su esposa deberán donar un generador eléctrico de marca Hyundai con potencia de 117 KVA, al leprocomio Santa Isabel, ubicada en Sapucai, Paraguarí, por valor de G. 117.791.278. Una vez cumplida dicha obligación, se extinguirá la acción.

1 año para pagar

los caseros Favio Gómez, Viviana Falcón Valenzuela y Ever Falcón y la funcionaria pública María Gutiérrez, igualmente beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, donarán G. 5 millones cada uno al Comité de Ayuda a los enfermos del Mal de Hansen, Reverendo Félix Ochoa, en 12 cuotas de 416.666 guaraníes.

Diputado dijo una cosa, casero otra

Desatado el escándalo de la utilización del dinero público para pagar a sus caseros, en declaraciones a distintos medios de prensa el diputado José María Ibáñez pretendió justificar su accionar con la siguiente explicación:

“Yo en ningún momento te mentí. Ellos son funcionarios nuestros en la Cámara, algunos de ellos viven en mi quinta. No son empleados míos, sino que viven en mi quinta, pero trabajan en la Cámara de Diputados. Dos están en el turno de la mañana y la señora en el turno de la tarde”.

“Cuando llegué a Diputados les conseguí un lugar para ellos, en el mes de agosto. Fue un acto de humanidad, de solidaridad con el ser humano, un acto de compromiso”, indicó en otro momento, tras asegurar que los tres no desempeñaban función alguna en su quinta de Areguá y que le facilitó su propiedad a modo de albergue.

Al revisar los antecedentes, nos encontramos con las declaraciones de uno de los caseros, que no solamente no sabía que figuraba como funcionario sino que aclaraba que jamás recibió la suma que figuraba como salario, sino mucho menos.

No cobró ni la mitad

Favio Gómez dijo a nuestro diario que no fue consultado por el parlamentario para incluirle, en la nómina de funcionarios de la Cámara Baja sin consultarle el hecho. Si bien figuraba con un salario de G. 2.500.000 cada uno, a él Ibáñez le prometió un salario de G. 1.200.000 y a su esposa, de tan sólo G. 500.000. La investigación realizada por nuestro diario reveló que además que Gómez Chamorro también aparece como “soldado” en el Ministerio de Defensa entre los años 2006 y 2007, según un documento del Ministerio de Hacienda. Además, en el 2012 figuraba en la Justicia Electoral como “auxiliar administrativo”, con un salario de 1 millón de guaraníes.

rferre@abc.com.py