El tribunal de sentencia integrado por Miguel Bernardez (presidente), Elsa García y Digno Arnaldo Fleitas, por unanimidad, aplicó la pena por el delito de lesión de confianza a Reinerio en grado de autoría e Ildefonso como cómplice.
Otros dos procesados, Rubén Cabañas Toledo y Osvaldo Cañete Grance, exempleados de la empresa Procard, admitieron los hechos y se sujetaron a una suspensión condicional para evadir el juzgamiento. El primero devolvió solo G. 220 millones y el segundo, G. 27 millones.
En el fallo del tribunal se especifica claramente cómo se llegó a tamaño perjuicio y la participación de los procesados:
“Con respecto a la existencia del hecho, este tribunal tuvo como probados los siguientes extremos: Entre los años 2004 y 2009 se crearon en la Cooperativa Santísimo Redentor tarjetas de créditos falsas o también llamadas fantasmas en un total de 131 (ciento treinta y un) tarjetas de crédito, siendo la gran mayoría de personas inexistentes (125) y el resto de personas existentes (6), pero que no han solicitado tarjeta alguna a la mencionada cooperativa y tampoco eran socios de la misma, utilizándose las mismas realizando compras, pagos y extrayendo efectivo de cajeros automáticos, generando un perjuicio patrimonial total de G. 1.345.488.177.
Haciendo el relato histórico de lo ocurrido, en el año 2003, la Cooperativa Santísimo Redentor firma un contrato con la empresa Procard SA para procesar datos de tarjetas Credicard emitidas por dicha cooperativa. El 19 de julio de 2004 fue designado en el Departamento de Tarjetas de Crédito el Sr. Rubén Darío Cabañas Toledo, quien a partir de ahí se encargó de dicho departamento, siendo el único funcionario autorizado que podía realizar todas las operaciones informáticas y comerciales con la empresa Procard SA, teniendo acceso a todas las opciones para realizarlas. Es así que a través de su password o contraseña E22RUBEN, ingresaba al sistema informático de Procard SA cargando todos los datos de personas exigidos para la creación de tarjetas de crédito como ser, nombres y apellidos, domicilios, números de cédula de identidad, teléfonos de personas inexistentes, así como también no socias de la cooperativa, con líneas de crédito elevadas e incluso superiores a las que la institución otorgaba generalmente a sus socios. Esta situación se daba en consideración a que el mismo funcionario Rubén Cabañas tenía todas las funciones y era el único que para la empresa Procard SA autorizaba absolutamente ‘todo’, resultando en extremo fácil la creación de las mencionadas tarjetas de crédito, siendo él quien recibía dichas tarjetas en sede de la sucursal 5 de la cooperativa.
Es importante recalcar que existían numerosos controles dentro de la institución cooperativa para que se otorguen tarjetas de crédito así como también determinada línea de crédito, como ser, en primer lugar ser socio, presentar la solicitud con fotocopia de cédula de identidad, corroborar los datos, llamar a las referencias, pedir el informe de Informconf, es decir un análisis exhaustivo del socio peticionante que podríamos llamar análisis de crédito, para luego remitir al gerente de Tarjetas de Crédito, quien al dar su visto bueno enviaba a la gerente general que luego de también dar su visto bueno pasaba al Consejo de Administración para que apruebe dicha solicitud con determinada línea, que una vez aprobada se remitía nuevamente al Departamento de Tarjetas de Crédito para realizar la creación (altas) de las tarjetas, y pedir la impresión de los plásticos a través del sistema Procard SA.
Todos estos pasos eran obviados por el gerente de Tarjetas de Crédito, Rubén Cabañas Toledo, siendo esta una situación particular en razón de no tener ningún mecanismo de control por parte de las autoridades de la cooperativa, lo que también se puede llamar ‘teniendo vía libre’. El señor Cabañas era quien remitía los nombres y los datos de las personas a la empresa Procard SA, así como también el monto de línea de crédito que se debía otorgar a cada persona, ordenaba imprimir los plásticos, siendo el mismo quien recibía las tarjetas en los llamados malotes o sobres, y procedía a la apertura de las mismas, teniendo prohibido cualquier funcionario de la institución cooperativa abrir cualquiera de ellos.
Todo esto fue descubierto por una funcionaria de la Cooperativa Santísimo Redentor llamada Adriana Ibarrola Castro en forma accidental, ya que por equivocación y ante el pedido de un cliente ingresó a una cuenta que le resultó bastante rara, llamándole la atención la línea de crédito que superaba lo que se le otorgaba comúnmente a los socios, así como también el pago mínimo que figuraba que era muy inferior a lo que correspondía para el monto de la deuda. A raíz de eso, la citada funcionaria se puso a investigar particularmente en su computadora para corroborar si existían otras tarjetas en esas situaciones irregulares, encontrando una cantidad de 113 tarjetas, lo que hizo que se preocupara e informara a la gerente general, Agustina Garcete, y al presidente del Consejo de Administración, Reinerio Zárate Ramírez, convocándose a una asamblea extraordinaria y realizándose la denuncia respectiva, para luego la Cooperativa Santísimo Redentor ser intervenida por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), siendo dicho instituto quien determinó la totalidad de tarjetas falsas o fantasmas creadas, así como también el perjuicio patrimonial causado a la entidad cooperativa”.
El cerebro, gerente de tarjetas
En otra parte de la sentencia, el colegiado sindica como cerebro a Rubén Cabañas Toledo. “Para este tribunal por unanimidad, esta persona fue el cerebro de toda esa maquinaria delictiva, y es una lástima que se haya otorgado prácticamente un premio a este ciudadano con la aplicación de un procedimiento abreviado con suspensión a prueba de la ejecución de la condena, pagando una suma ínfima con relación al daño causado y que en lo particular le hubiera correspondido, debiendo haber sido el primero en estar sentado en el lugar de los acusados en este juicio oral realizado”.
Participación de hermanos
En otra parte de la sentencia escrita, el tribunal de sentencia especifica la participación de los hermanos Reinerio e Ildefonso Zárate Ramírez, en el desfalco de G. 1.365 millones.
“El Sr. Reinerio Zárate Ramírez se desempeñaba como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Santísimo Redentor desde hacía más de 10 años en forma ininterrumpida, siendo el mismo, quien ha recomendado la contratación del Sr. Rubén Darío Cabañas Toledo en fecha 15 de julio del año 2004, siendo contratado 4 días después, el 19 de julio de 2004, 18 días antes de la emisión de la primera tarjeta de crédito falsa o fantasma, objeto de juzgamiento en el presente caso. Es así, que planificaron con el Sr. Rubén Cabañas y a idea de este, crear tarjetas falsas para procurarse dinero en efectivo y usarlas en beneficio propio, en detrimento de las arcas de la Cooperativa Santísimo Redentor, utilizando una estrategia hasta de repartición del trabajo, ya que Cabañas se encargaba de la realización íntegra de todo lo que tenía que ver con la parte informática de creación de las tarjetas hasta la recepción de las mismas, y el Sr. Reinerio Zárate se encargaba de controlar y manejar la situación desde el lugar en que se encontraba, es decir, la presidencia del Consejo de Administración, evitando realizar control alguno en el departamento de tarjetas de crédito durante el transcurso de tiempo que le cupo estar en el cargo, repartiéndose las tarjetas de crédito, para su utilización, así como también el efectivo producto de las mismas. Esta situación irregular duró casi 5 años, creándose en el año 2004, 4 tarjetas; en el 2005, 20 tarjetas; en el 2006, 16 tarjetas; en el 2007, 43 tarjetas; en el 2008; 37 tarjetas; y en el 2009, 11 tarjetas de crédito.
La confianza entre Rubén Cabañas Toledo y Reinerio Zárate era tal, que le presentó a su hermano Ildefonso y le contrató para que trabaje con ellos en una empresa que crearon de nombre Zur Card SA, que iba a ser una procesadora de tarjetas de crédito para la salud de nombre Asiscoop, la cual, si bien ya se estaban ofreciendo, no salieron al mercado justamente por descubrimiento de estos hechos aquí juzgados”.
Inclusive, dice el fallo que Zárate remitió una nota dirigida a la empresa Procard SA donde se solicitaba “canalizar a través del Sr. Rubén Darío Cabañas todas las actividades operativas y comerciales inherentes al departamento de tarjetas de crédito”, no siendo esta nota autorizada por el Consejo de Administración.
Las fiscalas Sarah Ramona Domínguez y Fátima Capurro pretendían una condena de 9 años y 6 meses de cárcel para Reinerio, y 6 años y 6 meses para Ildefonso, y la remisión inmediata a Tacumbú, hecho que no se logró debido a que se mantienen las medidas alternativas hasta que la sentencia condenatoria quede firme.
Culpan a gerente de tarjetas
Reinerio e Ildefonso Zárate Ramírez culparon del hecho al exgerente de tarjetas Rubén Darío Cabañas Toledo. Durante su declaración indagatoria, el expresidente de la cooperativa dijo que en 2004 llegó a Cabañas mediante referencias, porque trabajó en Procard.
“Él manejaba todo y hoy la fiscalía nos dice usted fue el autor, instigador y que él fue sometido a su voluntad durante cuatro años, eso no puede ser, cómo yo le voy a dirigir a una persona por cuatro años y le voy a enviar números de cédulas con cifras tan ilógicas, debería de tener más cerebro.
Tampoco en ningún momento la procesadora Procard dijo nada. ¿Cómo una procesadora tan importante no pudo darse cuenta que durante cuatro años había esta irregularidad?”.
El hoy condenado señaló en este punto que la firma recibía los datos de las personas con números ilógicos de cédulas de identidad (más de 6 millones de habitantes en esa época) y jamás se percató, lo que resultaba ilógico. Ildefonso también señaló a Cabañas como el responsable, y dijo que no se indagó a Procard como se debía.
Por su parte, Cabañas declaró en carácter de testigo en el juicio. Explicó que trabajó cinco años en Procard y luego fue contratado por la cooperativa. Sobre el hecho alegó en todo momento que fue “instigado” por los hermanos Zárate Ramírez, y dijo que era Ildefonso el que recibía las tarjetas y los pines. “De ahí en más ya desconozco, no sé qué hacia él después, si le daba a Reinerio, porque lo normal era hacer las solicitudes de crédito cumpliendo una serie de requisitos y enviar a Procard, pero yo tenía que respetar esas decisiones del presidente, incluso el señor Ildefonso Zarate dejó en una oportunidad en mi escritorio una lista, una de esas listas yo entregué como prueba”, indicó. Agregó que por orden de Ildefonso se habilitaba el monto de las tarjetas y explicó que todas las tarjetas falsas tenían el máximo de G. 10 millones.
Osvaldo Luis Cañete, también exempleado de Procard por 7 años, aclaró que esta empresa si bien hace el seguimiento de tarjetas, no puede saber si la persona existe o no ya que solo puede ver el listado de cuentas.
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