Escandaloso caso de los “maletines”, rumbo al oparei

La acusación correspondiente fue presentada el 5 de marzo de 2009 contra trece personas, para las que la fiscalía solicitó juicio oral y público por soborno, cuya expectativa de pena es de dos años o multa.

Enrique Ibarrola Aguilera (Salto del Guairá), Blas Pereira Rodi (Falcón), Carlos Villamayor (Pedro Juan Caballero), Arsenio Erico Giménez (Algesa), Édgar Serafini (Ciudad del Este), Carlos Sosa (Villeta), Miguel Robles (Chaco), Waldimir González (Sajonia), Julio Silva (Itá Enramada), Celso Cabrera (Encarnación), Víctor Mena (Santos), José Martínez (Km 10 Ciudad del Este) y Juan Pablo Esteche (Paranaguá) integran la nómina de acusados.

Una serie de recursos presentados por las defensas hizo que la audiencia preliminar solo pudiera realizarse en noviembre de 2010.

En la ocasión, a excepción de Mena y Esteche, quienes tras admitir los hechos solicitaron la suspensión condicional del procedimiento, los demás plantearon incidentes de nulidad de la grabación, de la acusación y sobreseimiento definitivo. Ante el resultado adverso a sus pretensiones, las defensas de los distintos acusados recurrieron a instancias superiores, sin éxito.
Juicio suspendido

El saturado calendario de juicios orales fijó el inicio del juicio para el 6 de junio pasado, ante el Tribunal de Sentencia integrado por Carlos Ortiz Barrios, Manuel Aguirre y Lici Sánchez. En la fecha indicada, la audiencia fue suspendida a raíz de un recurso presentado por el abogado Asdrúbal Lovera, quien solicitó intervención como defensor de José Martínez.

El presidente del Tribunal Carlos Ortiz Barrios –quien se inhibe de Lovera por amistad– rechazó la intervención del letrado, debido a que no se trata del primer acto procesal.

Lovera presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio, por lo que la cuestión fue derivada al Tribunal de Apelación, 1ª sala.

El fiscal Arnaldo Giuzzio expresó su preocupación por la situación, puesto que en agosto próximo la causa prescribe, por el transcurso del doble del plazo correspondiente a la sanción prevista por el delito acusado.

“La mafia en Puertos está empotrada desde hace años, y están involucrados desde el portonero hasta el más alto funcionario”, expresó Albino González, tras la denuncia en el año 2008.

De concluir este proceso en el folclórico oparei, sin condenados ni absueltos, la mafia a la que hizo referencia el entonces presidente tendrá un aliciente para continuar por muchos años más, sin sobresaltos.

Fiscal pide intervención del superintendente

El fiscal Arnaldo Giuzzio lamentó que el Poder Judicial no haya podido aún sortear los obstáculos para la realización del juicio oral correspondiente, de manera a poder sancionar el hecho punible acusado por la fiscalía. El fiscal anticorrupción solicitó la intervención tanto de la Superintendencia de Justicia como de la Dirección de Auditoría de Gestión, para evitar la impunidad y sancionar a los responsables de la dilación de este y otros casos de corrupción pública.

“Estamos llegando a un punto en que dos casos muy importantes de corrupción pública pueden llegar a quedar impunes por deficiencias dentro del mismo sistema avalados en algunos casos, lamentablemente, por algunos magistrados. (...) Es momento de que la Corte tome cartas en el asunto, es lo mismo que un padre de familia. Si el padre, la cabeza de la casa no pone orden, la familia se desintegra y es lo que está ocurriendo. Cada parte hace lo que quiere, lo que se le da en gana hacer dentro un proceso y para eso tenemos la ley. Entonces, sí hay que llegar al momento de que al incumplimiento de norma administrativa se le imponga la sanción tanto a los fiscales como a los abogados”.

Asimismo, Giuzzio expresó su indignación ante la gestión realizada por los exportuarios Víctor Hugo Mena y Juan Pablo Esteche, exadministradores del puerto de Santos y Paranaguá, Brasil, respectivamente, con vistas a su reincorporación a la Administración Nacional de Navegación y Puertos y recuperar el dinero que entregaron, en concepto de soborno.

Ambos integran el grupo de trece portuarios acusados por soborno, pero a diferencia de los once que ahora esperan juicio oral y público, fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, tras la admisión del hecho punible acusado.

“Son los que aparecieron en los medios de comunicación, más alevosamente solicitando, negociando, contando el mecanismo de soborno en puertos y estos son los que hoy quieren reincorporarse si es que ya no lo están y quieren recuperar el dinero que habían entregado como soborno”, al referirse a los exfuncionarios.

“Hay que adelantar que en una administración decente, que justamente intenta luchar contra la corrupción, eso no podría darse. Un funcionario que acepta el hecho, que aceptó haber sobornado al entonces presidente no puede seguir siendo funcionario de cualquier institución pública, no solamente de puertos y menos intentar recuperar, fíjense hasta qué punto podemos llegar, recuperar el monto que había entregado en concepto de soborno. Eso es ya el acabose, con esto se demuestra que la capacidad de asombro no tiene límites”, expresó el agente fiscal.

Giuzzio explicó que la Ley de la Función Pública obliga a suspender a cualquier funcionario por el solo hecho de ser procesado, por lo que más grave aún es la situación de aquel que admite su responsabilidad en la comisión de un hecho punible y cumple medidas por ello.

Legalidad de video, objetada

Una estrategia común a varios portuarios procesados por este caso fue la de atacar la legalidad del video obtenido mediante la cámara oculta, prueba “clave” del Ministerio Público.

Uno de los recursos fue presentado por el abogado Lidio Franco, defensor del exadministrador de Salto del Guairá, Enrique Ibarrola, quien pretendió anular el video realizado con cámara oculta de la visita realizada por su cliente al presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), Albino González, en la cual Ibarrola entrega G. 500.000 a González.

El defensor alegó que la prueba mencionada fue obtenida en violación al debido proceso, y en ese sentido alega que la Constitución Nacional, en su Artículo 36, prohíbe la filmación.

“En cuanto al medio técnico utilizado por el investigador para conocer el contenido de una conversación, vemos que la norma citada autoriza la utilización de cualquier medio técnico o tecnológico actualmente vigente que sea idóneo para conocer el contenido de una conversación mediante su registración a través de un soporte técnico; de aquí a pretender que la videograbación no esté facultada por la ley es una verdadera perogrullada y no admite más disquisiciones”, refiere el Tribunal de Apelación, 1ª sala, al ratificar el rechazo de su petición.

CÁMARA OCULTA CAPTÓ ENTREGAS MILLONARIAS

El 24 de agosto de 2008, el entonces presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Albino González, denunció que antes mismo de subir al cargo recibió visitas, llamadas y mensajes de administradores que le sugerían “seguir con el mismo sistema de recaudación”.

Ni bien asumió el cargo, González hizo saber a la Fiscalía de Delitos Económicos de la situación y a partir de allí se montó un operativo para tender la celada a los funcionarios.

Instalada la cámara oculta en la propia oficina de la presidencia, la fiscalía captó los distintos portuarios que se presentaban ante González en diferentes días, para realizar su “aporte”.

En total, trece portuarios fueron filmados en los días 25 de agosto, 1 y 3 de setiembre del año 2008 cuando realizaban entregas, por distintos montos en guaraníes y en dólares, al titular de ANNP, Albino González.

En total, González recibió G. 32.500.000 y US$ 10.400.

De acuerdo con la denuncia presentada por González, el objetivo de los portuarios era mantener el “esquema” de recaudación paralela, que se implementó en administraciones anteriores. Según los datos, los portuarios recibían dinero de comerciantes para agilizar las gestiones portuarias.

El 15 de noviembre de 2010, el juez de garantías Hugo Sosa Pasmor dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público, resolución que fue objeto de recursos varios presentados por las partes que dilataron la causa.

El juicio oral y público fijado para el 6 de junio pasado por el Tribunal integrado por Carlos Ortiz Barrios, Manuel Aguirre y Lici Sánchez, quedó suspendido por tiempo indefinido, a la espera de que la Cámara de Apelación resuelva un recurso presentado por la defensa. Integran la Cámara Carlos Bray, Anselmo Aveiro y Miguel Said.