Fiscalía pide segundo juicio oral a Filizzola por perjuicio al Estado

El 15 de octubre de 2010, Rafael Filizzola Serra en su carácter de ministro del Interior, por Resolución N° 449/10, aprobó el llamado a la Licitación Pública Nacional N° 29/101, para la construcción de baños sociales y 24 celdas en las comisarías del área metropolitana, sin que exista una necesidad, un pedido de los responsables de las áreas afectadas y un estudio técnico previo, que avalen la construcción de las mismas.

Esta situación irregular fue evidenciada por la fiscala designada para la obra, la arquitecta Carmen Romero, quien el 31 de enero de 2010 informó a la Dirección General del Gabinete, que luego de haber realizado un relevamiento in situ de cada comisaría afectada al proyecto, detectó otras necesidades básicas de adecuación y de suma importancia. La profesional recomendó un corte de los trabajos iniciados por la empresa contratista, en atención a las falencias en la planilla establecida en el pliego, como por ejemplo, el material solicitado para la construcción de las celdas (techo cerámico), inadecuado por la seguridad. Por ello, fue necesaria la modificación del tipo de techo por una construcción de cobertura de hormigón armado.

La arquitecta señaló que para la elaboración del siguiente llamado, deberían tenerse en cuenta las necesidades reales en cada comisaría.

Aprobación de pliego

Igualmente, Filizzola aprobó el Pliego de Bases y Condiciones en el cual se establece como plazo de ejecución de las obras de entre 60 y 90 días y dispuso que el pago sea efectuado en su totalidad con fondos del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2010, a pesar de tener conocimiento de que las obras no serían recepcionadas para el último día hábil del periodo fiscal 2010.

El 27 de octubre de 2010 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, se dirigió a la Lic. Andrea Adle, directora de UOC del Ministerio del Interior, a fin de informarle que el llamado ya había sido incorporado al Portal de Contrataciones Públicas. Sin embargo realizaban entre otros puntos las siguientes observaciones: 7)… ” El plazo de ejecución será de 60 días, ¿cómo harán para obligar al 31 de 12 de 2010, si las obras no estarán concluidas?

¿Cómo pagarán con el presupuesto 2010, atendiendo además que el PAC no contempla la plurianualidad? ¿Si los plazos para ejecución de la obra superaren el presente ejercicio fiscal, no sería mejor para una buena ejecución contractual, reprogramar el PAC? aclarar, justificar y modificar lo que fuere necesario”.

Respuesta de UOC

A lo que Andrea Adle, directora de la UOC, en fecha 02 de noviembre de 2010, respondió cuanto sigue: “Que para esa contratación estaba previsto un anticipo del 50% con una póliza de garantía por el anticipo. Asimismo, que el presupuesto estatal para dicha contratación abarca solamente el Ejercicio Fiscal 2010, por lo que se tenía previsto obligar el 50% restante, de manera de ajustarse al cierre y liquidación del presupuesto efectuado al 31 de diciembre de ese periodo fiscal, y que administrativamente las obligaciones podían ser retenidas por un plazo de 60 días en el Ministerio de Hacienda, previa nota cursada por la Dirección General de Administración y Finanzas, y que a fin de salvaguardar los bienes del Estado, quedaba prevista para lo que hubiere lugar, una garantía contractual mediante una póliza de seguro (garantía de fiel cumplimiento de contrato) por la totalidad del desembolso”.

Esta nota refleja perfectamente de que a la fecha de la aprobación del Llamado de la Licitación Pública Nacional N° 29/10, tanto el Ministro del Interior como su equipo, se representaban como seguro que obligarían el monto total adjudicado al contratista, a pesar de no contar con la recepción final de las obras, y que lo harían con el fin de ajustar el valor total adjudicado al cierre y liquidación del periodo fiscal 2010. A pesar de que la retención de la obligación no era posible porque no estaba contemplado ni amparado en ese momento en ninguna normativa legal vigente, atendiendo lo dispuesto en los artículos 22, 28 de la ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado.

La adjudicación

El 30 de noviembre de 2010 por Resolución N° 558/10 el Ministro del Interior resolvió adjudicar el Llamado de la Licitación Pública Nacional N° 29/10 a favor de la firma Todo Verde Emprendimientos, por el monto total de G. 1.131.812.500, generando un compromiso de pago entre el Ministerio del Interior y el contratista, obligados al final del periodo fiscal 2010, a pesar de tener conocimiento de que las mismas se realizaría (pago) sin tener una contraprestación.

Finalmente, el 2 de mayo de 2011, Rafael Filizzola omitió solicitar el cumplimiento de la póliza para recuperar el dinero que había obligado en su totalidad en el periodo fiscal 2010, sin la posibilidad de obtener la contraprestación, (en atención a los plazos de entrega de la obras que eran de 60 y 90 días a partir de la firma del contrato, conforme lo estipulaba el PBC aprobados por este).

La falta de acción del ministro Filizzola causó un perjuicio patrimonial de G. 565.906.250, monto que se desprende de ambas pólizas de fiel cumplimiento de contrato, que se encontraban vigentes, según la acusación fiscal.

EL CASO DE LOS HELICÓPTEROS

El caso de los cuatro helicópteros de la Policía Nacional fue elevado a juicio oral y público. El exministro del Interior Rafael Filizzola es el principal procesado. La defensa argumenta una persecución política y asegura que las naves funcionan perfectamente. Para la fiscalía eso es circunstancial, ya que se produjeron una serie de hechos que costaron al Estado 47.890 millones de guaraníes.

De acuerdo al relato acusatorio de los fiscales Yolanda Portillo, José dos Santos y René Fernández, el 13 de octubre de 2010 se inició el proceso de compra que posteriormente estuvo plagado de irregularidades.

En ese sentido mencionan que el 12 de noviembre de 2010, Guillermo Casado de Amezúa, representante de Proibérica, “individualizó los helicópteros ofrecidos con individualización del fabricante, modelo, número serial, situación, motor y procedencia y además manifestó que el overhaul y puesta a cero hora de vuelo con disponibilidad y potencialidad requerido en el pliego de la licitación, será efectuado por ENAER (Empresa Nacional Aeronáutica de Chile)”.

Según la fiscalía, esto denota que tanto Proibérica como el Ministerio del Interior desde el inicio del proceso conocían que se incumplía con el pliego, ya que no tenía el certificado de potencial de horas al momento de presentar la oferta.

Indicaron que con la autorización del entonces ministro Filizzola, el Comité de Evaluación recomendó la adjudicación a la firma Proibérica, a pesar de no cumplir con los requisitos del pliego de bases y condiciones. la documentación presentada no concordaba con afirmaciones del oferente.

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