En diciembre de 2014 ya se habían consumado nada menos que catorce suspensiones de audiencia preliminar. Un año antes se apartó el juez penal de garantías Julián López y se dieron sucesivas inhibiciones de magistrados e impugnaciones hasta que la causa recayó en el despacho de Rubén Ayala Brun.
Con juez confirmado, la defensa del procesado Osvaldo Javier Vera Espínola (excomisario) presentó una nueva representante legal, María Isabel Candia de Hermosilla, y pese a que se le debía denegar la personería por tener causales de recusación con Ayala Brun y con el fiscal Fabián Centurión, el camarista Agustín Lovera Cañete, de la Tercera Sala del Tribunal de Alzada, le concedió intervención.
De esta forma, en noviembre del año pasado se apartó el juez Ayala Brun, pero el fiscal Centurión no tomó la misma determinación y explicó que seguirá en el proceso por tortura porque ya no posee causales con la abogada Candia, con quien tuvo un litigio hace diez años.
Tras el apartamiento de Ayala Brun, resultó sorteado su colega Gustavo Amarilla Arnica, quien aceptó intervenir en el proceso pero días pasados fue recusado por Osvaldo Vera porque supuestamente es amigo del fiscal Centurión.
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En su contestación, Amarilla solicitó a la Cámara que rechace la recusación. Indicó que no le une ningún lazo de amistad con Centurión, no conoce a su familia y que tampoco es su pariente. De esta forma, la causa no tiene juez, de momento, hasta que la Cámara se expida sobre la recusación contra Amarilla, y todavía existe riesgo de que la abogada Candia recuse al fiscal Centurión, para seguir dilatando.
Auditoría
Desde el mes pasado, la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte inició la investigación de la que podría ser la causa penal más dilatada de los últimos tiempos.
El resultado de la auditoría se aguardará con mucha expectativa, puesto que la Sala Constitucional de la Corte fue una de las que más dilataron este proceso. De los antecedentes se tiene que solamente el exministro Víctor Núñez tuvo en su poder por más de dos años el expediente, desde el 5 de abril de 2004 hasta setiembre de 2006, cuando fue preopinante de una inconstitucionalidad presentada por una de las defensas. Tras esto, se supo que el entonces ministro José Altamirano emitió su voto el 13 de setiembre de 2006, luego del cual el expediente “desapareció”.
De las averiguaciones realizadas entonces en secretaría, se constató que el 7 de marzo de 2007 el expediente estaba nuevamente en poder del exministro Núñez, según constancias del cuaderno de recibo correspondiente.
Apremios bajo “supervisión”
Luego de un frustrado golpe al gobierno de Luis González Macchi que nunca fue aclarado, varios policías fueron detenidos y sometidos a apremios físicos. Uno de los casos se dio en la sede de la comisaría 11ª metropolitana, en cuya jurisdicción se encuentra la casa de Walter Bower y bajo su “supervisión”.
De acuerdo a los datos, los imputados Walter Bower, Basilio Pavón (ya fallecido), Merardo Palacios y Osvaldo Vera fueron denunciados por haber sometido a salvajes apremios físicos a policías en servicio, entre ellos el Crio. Alfredo Cáceres y el oficial Jorge López, detenidos tras ser sospechados de sublevarse contra el gobierno de González Macchi en mayo del 2000.
Según los denunciantes, los apremios físicos padecidos por varios uniformados fueron realizados bajo la supervisión de Bower, entonces ministro del Interior, en la comisaría 11ª Metropolitana y en la Marina.
Esta causa nunca progresó, pese al testimonio de las víctimas. Lo concreto es que se dispuso que los policías supuestamente involucrados en la revuelta sean sometidos a apremios físicos por sus mismos camaradas, en castigo y para que revelen toda la información que manejaban.
La sanción a los abogados y procesados que han dilatado el caso a lo largo de estos casi dieciséis años ha sido solicitada infructuosamente tanto por el fiscal Fabián Centurión como por el abogado querellante Rolando Alum.
“Esta desidia podría llamarse incluso una omisión dolosa, porque no puede ser que la Corte no tenga interés en un caso que ya lleva dieciséis años. Con reiteración hemos pedido, tanto yo como el fiscal Fabián Centurión, sanción para los abogados, y hasta ahora nada. Y los jueces son ‘Poncio Pilato’, porque en casos controvertidos como este eluden este compromiso”, refirió el abogado Alum.
Las chicanas llegan al colmo de que el propio Walter Bower sigue sin medidas restrictivas y su fuga se puede dar en cualquier momento, reiteró Alum en varias ocasiones.
griselda@abc.com.py