Un grupo de jubilados promovió la semana pasada ante el Poder Judicial, la garantía constitucional del hábeas data. El objetivo es conocer la deuda del Estado con el IPS.
Cano explicó a nuestro diario, que desde 1943, el Estado nunca cumplió la ley que le obliga a aportar el 1,5 por ciento sobre el aporte de todos empleadores. Es por eso que la deuda actualmente trepa a más de 371 millones de dólares.
Las autoridades de la institución buscan los mecanismos para exigir al Estado que cumpla con su obligación.
El abogado manifestó que los datos que tiene la dirección son públicos y que lo pueden solicitar todos los asegurados que tiene el instituto.
Dijo que actualmente el IPS tiene 1.160.578 asegurados. De esta cifra, 593.072 son cotizantes (aportan efectivamente a la previsional); y 567.506 son beneficiarios (hijos, esposos, etc.).
Según los datos de la Dirección, el Ministerio Público tiene 3.347 cotizantes y 3.710 beneficiarios; el Ministerio de Educación cuenta con 88.459 cotizantes y 125.454 beneficiarios.
Las estadísticas también revelan que hay 38.534 jubilados cotizantes, que aportan el 6% de su jubilación para la asistencia médica.
El seguro doméstico cuenta con 17.387 cotizantes y 8.754 beneficiarios.
Cano señaló que este último grupo tuvo un aumento importante, debido a que en el 2009 se extendió a todo el país. Anteriormente, el seguro doméstico existía solo en Asunción.
Distribución de recaudación
De los más de 60 millones de dólares que el IPS recauda en forma mensual, el 9 por ciento se destina a la parte de salud; 1,5% a la administración del instituto; 1% al Sistema Nacional de Formación y Capacitación, el 1,5% al Senepa y el 87% para la jubilación.
“La mayor parte se destina a la parte de jubilación porque es importante tener una ‘salud económica’ en ese sentido”, manifestó Cano, quien añadió que con esta cifra se asegura el pago de la jubilación hasta el 2024.
“Hay que entender que es importante contar con la mayor cantidad de trabajadores incluidos en el sistema, especialmente joven, que aporta y tiene pocos beneficiarios”, refirió el abogado. Enfatizó que de esta manera incluso se asegura una “salud económica” más prolongada.
El IPS tiene CDA en diferentes bancos de plaza unos 121 millones de dólares y unos 2.898.990.605.439 en guaraníes. Estos datos son de hasta el 30 de julio pasado, cuando ABC conversó el director Obrero-Patronal.
Fiscalización
Cano refirió que realizan trabajos de verificación de empresas en diferentes puntos del país.
En ese sentido, apuntó que en Salto del Guairá se verificaron 225 empresas y fueron entrevistados 1.102 trabajadores, de los cuales 468 no estaban en el sistema del seguro social.
En Villarrica se verificaron 96 empresas y fueron entrevistados 362 trabajadores, de los cuales 161 no están en el seguro social.
El abogado afirmó que 21 empresas fueron inscriptas y 8 se negaron a recibir a los inspectores.
Cano dijo que ellos no tienen la potestad de entrar a las firmas si los propietarios de las mismas no permiten el acceso.
El letrado explicó que para poder ingresar se tiene que pedir una orden judicial de allanamiento y que en este punto se complica la situación, debido que la solicitud se debe hacer ante un juzgado de Asunción, considerando que la previsional tiene su sede en la capital del país.
Cano se quejó de la lentitud de la justicia para disponer los allanamientos. “A veces tenemos que esperar seis meses y mientras transcurre ese tiempo, las empresas ya despiden a sus empleados o adoptan otro tipos de maniobras”, manifestó el director durante la conversación.
El abogado pidió la colaboración de los magistrados, cuando se solicita el allanamiento de una empresa para el ingreso de inspectores.
“Estamos trabajando bien y contamos con el respaldo de las autoridades de la previsional, que nos proveen todo lo necesario para incrementar la recaudación”, resaltó Cano.
Evasión y morosidad
La Dirección Aporte Obrero-Patronal tiene registrados en su sistema 45.000 empleadores, de los cuales según los datos 37.162 empresas son las que aportan a la previsional.
Pedro Cano explicó que el Ministerio de Hacienda tiene 65.000 empresas más que el IPS. Las firmas siguen efectivamente activando, pero se declaran inactivas en el instituto. “Estamos impulsando un trabajo conjunto y coordinado para reducir el porcentaje de la evasión. Hay que entender que no es una tarea fácil”, agregó.
Al ser consultado con relación a la morosidad de las empleadoras, manifestó que en los meses de abril, mayo y junio de este año, el índice fue de 7,7; 6,1 y 6,4%, respectivamente.
Cano refirió que en el mes de julio se llegó a una recaudación histórica en el instituto. El monto de lo aportado trepó a G. 239.843.901.506. En estos primeros seis meses del año el IPS recaudó G. 2.847.845.163.367. El año pasado fue de G. 2.841.758.285.768 y una mora de G. 6.086.877.599.
Cano prometió que se insistirá en el trabajo conjunto con Hacienda, para el combate a la evasión, que causa un enorme perjuicio al IPS.
La evasión de miles de empresa es la eterna preocupación de los sindicalistas, quienes critican por eso a las autoridades de la previsional. Por su lado, los responsables de la conducción del instituto siempre prometen luchar.
Hábeas data de jubilados
Un grupo de jubilados, en su escrito de hábeas data, refiere que promueven la acción para “conocer a ciencia cierta si todos los obligados a aportar lo hacen, y como único medio que encontramos para saber qué ocurre con nuestros bienes e intereses que se encuentran a cargo del IPS, se promueve la garantía constitucional”.
Los demandantes solicitan al juzgado que emplace al IPS para que informe el monto de la mora y el tiempo de la misma por parte del Estado, teniendo en cuenta que es de conocimiento público que el Estado jamás ha abonado cuota alguna a la previsional desde su creación en 1943, y por lo cual está obligada a hacerlo.
Enfatizan que “los jubilados, trabajadores ni empleadores conocen los alcances de la realidad, y que a la fecha, el Estado, en lugar de aportar al Instituto su cuota obligatoria, está rebasando la capacidad de atención del IPS con ciudadanos no asegurados, por medio de medidas judiciales (amparos), que llevan al peligro inminente de la quiebra de nuestra institución”.
Los jubilados demandantes del hábeas son Jorgelina Amarilla, Pedro Specini Ferreira, Ángela Jara Sosa, Martín Epifanio Espínola y Gladys Catalina Dávalos. Simón Jara Sosa es el abogado patrocinante de la garantía constitucional.
El hábeas data quedó a cargo, según el sorteo informático, de la jueza penal de la Adolescencia N° 1 Edith Coronel de Machado.
El objetivo es proteger la salud de los trabajadores
El Instituto de Previsión Social fue creado a partir del Decreto Ley N° 17071 del 18 de febrero de 1943, con el propósito de proteger la salud de los trabajadores asalariados de nuestro país. Considerando que “es función propia del Estado asegurar al ciudadano los medios que le pongan a cubierto de los azares de la vida en lo que respecta a enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes de trabajo, etcétera”.
El objetivo es poner a los individuos a cubierto de los riesgos que les privan de la capacidad de ganancia, cualquiera fuere su origen: desocupación, maternidad, enfermedad, invalidez y vejez, y que pudieran extenderse y amparar a determinados familiares del trabajador en caso de muerte del mismo y que pueden contemplar la asistencia sanitaria.
Concomitantemente con el derecho a la vida, la salud y la educación, está el derecho de trabajar y con este a la seguridad social, que tiene en el régimen previsional un valioso instrumento de compensación social que, pudiera permitir que el hombre no se desarraigue ni quede desprotegido, cuando por imperio de las circunstancias (desempleo, enfermedad, etc.) o de la edad (jubilación), sea necesaria la asistencia.
En muchos países y especialmente los llamados en vías de desarrollo, la familia es el único refugio asistencial cuando por las razones preseñaladas, los afectados requieren de apoyo, y esto es injusto, inconveniente e insuficiente.
Es por ello, que en la Constitución se establece que “El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por ley, y se promoverá su extensión a todos los sectores de la población”.
Actualmente, están incluidos en el Sistema Previsional, todos los trabajadores en relación directa del sector privado y entes descentralizados, docentes del sector público y privado, trabajadores domésticos, jubilados y pensionados, y docentes jubilados. Brinda, incluso, una labor asistencial a los excombatientes de la Guerra del Chaco, que no es de carácter contributivo.
Fuente: IPS