La fiscala de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña imputó a dieciséis personas por un supuesto perjuicio de G. 5.033.923.979, entre ellas la suspendida defensora general y el extitular de la Ande, Germán Domingo Fatecha, entonces Director General de Infraestructura y TIC.
En la imputación se incluye también a Eulalio Quintana Armoa (director financiero); Darío Amarilla Villalba (director financiero); Carlos Francisco Barreto Burgos (director general de Administración Financiera), Vicente José Giardina Barreto (director de Infraestructura y Logística); Hugo Manuel Benítez González (director de la Unidad de Contrataciones), Adolfo Ortega, Esteban Daniel Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López Martínez, Mario Javier Villalba Benítez, Aldo Hernán Delgado Machuca, Teófilo Espínola Peralta, Rodrigo Manuel Rotela Núñez y Néstor Daniel Villalba Mendoza.
De acuerdo al escrito fiscal, Yore habría suscripto contratos con constructoras que en su mayoría no cumplieron con las obras, fueron beneficiadas con irregulares adelantos de dinero y adendas, y tampoco la Defensoría ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento.
“Desde el 29 de agosto de 2013 hasta el 18 de diciembre de 2014, la señora Noyme Yore Ismael, quien prestaba funciones como Defensora General del Ministerio de la Defensa Pública, celebró contratos para la construcción de obras en distintos departamentos, pagando sumas de dinero a las empresas contratadas quienes no realizaron a cabalidad las obras denominadas sedes para el Ministerio de la Defensa Público”, se desprende de la imputación.
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Se agrega: “La señora Noyme Yore Ismael disponía los pagos de sumas de dinero en concepto de construcciones de obras según los contratos de referencia, conforme a las certificaciones de obras, aún cuando existía diferencias entre lo ejecutado y lo pagado, por ser menor el valor de las obras; de igual manera y a pesar de los atrasos y la falta de ejecución de las obras y sin dar cumplimiento a los contratos por los contratista, se realizaban dichos pagos”.
Igualmente, dice la fiscala Acuña que Yore no ejecutó las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo financiero respecto a los seis contratos de referencia y se tiene que la misma causo un perjuicio patrimonial aproximado que asciende a la suma de G. 5.033.923.979.
En otro punto de su escrito, menciona que el ingeniero Germán Domingo Fatecha Feliú, director general de Infraestructura y TIC; y Vicente José Giardina Barreto, director de Infraestructura y Logística, “daban su conformidad a las certificaciones realizadas por los fiscales de obras, mencionando que las mismas se ajustaban a las especificaciones técnicas de los pliegos de bases y condiciones, solicitando la realización de los trámites pertinentes para los pagos correspondientes”.
Asimismo, para la verificación de las obras fueron designados fiscalizadores los señores Adolfo Ortega, Esteban Rojas, Pablo López, Juan Manuel López, Mario Villalba, Aldo Delgado, Teófilo Espínola Peralta y Rodrigo Rotela.
“Conforme a los pliegos de bases y condiciones, el fiscal de obras debía realizar la coordinación de actividades necesaria para asegurar la correcta ejecución a cabalidad y plazo de los trabajos contratados. Sin embargo, los mismos llevaban un libro de obras sin cumplir con los requisitos, pues, no constan todos los trabajos realizados y certificaron el cumplimiento de la ejecución de obras a favor de los contratistas, aún cuando sabían que las mismas no han sido ejecutadas a cabalidad”, según la representante del Ministerio Público.
Asimismo, la agente de Delitos Económicos indica que a pesar de los atrasos en la ejecución de obras por parte de las contratistas, la Unidad Operativa de Contrataciones solicitaba a la Defensoría General, mediante notas, las modificaciones de los Convenios a los efectos de prorrogar los plazos de ejecución, sin el informe previo de la Auditoria General, favoreciendo de esta manera a las empresas contratadas, en detrimento de los intereses de la institución. La referida unidad primero estuvo a cargo del señor Hugo Manuel Benítez González y luego de Néstor Daniel Villalba Mendoza (también imputados). Los mismos eran los encargados de dirigir, coordinar, implementar y verificar la realizaciones de las acciones de implementación, programación, contratación, ejecución y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo de bienes y servicios en general.
Por último los señores Eulalio Quintana Armoa, director financiero; Darío Amarilla, director financiero; y Carlos Barreto, director general de Administración Financiera, firmaban las solicitudes de transferencia de recursos y órdenes de pagos, en calidad de autorizados por la entonces defensora general Noyme Yore Ismael, haciendo posible de esta manera el pago por anticipos financieros y pagos por ejecución de obras según las certificaciones, a pesar de que las mismas no fueron ejecutadas según lo acordado contractualmente.
Contrato N° 52/2013-San Estanislao
Fue celebrado por la entonces defensora general Noyme Yore con la empresa M&M Ingeniería y Arquitectura SRL, representada por Fernando Melgarejo, el 29 de agosto de 2013, para la construcción de la Sede para el Ministerio de la Defensa Pública en San Estanislao. La Defensoría General no cumplió con la intimación a la empresa contratada a la conclusión de las obras pactadas en el contrato y tampoco ha llevado a cabo la ejecución de las pólizas respectivas, por lo que existiría un perjuicio patrimonial aproximado de G. 372.900.000.
Contrato N° 55/2013 Pedro Juan
Fue celebrado por la entonces defensora general Noyme Yore Ismael con la empresa Ingeniería y Proyectos Ambientales Sienra Zavala, representada por Ramón Sienra Zavala, el 3 de setiembre de 2013 para la construcción de la Sede del Ministerio de la Defensa Pública en Pedro Juan Caballero. Surge que se pagó a dicha empresa la suma total de G. 2.457.963.091, constando un avance de obras del 49,13%, pero la Contraloría corroboró que solo se ejecutó el 47% de la obra, por lo que daño patrimonial alcanzaría la suma de G. 223.230.363.
Contrato N° 34/2014 - Horqueta
Fue celebrado por Noyme Yore de nuevo con la empresa M&M Ingeniería y Arquitectura SRL, representada por Fernando Melgarejo, el 21 de julio de 2014 para la construcción de la sede para el Ministerio de la Defensa Pública en Horqueta. El avance de obras fue del 50% y el 19 de diciembre de 2016, Yore resolvió rescindir el contrato, autorizando recién en ese momento a la Unidad Operativa de Contrataciones a realizar los trámites administrativos para la ejecución de las pólizas que vencieron en agosto de 2015, por lo que existiría un perjuicio de G. 382.500.000.
Contrato N° 61/2014 - Concepción
Noyme Yore celebró nuevamente un contrato con la empresa M&M Ingeniería y Arquitectura SRL, representada por Fernando Melgarejo, el 11 de noviembre de 2014 para la construcción de la sede para el Ministerio de la Defensa Pública en Concepción. El contrato se firmó el 7 de noviembre de 2014 y la emisión de la póliza se dio recién el 25 de noviembre del mismo año, es decir con 18 días de atraso y a pesar de la falta de garantía, Yore pagó el anticipo financiero del 25% del total del contrato a la empresa. El perjuicio que se calcula alcanzaría G. 1.242.797.156.
Contrato N° 65/2014 - Caacupé
Fue celebrado por la entonces defensora general Noyme Yore Ismael con la empresa denominada Consorcio Yhaguy II, representada por la señora Raquel Nasaria Gaona Insfrán, el 20 de noviembre de 2014, para la construcción de la Defensoría General sede Caacupé. Según la imputación del Ministerio Público, las pólizas se encuentran vencidas y sin embargo la defensora general no procedió a la ejecución de las mismas, por lo que entre la falta de cobro de multa y la póliza de seguro existiría un perjuicio patrimonial aproximado de G. 1.172.201.963.
Contrato N° 77/2014 - San Juan Bautista
Fue celebrado por la entonces defensora general Noyme Yore con la empresa M&M Ingeniería y Construcciones S.R.L., representada por José Aníbal Rivas Martínez, el 18 de diciembre de 2014 para la construcción de la Sede del Ministerio de la Defensa Pública en San Juan Bautista - Misiones. El 4 de noviembre de 2016, Yore resolvió rescindir el contrato y la ejecución de las pólizas, que sin embargo ya se encontraban vencidas, por lo que entre la diferencia de la ejecución de la obra y la póliza de seguro existiría un perjuicio patrimonial aproximado de G. 1.640.294.497.
Defensoría será bastión llanista
La imputación por lesión de confianza contra la exdefensora Noyme Yore Ismael prácticamente confirma la versión de que la Defensoría General pasará a ser un bastión del político liberal Blas Llano, aliado al presidente de la República Horacio Cartes.
Se sabe que Yore siempre respondió a Efraín Alegre, y que por el momento está suspendida en sus funciones pero no destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo que su cargo no puede quedar vacante.
Esta nueva imputación por un presunto perjuicio patrimonial de G. 5.000 millones podría determinar su suerte con la remoción del cargo y finalmente el proceso abierto tendrá una finalidad política, sin entrar a determinar su procedencia.
Paralelamente, la suspendida defensora general pidió su jubilación a la Corte Suprema de Justicia que quedó a expensas de lo que se resuelva en una acción de inconstitucionalidad, impulsada por la exdefensora donde reclama ese derecho sin completar los años requeridos.
Causa por usurpación de funciones
Noyme Yore Ismael enfrenta una acusación por usurpación de funciones públicas. La jueza María Gricelda Caballero fijó para el próximo 20 de julio su audiencia preliminar donde definirá si afronta o no juicio oral y público.
El pedido de juicio fue presentado por los fiscales de Delitos Económicos José dos Santos y Josefina Aghemo.
En esta causa también están acusados los abogados Sindulfo Alegre Aquino, Christian David Figueroa, Carlos Ramón Molinas Bernal y Vivian Valenzuela Galeano, quienes fueron designados de manera ilegal por Yore Ismael para asumir funciones como defensores públicos.
Este proceso se inició en el 2016, cuando Yore se tomó la atribución de designar como defensores públicos a varios abogados particulares para intervenir en varios juicios.
Solo la Corte Suprema de Justicia puede nombrar a un defensor público de una terna que es confeccionada por el Consejo de la Magistratura.
griselda@abc.com.py