Nuevo distrito sin fondos propios

El Congreso creó el distrito de Puerto Adela, que era parte de Salto del Guairá. Sin embargo, no tiene ingresos propios y dependerá casi exclusivamente del gobierno central.

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SALTO DEL GUAIRÁ (Rosendo Duarte, corresponsal). Puerto Adela, comunidad histórica al margen del río Paraná, se convirtió en el distrito número 15 del Departamento de Canindeyú, con la promulgación de la Ley Nº 6098, el pasado 14 de junio. La nueva localidad fue desafectada de Salto del Guairá y tendrá un territorio de 47.553 hectáreas. La administración municipal funcionará en el Centro Comunitario del pueblo, ubicado a casi un kilómetro de la orilla del Paraná.

La creación del distrito, al igual que varios otros anteriores, se hizo sin que la comunidad cuente con lo básico para autofinanciarse. Por lo tanto, dependerá en un 90% de los recursos que el Estado le proveerá en concepto de royalties, compensaciones, Fonacide y resarcimiento.

Según datos de la Comuna de Salto del Guairá, el ahora municipio de Puerto Adela no tiene comercios ni industria. Su única expectativa de ingreso es del impuesto inmobiliario, que podría llegar a los G. 1.000 a G. 1.200 millones anuales. En las últimas elecciones solo fueron habilitados 666 votantes.

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Según sus proyectistas, la distritación permitirá a los adelenses trabajar por su desarrollo mediante gestiones ante el Estado, Itaipú Binacional e incluso a nivel internacional.

Uno de los propulsores, Isabelino Silvero, dijo que uno de los primeros proyectos que pondrán en práctica es el funcionamiento de una balsa que conecte Puerto Adela con Puerto Mendes, Brasil. “Mientras se siga dependiendo de Salto, cuya administración dista a 80 kilómetros de nosotros, no vamos a ir muy lejos”, indicó.

En los últimos años el Congreso Nacional creó cuatro nuevos distritos en Canindeyú: Yby Pytã, Ybyrarobaná, Maracaná y ahora Puerto Adela. Ninguno de ellos cuenta con recursos propios suficientes para atender las necesidades comunitarias de sus respectivos territorios. Sin embargo, gracias al aporte del Estado, perciben como mínimo unos G. 5.000 millones al año, que son convertidos en botín político por los administradores de turno.

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