La captura de Reinaldo “Cucho” Cabaña, el año pasado, fue nada más el inicio de una historia que se comenzaba a escribir. Este hecho desencadenó una serie de acontecimientos que demostraron la fortaleza del narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país, apañados por la grosera corrupción, que pudo comprobarse con la detención este 2019 de un gran número de funcionarios públicos –en su mayoría agentes de la Policía Nacional– que cayeron tras la detención de cuatro capos del narcotráfico que operaban mimetizados en la población: Luis Alberto Saucedo, alias El Gordo; Jorge Nicolás Berestovoy Sawchuk, alias Polaco; Levi Adriani Felicio, y Marcio Gayoso, alias Candonga, todos ligados a bandas criminales de la región.
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Según Insight Crime, organización dedicada a la investigación del crimen organizado en Latinoamérica, la preferencia de los referentes de esta calaña hacia Paraguay “proviene de su posición (de Paraguay) entre los dos países de Sudamérica con mayor consumo de drogas, Brasil y Argentina, y de su vecindad con uno de los centros de producción de narcóticos de mayor crecimiento en la región, Bolivia”. También señala que “Paraguay (...) es una ruta importante para el tráfico de narcóticos y de armas de fuego”.
Las muertes relacionadas a estos nefastos fenómenos también están a la orden del día: en Amambay, unas 140 personas fueron asesinadas desde enero hasta los primeros días de diciembre, según el conteo de nuestro corresponsal en la zona, Cándido Figueredo Ruíz.
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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, admitió que la mayoría de estos homicidios están relacionados con el narcotráfico. “Un porcentaje altísimo de esas muertes por encargo o sicariato tienen relación con el narcotráfico; eso no se puede negar”, señaló en una entrevista concedida a ABC Color, en que se explayó sobre lo que fue el 2019 para esta institución, la responsable en la mayoría de los casos de la captura de los capos narcos.
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De acuerdo a datos estadísticos de la Senad, solo en drogas incautadas y eliminadas, estiman que se ocasionó un lucro cesante al crimen organizado de US$ 185,5 millones durante este año y que, además de la incautación y destrucción de marihuana, fue nota distintiva el decomiso de una importante cantidad de cocaína. Según el último dato, un total 4.313 kilogramos, valuados en al menos US$ 30.191.000. Estos son datos actualizados tras el operativo Tijera, en que se incautaron en el Chaco casi media tonelada de cocaína con presuntos vínculos a narcopolítica.
Según Giuzzio, el PCC, Comando Vermelho, EPP y otras organizaciones locales “deben ser analizadas e investigadas como se investiga al narcotráfico”. Habló también de la propuesta de creación de un observatorio paraguayo de armas y municiones, que permitirá indagar la importación, exportación y tráfico de armas y municiones en nuestro país, ya no solo su registro y conservación, lo cual ya lo realizan otras instituciones, como la Dirección Nacional de Material Bélico (Dimabel).
El secretario de Estado también refirió que el lavado de dinero es otro de los frentes que necesitan encarar. “(El lavado de dinero) tiene como orígenes estos hechos punibles y, transversal a todo esto, es la corrupción. Otro punto es identificar el patrimonio o la estructura económica que mueve esa organización criminal, directamente con el fin de obtener la incautación o la imposibilidad del manejo de ese patrimonio por parte de estas organizaciones criminales”. Finalmente, relató que “ir atacando a los funcionarios públicos” es otra prioridad que no debe ser postergada “por eso hablaba que la corrupción es transversal, que participan en la protección o complicidad del narco y el crimen organizado”, sostuvo.
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Levi arrastró a un sinnúmero de policías
Por su parte, el fiscal adjunto de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico del Ministerio Público, Marco Antonio Alcaraz, facilitó el informe de gestión en que se destaca el 2019 como el año en que se dieron “los mayores operativos que involucran a grandes estructuras criminales organizadas”.
En este sentido, uno de los mayores logros fue la detención de Levi Adriani Felicio, cuya red era gerenciada por Marcio Gayoso (también capturado) que “contaba con un amplio esquema de efectivos de las fuerzas públicas quienes prestaban servicio a esta estructura criminal. En tal sentido, durante el periodo en el cual fue desarrollada la investigación preliminar denominada caso ‘North’, se ha logrado individualizar, hasta la fecha, a varios efectivos de la Policía Nacional que prestaban funciones en el Departamento de Amambay y de diversas formas han desempeñado diversos roles al servicio de esta organización delictiva”.
North permitió la detención de 21 uniformados, entre ellos comisarios principales y subcomisarios, que cayeron en diferentes procedimientos llevados a cabo en Pedro Juan Caballero, Concepción, Santa Rosa del Aguaray, Caaguazú, Ciudad del Este y Asunción, a raíz de las evidencias halladas tras la detención de “Leví” en Asunción.
Antes, con la operación “Dignidad”, se había desbaratado una estructura policial (con nueve detenidos) que presumiblemente brindaba protección a cambio de dinero a narcotraficantes en la zona norte del país y “prestaban servicio” en los municipios de Pedro Juan Caballero, Puenteciño, Concepción y San Carlos del Apa.
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Condenas logradas por lavado de dinero
Por su parte, la fiscala Lorena Ledesma, otra integrante de la unidad antidrogas, aportó que el Ministerio Público se va afianzando en cuanto a la consecución de condenas luego de investigaciones que revelan los bienes provenientes del narco que fueron blanqueados. “La mayor parte de las causas se iniciaron por narcotráfico en sí y, paralelamente, se iniciaron investigaciones por lavado de dinero con la finalidad de recuperar todo lo integrado al sistema financiero. Ese es el desafío que se dio este año, que estamos empezando con las condenas. Estoy cerrando un total de 20 condenados en el mes de noviembre. Tres de ellos son de tres asociaciones criminales importantes con penas privativas de libertad que van de 17 años a 10 años como mínimo”, resaltó.
Ledesma reflexionó que, a la hora de ser detenidos, los altos jefes como Cucho Cabaña se escudan esgrimiendo frases como: “No encontraron ni un gramo de droga conmigo", lo cual es cierto, pero a la hora de investigar sus patrimonios no tienen manera de justificar todo y es eso lo que les incrimina. “Generalmente los jefes ya no están en el carácter de estibadores (...) pero es su estructura la que estaba operando, se va hilando muy fino en cuanto a los bienes y a la trazabilidad del dinero”, analizó.
Recordó que, tras las investigaciones, la recuperación de los activos provenientes del narcotráfico se inyectan en la sociedad con la ley que crea la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y también con la figura del depositario judicial.
Reveló además que en la causa de Luis Carlos Da Rocha, alias Cabeza Branca, también detenido en nuestro país, el Ministerio Público identificó 98 inmuebles (independientemente de las estancias) que, si bien no estaban a su nombre, le pertenecían a través de otras personas que eran sus testaferros, como así también 97 vehículos que fueron incautados en su momento.
Jefe militar corrupto, fuera de circulación
Otro operativo en 2019 fue Brillante, que desnudó una red de coimas sistemáticas dirigida por el alto jefe militar general Ramón Benítez, para dejar pasar mercaderías y se presume que también drogas y armas. A raíz de todo esto se produjo la desarticulación y el reemplazo del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) –cuya cabeza era el general Benítez– para dar lugar a la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA).
La fuga de Samura
Volviendo al recuento del ministro de la Senad, éste también se refirió a lo ocurrido el 11 de setiembre último: la liberación de un soporte fundamental del narcotráfico en zona de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Concepción, etc.: Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, quien de hecho fue detenido el 10 de octubre de 2018.
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Giuzzio definió a Samura como “una persona muy peligrosa, un objetivo importantísimo que, lastimosamente, está en la calle”. Reconoció que, “perfectamente, puede estar traficando de vuelta, porque, aparte de ser un narco muy violento, es un soporte de la organización que mueve mucha droga. Tiene una estructura muy bien formada y un soporte en todos los niveles”.
Extradiciones y expulsiones
Este año también se registraron más de un centenar de extradiciones y expulsiones de extranjeros requeridos por sus países, en delitos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado.
“La mayoría fue por aquel caso de Piloto (Marcelo Pinheiro), cuya expulsión marcó el inicio de un nuevo procedimiento en materia de envío de criminales a sus países. Más de 100 miembros del crimen organizado relacionados al narcotráfico, del PCC o Comando Vermelho ya están en sus países", puntualizó Giuzzio.
Agregó que, si bien este hecho marcó un hito, “también deja un espacio como para que organizaciones menores pretendan ir incorporándose, ubicándose en esos lugares que ocuparon en su momento Jarvis Pavão, Cabeza Branca, Rafaat o Samura y que Minotauro pretendió ocupar pero fue detenido inmediatamente”.
Los “herederos”
“Estamos seguros de que los herederos existen y tenemos algunos que ya están en vista, pero no tienen la trascendencia o el poder económico de los que fueron mencionados anteriormente (...) Tenemos identificadas organizaciones locales. Pero sí una observación especial que se tiene son las penitenciarías. Se está desarrollando un escenario muy complejo en donde estas organizaciones criminales están apostadas. Ese fortalecimiento de las organizaciones brasileras hace surgir clanes de origen paraguayo que pretenden defender su territorio dentro de las penitenciarías”, sostuvo el ministro.
Agregó que “se dieron casos que demuestran el grado de violencia y la convicción de estas organizaciones para instalarse; la matanza en San Pedro demuestra el poder económico y cómo están infiltrados los funcionarios públicos”, subrayó.
Microtráfico en aumento
Este año también se dio inicio al juicio oral y público del “zar del microtráfico”, Armando Javier Rotela, máximo jefe de uno de los clanes que se destacan y buscan posicionarse en las cárceles de nuestro país por sobre el PCC: el clan Rotela.
La Senad reportó que este año se incautaron en diferentes procedimientos de 65.150 dosis de crack y 65.734 dosis de éxtasis. En este sentido, un punto débil es la demanda de drogas, que aumentó sustancialmente en prácticamente todo el territorio nacional. “Esto es básicamente por una cuestión presupuestaria. Necesitamos apostar más a la prevención, en tratamiento, en rehabilitación. El drama del microtráfico en los barrios de Asunción, en el departamento Central y en el interior del país es cada vez mayor. Necesitamos aumentar tecnología para enfrentar estas necesidades”, indicó.
Una detención que sorprendió a todos
Sin duda alguna, un acontecimiento que sorprendió a todos fue la detención de la ex diputada colorada Cynthia Tarragó y su marido Raymond Va en Nueva Jersey, investigados por lavado de dinero, nada más y nada menos que por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que en sendos informes desveló que la excomunicadora incluso se ofreció en varias ocasiones a encargarse de transportar droga y presentó varios documentos que muestran que habría lavado dinero a través del sistema financiero de nuestro país.
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Evidentemente, los trabajos encarados desde la Senad son plausibles pero no son suficientes para erradicar los estragos que estas bandas criminales y la narcopolítica (prisión preventiva de Ulises Quintana) generan a nivel nacional, amparadas por la corrupción que desborda todas las instancias de la sociedad. Las detenciones de personas, que orillan las 400 solo en 2019 (entre ellas, los 4 capos narcos) dan una esperanza de que se podría, con ayuda de otros países (caso Tarragó), ir erradicando estas prácticas, pero se necesita un compromiso real e integral no solo de la institución antidrogas, sino de todo el Estado paraguayo.