De acuerdo al censo poblacional del año 2002, el Paraguay contaba con una población de 5.163.198 habitantes, de los cuales unas 51.700 (el 1%) eran personas con algún tipo de discapacidad.
Desde entonces, el Estado manejaba ese número a la hora de redactar el presupuesto destinado a las personas con discapacidad, mientras tanto grupos de la sociedad civil barajaban cifras muy distintas durante su lucha por un país incluyente desde principios del 2.000.
En el año 2008, asumía Luz Bella González como directora del Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales (Inpro), hoy Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Desde entonces, las nuevas autoridades del Inpro iniciaron una campaña de actualización datos sobre personas que fueron atendidas desde la creación del instituto que data de 1979, dependiente del Ministerio de Salud Pública.
Los registros hablaban de que a lo largo de 29 años unas 47.000 personas habían recibido asistencia profesional en el instituto, lo que equivale al 90% de cobertura por parte del Estado a los requerimientos de personas con algún tipo de discapacidad.
“Esto era imposible. Un centro totalmente centralizado como lo era el Inpro no podía atender a casi la totalidad de los discapacitados, que en su mayoría se encontraban en el interior del país. El dato era erróneo y muy alejado de la realidad”, indica la ministra de Senadis, recordando aquel 2008.
Autoridades del Inpro iniciaron campañas de difusión de los tipos de discapacidad a fin de que las personas puedan identificarlas, demás de comenzar trabajos para mejorar el nivel de profesionales de la institución a través de capacitaciones.
También apuntaron a desarrollar conjuntamente con la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos (DGEEC) ítems específicos que permitan identificar la cantidad de personas con discapacidad en el país. El objetivo, desempolvar el verdadero número de discapacitados mediante el censo poblacional 2012.
Llegó el año para un nuevo censo a nivel país, el cual mostraría “la radiografía” en muchos aspectos. El censo poblacional 2012 arrojó como resultado que Paraguay aumentaba su población a 6.572.000 habitantes, de los cuales, nada más y nada menos que el 12% contaba con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de unas 800.640 personas.
Según la ministra González, el número no la sorprendió, puesto que era una cifra estimada de acuerdo a varias organizaciones sociales en el país quienes tenían sus estimaciones. Las políticas anteriores del Estado no priorizaba conocer la verdadera cifra. Y nos preguntamos, ¿por qué?
Una de las respuestas más próximas a resolver la incógnita se origina en el año 2006 cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) impulsó el Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue firmada por 81 países, entre ellos Paraguay.
Las clausulas obligaban a los países que homologaron el acuerdo iniciar acciones a favor de los discapacitados como políticas de inclusión social, de información, y así también de asistencia en salud para mejorar su calidad de vida.
“Cuando el Congreso y el Poder Ejecutivo de Paraguay se comprometieron con las Naciones Unidas llevar adelante todo lo establecido en el convenio, no se dieron cuenta de que no había una institución rectora en el país, solo había una centro de rehabilitación funcionando como una dirección nacional dependiente de un ministerio. No había una institución con facultades suficientes para llevar adelante los temas de discapacidad con los cuales se habían comprometido”, asevera la titular del Senadis.
A este inconveniente con que se toparon las autoridades de Estado en el 2006, se suma lo establecido en el artículo Nº 40 de convenio, el cual sostiene que “los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención”
Paraguay, a través de sus representes, debía llevar cada año informes a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de sus acciones a favor de los discapacitados.
En la oportunidad, nuestros representantes acercaban informes oficiales del censo en la cual solo el 1% de la población paraguaya contaba con algún tipo de discapacidad (51.700 personas), de las cuales el 90% (47.000 personas) recibían asistencia por parte del Estado, con lo cual el país “esquivaba” los compromisos firmados, según la ministra.
“Con estos datos cada año el país iba a las Naciones Unidas, con un monto mínimo, mucho menos del mínimo. Eran datos falsos”, subrayó.
Ahora bien, a nivel Mundial se manejan porcentajes de discapacitados, de acuerdo a la población. En países desarrollados el promedio es del 15%, mientras que en aquellos en vías de desarrollo asciende a un promedio del 20%. En el informe oficial del 2002, como mencionábamos, Paraguay solo contaba con 1% de discapacitados entre sus habitantes. Dato Falso.
De las 47.000 personas atendidas hasta el 2008 por el Inpro, suman desde entonces otros 38.000 discapacitados atendidos, gracias a la apertura de centros de rehabilitación en el interior del país como Caacupé, Coronel Oviedo, Villarrica y San Estanislao.
Haciendo cálculos, son unas 85.000 personas atendidas hasta el momento por Senadis (ex Inpro), lo que representa el 11% de personas a las cuales llegó la asistencia estatal en relación al número de discapacitados según el censo 2012 (unas 800.640 personas). Este porcentaje es lamentable, pero mucho más real que al supuesto 90% de asistencia difundido hasta el 2008.
Sin embargo, el número de discapacitados que arrojó el último censo, pese a ser más realista, no demuestra la cantidad real, según la ministra de Senadis. La funcionaria de Estado sostiene que haciendo un censo exclusivo del Senadis a nivel nacional, con ítems específicos, se podrá llegar al millón de personas con discapacidad.
La discapacidad puede ser física como neurológica, causada por accidentes de tránsito, enfermedades como diabetes y presión alta, entre otras.