En busca de una ley de acceso a la información pública

“Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”, señala parte del artículo 28 de la Constitución Nacional. Pese a esta garantía, es prácticamente imposible que un ciudadano obtenga hoy algún informe solicitado a una institución pública. Con suerte, algún funcionario le dirá que busque en la página web del ente en cuestión. Para los extremistas, están los amparos, pero recurrir a la Justicia tampoco garantiza que el juez ordenará que le den la información. 

Esta laguna jurídica en cuanto acceso a la información pública es una “demanda sostenida” que tiene el país en los foros internacionales sobre el combate a la corrupción, dijo el ministro de la Senac, Juan Carlos Ramírez Montalbetti.

Refirió que el plan anual de la secretaría - una dependencia de la Presidencia de la República, creada en noviembre de 2012- tiene como objetivo contar con una legislación sobre transparencia y acceso a la información pública este año.

El ministro aclaró, no obstante, que aún no tienen definido el modelo de la futura normativa y que estudiarán las propuestas impulsadas hasta ahora para poder presentar un anteproyecto. Anunció que tratarán esto en la próxima reunión del consejo, en la segunda semana de mayo.

Paraguay ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, pero hasta ahora la incumple porque no tiene leyes que transparenten la gestión pública, dijo al respecto la abogada María Victoria Rivas, miembro del consejo consultivo de la Senac por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Pese a ratificar dicha convención, Paraguay encabeza junto a Venezuela el ránking de los más corruptos de Latinoamérica, según el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de la oenegé Transparencia Internacional en su informe 2012.

La representante del CEJ explicó que para cumplir con los requisitos de los organismos internacionales, como la Convención Anticorrupción de la OEA, el país debe contar con una ley de transparencia, de acceso a la información pública y de declaración jurada de bienes.

El consejo de consulta de la Secretaría Anticorrupción está integrado por 19 miembros, entre ellos representantes del sector público (Contraloría, Seprelad, por citar algunos), privado (Feprinco, Cámara Paraguaya de Anunciantes, y otros), y organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Tuvo su primera reunión a fines de marzo, cuando se planteó la necesidad de transparentar la gestión pública.

Una normativa de esta naturaleza parte del principio de que todo acto del Gobierno es de carácter público. Establece procedimientos para la obtención de esa información, plazos para la entrega de esa información y sanciones en caso de que no se cumpla con el requerimiento.

“Si yo necesito un informe de cuánto gana un ministro o cuantos funcionarios tiene un municipio o ente, yo puedo pedirlo y la ley establece pasos, plazos y sanciones si el funcionario se niega”, ejemplificó Rivas.

La profesional del Derecho recordó que actualmente, un ciudadano solo puede acceder a determinada información judicializando. “Y no todos están en condiciones de presentar un recurso de amparo para eso”, puntualizó.

La idea de una ley de acceso a la información pública, a veces, puede distorsionarse y terminar imponiendo más restricciones para acceder a las fuentes. Uno de los casos involucró el año pasado al senador colorado Orlando Fiorotto, que presentó un proyecto de ley que planteaba, por ejemplo, la creación de un consejo que decidiría qué puede ser público y qué no. El legislador se vio obligado a desistir ante la polémica que suscitó su “ley mordaza”, por las limitaciones que planteaba.

Para Rivas, lo que buscan con la Senac nada tiene que ver con coartar el acceso a las fuentes gubernamentales. “Esto no tiene naturaleza de ley mordaza, sino que necesitamos una ley de acceso a la información pública. Paraguay es el único país que no tiene esta normativa en la región”, subrayó.

El CEJ, que integra Rivas, forma parte del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), un colectivo de 22 organizaciones de la sociedad civil constituido en diciembre de 2003. Este grupo viene impulsando desde entonces una ley de acceso a la información, pero sus propuestas fueron rechazadas en el Congreso.

Uno de los casos más emblemáticos de “mordaza” fue el de la Ley 1728 de Transparencia Administrativa y Libre Acceso a la Información, aprobada en el 2001 durante el gobierno de Luis Ángel González Macchi. La legislación ponía una serie de trabas a la labor periodística, limitando enormemente la posibilidad de acceder a documentos oficiales. Tras una ola de críticas, la normativa fue derogada el mismo año.

Para el periodista Adrián Cativelli, debe haber una ley de acceso a las fuentes públicas de información: “La Constitución en su artículo 28 es clara al decir que la ley regulará modalidades, plazos y sanciones. Y no tenemos esa ley hasta ahora”.

“La propia Constitución da a entender que mientras la ley no regule, el derecho no será efectivo”, insistió.

Por su parte, la periodista Susana Oviedo mencionó que una ley de esta naturaleza “debe ser discutida en profundidad y tener una amplia participación ciudadana” precisamente para evitar manipulaciones que terminen transgrediendo la garantía constitucional, como ya pasó en los casos mencionados.

“Tiene que haber un diálogo muy claro con las fuerzas políticas”, coincidió Cativelli al respecto.

Pero ¿qué pasa si se aprueba la ley y no tenemos infraestructura para hacerla cumplir? Oviedo señaló que un aspecto a tener en cuenta es la inversión en tecnología que demandará la aprobación de este tipo de legislación. Esto, atendiendo a que los mil y un documentos que hoy duermen en los archivos - precarios en muchos casos- de las instituciones públicas, deberán pasar por un proceso de digitalización para que puedan ser accesibles en tiempo y forma.

Tanto Oviedo como Cativelli advirtieron que un aspecto que debe ser analizado y definido claramente en esa ley tiene que ver con la información considerada materia de "seguridad nacional". Una futura normativa de acceso a las fuentes públicas debe establecer en qué caso debe ser preservada la información sensible o clasificada.

Los periodistas hicieron hincapié en que el poder tener acceso a documentos oficiales no es algo que solo beneficia al periodista o al medio, sino a la sociedad. "Porque si un medio, con su fuerza específica,  no puede acceder, menos podrá el ciudadano de forma particular", refirió Cativelli.