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La Ley 2.225 creó Comisión de Verdad y Justicia en el 2003 con el mandato de investigar y documentar las violaciones a los derechos humanos durante los 35 años del régimen dictatorial.
Un grupo de investigadores reunió documentos, además de más de 9.000 testimonios, para realizar un informe final entregado el 28 de agosto del 2008.
En nueve tomos, el informe relata las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que hicieron posible la existencia de la dictadura stronista. Además, analiza las principales violaciones a los derechos humanos durante el régimen, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y exilio.
El informe también documenta la problemática de las tierras otorgadas como favores políticos en detrimento de los indígenas y del campesinado, conocidas como las tierras mal habidas. El documento identifica a los responsables de cometer los crímenes.
La comisión se disolvió luego de entregar el informe, sin embargo, para dar continuidad al trabajo de reparación, se creó la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación.
La mencionada dirección tiene la potestad de resguardar la integridad de los documentos, la infraestructura y asegurar los trabajos inherentes a la difusión del Informe Final de la CVJ. Además, está encargada de implementar las recomendaciones formuladas en el citado informe.