Traficantes y criminales eran clientes

La lista de clientes de la firma legal Mossack Fonseca incluye a supuestos financistas del terrorismo, criminales, narcotraficantes y traficantes de armas. La empresa reconoció internamente que su verificación de clientes no era adecuada.

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Una mañana a mediados de 2014, antes de que el sol del verano haya llegado a su cénit, dos hombres ancianos en Alepo, Siria, estaban sentados en sillas de plástico hablando tranquilamente y bebiendo café. Desde cerca de su puesto de comida, Sabri Wahid Asfur y su amigo Abu Yassin miraban a los vecinos pasar.

Repentinamente, bombas cayeron, haciendo llover ladrillos y escombros. Segundos después explotaron, disparando miles de piezas de metralla – clavos, acero corrugado – en todas las direcciones. Las improvisadas bombas de barril habían sido diseñadas para causar el máximo daño.

Mientras el humo se levantaba, Asfur buscó a Abu Yassin.

“Miré a mi amigo cuando recuperé la vista y vi su cuerpo destrozado”, recuerda Asfur. “Exhaló su último aliento”.

El ataque fue uno de cientos de bombardeos que llevó a cabo el régimen del presidente Bashar al-Assad durante los seis años de guerra civil del país, matando a miles de sus propios ciudadanos. La letal campaña aérea no hubiera sido posible, aseguraron las autoridades de EE.UU., sin una red de compañías que eludieron embargos internacionales proveyendo el combustible que mantuvo a las aeronaves militares en el cielo.

Tres de las compañías que EE.UU. alega ayudaron a proveer el combustible eran clientes de una firma legal mundial, Mossack Fonseca & Co., que ayudó a las compañías a incorporar y mantener ramas offshore en Seychelles, un paraíso fiscal en el Océano Índico.

La firma siguió trabajando con al menos una de estas compañías luego de que las tres acabaran en la lista negra del gobierno estadounidense por apoyar a la maquinaria de guerra siria – sumándose a docenas de otros clientes de Mossack Fonseca sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Mossack Fonseca, basada en Panamá pero con oficinas alrededor del mundo, ha trabajado con al menos 33 individuos o compañías que han acabado en la lista de la OFAC, de acuerdo a un análisis de los archivos internos de la firma por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el diario alemán Süddeutsche Zeitung y otros medios asociados.

En algunos casos, individuos y compañías habían dejado de trabajar con Mossack Fonseca antes de ser sancionados. En otros casos, las entidades eran clientes activos cuando las sanciones fueron establecidas.

Los reporteros revisaron más de 11 millones de documentos – emails, cuentas de clientes y registros financieros – que muestran el funcionamiento interno de Mossack Fonseca desde 1977 hasta diciembre de 2015.

Durante años, indican los registros, Mossack Fonseca ha ganado dinero creando compañías que han sido usadas por supuestos financistas del terrorismo y criminales de guerra en el Oriente Medio, reyes y reinas de las drogas en México, Guatemala y Europa del Este; proliferadores de armas nucleares en Irán y Corea del Norte, y traficantes de armas en el sur de África.

“Suena casi como un suicidio corporativo servir a tanta gente horrible”, dijo Jason Sharman, un científico político en la Universidad Griffith de Australia y co-autor de un revolucionario estudio de compañías anónimas. “Uno creería que, aunque estuviesen siendo cínicos, dudarían en tratar con entidades sancionadas por EE.UU. y enfrentarse a Estados Unidos”.

Un portavoz dijo a ICIJ que la firma depende de intermediarios como bancos y otras firmas legales a la hora de controlar los antecedentes de los clientes que refieren a Mossack Fonseca. Estos intermediarios deben notificar a la firma “ni bien tengan conocimiento de que un cliente suyo ha sido condenado o listado por un cuerpo sancionador”, dijo el portavoz. “Igualmente, tenemos nuestro propio procedimiento para identificar a esos individuos, en la medida de lo razonablemente posible”, agregan.

El tiempo que toma varía según la jurisdicción, dijo el vocero, y algunas autoridades requieren que el agente se quede quiero para prevenir interferencia con una investigación.

El portavoz añadió que Mossack Fonseca “nunca ha permitido a sabiendas el uso de nuestras compañías por parte de individuos relacionados con Corea del Norte, Zimbabue, Siria u otros países” que han sido sancionados. Si descubriera que ha representado sin saberlo a una compañía que fue utilizada para propósitos ilegales, dijo, la firma tomaría “cualquier medida razonablemente disponible” para lidiar con el problema.

OFAC, la unidad de control de la lista negra del Departamento del Tesoro de EE.UU., anunció una serie de sanciones en 2014 que impedían a los ciudadanos de EE.UU. hacer negocios con individuos o compañías sospechosas de apoyar al régimen sirio.

Una de esas compañías era Pangates International Corporation Limited, una especialista en productos de petróleo con base en los Emiratos Árabes Unidos que había sido cliente de Mossack Fonseca por más de una década.

OFAC puso a Pangates en su lista negra en Julio de 2014, asegurando que Pangates había proveído al gobierno sirio con 1.000 toneladas métricas de “avgas” – combustible de aviación necesario para operar aviones militares.

Ciertamente todos los aviones armados de la Fuerza Aérea siria estará usando “avgas”, dijo Nick de Larrinaga, editor de Jane’s Defence Weekly Europe.

Pangates es parte del Grupo Abdulrakim, una importante compañía siria con oficinas en Damasco. OFAC también sancionó a otros dos clientes de Mossack Fonseca con supuestos vínculos con el Grupo Abdulrakim o sus directores – Maxima Middle East Trading Co. Y Morgan Additives Manufacturing Co.

Además, sancionó a dos ciudadanos sirios vinculados a la compañía.

OFAC identificó a Ahmad Barqawi como gerente general de Maxima y a Wael Abdulrakim como director de manejo de Pangates. Dijo que Wael Abdulrakim había “trabajado para organizar numerosos envíos de aceites base y gasolina de aviación a Siria”.

En junio de 2014, Pangates, Maxima y el Grupo Abdulrakim trabajaron con una firma de gas y petróleo rusa para obtener combustible destinado a las refinerías controladas por el gobierno sirio, de acuerdo a la OFAC.

Un representante de Morgan Additives dijo a ICIJ que la base de su aparición en la lista negra de la OFAC fue “un error”.

Barqawi renunció como gerente de la compañía antes de que esta aparezca en la lista de la OFAC, y Wael Abdulrakim renunció cuando las sanciones fueron anunciadas, dijo el representante. Morgan Additives actualmente no es propiedad ni está bajo control de Wael Abdulrakim, añadió.

Ninguna de las otras compañías o individuos sancionados en conexión con la guerra aérea siria respondieron a pedidos repetidos de comentarios vía email, correo o teléfono.

En un comentario previo a los medios, Pangates reconoció haber llevado combustible a Siria, pero aseguró no conocer su destino o propósito finales.

“Vendemos a firmas no sirias que no están en las listas de sanciones de la UE o EE.UU.”, dijo la compañía a Reuters. “No sabemos exactamente quién acaba usando el combustible, pero de acuerdo a nuestra información el producto se usa para fines civiles humanitarios.”

Los archivos secretos muestran que la relación de Pangates con Mossack Fonseca comenzó en 1999, cuando la firma incorporó a Pangates en Niue, la isla nación del Pacífico donde Mossack Fonseca había tenido alguna vez derecho exclusivo para incorporar compañías offshore.

Cuando las autoridades de Niue cerraron la industria de registros offshore de la isla ante quejas por lavado de dinero, Pangates se mudó a Samoa y, en 2012, a Seychelles. En un momento, la compañía se daba a sí misma un valor de $7,5 millones.

Nueve meses después de que EE.UU. sancionara por primera vez a Pangates, Mossack Fonsea aún manejaba el papeleo de la compañía, certificando que era una compañía de buen actuar de Seychelles. Más adelante, Mossack Fonseca ayudó a Pangates a cerrar su negocio en Seychelles y le envió una factura por $1.100 para cubrir sus honorarios por ese servicio. Pidió a Pangates que pague en línea o a través de la cuenta bancaria de Mossack Fonseca en Nueva York.

No fue hasta agosto de 2015 – más de un año después de que se anunciaran las sanciones contra Pangates – que Mossack Fonseca se refirió a la lista negra y se apresuró a hallar detalles de propiedad, facturas de servicios o cualquier otra información identificatoria sobre los administradores de Pangates y Maxima Middle East en Dubái.

Los archivos muestran que Mossack Fonseca también trabajó con Rami Makhlouf, un primo del dictador sirio, Assad. Desde 2008, funcionarios del Tesoro de EE.UU. habían marcado a Makhlouf como un “miembro del régimen”, que “se beneficia indebidamente de y ayuda a la corrupción pública de funcionarios del régimen sirio”. El Tesoro congeló los bienes de Makhlouf en EE.UU. y prohibió a compañías o personas de EE.UU. que trabajen con él. Más tarde ese año, en un anuncio muy publicitado, el Departamento del Tesoro de EE.UU. puso a algunas de sus compañías en la lista negra.

Aunque había sido un cliente de Mossack Fonseca por mucho tiempo, los emails de la firma de ese entonces no hacen mención de las sanciones. Eso cambió en 2010, cuando las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas exigieron información sobre Drex Technologies S.A., una compañía propiedad de Makhlouf que Mossack Fonseca había incorporado diez años atrás. Empleados de Mossack Fonseca buscaron – y hallaron rápidamente – información que había circulado ampliamente por años, incluyendo detalles sobre los vínculos políticos de Makhlouf y su supuesto contrabando.

En este punto, indican los archivos, el jefe de cumplimiento de Mossack Fonseca quería deshacerse de Makhlouf inmediatamente. Pero uno de los socios de Mossack Fonseca se resistió, esperando que la firma no lo pierda como cliente.

Ese socio, Chris Zollinger, escribió a sus colegas que “hay alegatos (rumores), pero no hay hechos o investigaciones pendientes o acusaciones”. Destacó las notas anteriores de un colega sobre una conversación entre Mossack Fonseca y HSBC, el banco con base en el Reino Unido encargado del manejo financiero de Makhlouf, en la que el banco aseguraba a la firma que las oficinas de Londres y Ginebra de HSBC “saben del Sr. Makhlouf y están cómodos con él”.

Si HSBC no tenía problemas con él, dijo Zollinger, “entonces creo que nosotros también podemos aceptarlo”.

Sin embargo, al final accedió a abandonar la firma del sirio luego de más presión de sus colegas y las crecientes investigaciones oficiales sobre el imperio de Makhlouf.

Zollinger dijo recientemente al Süddeutsche Zeitung: “En retrospectiva, mi comentario en ese email fue erróneo, me arrepiento”. Añadió que, como agente registrado, Mossack Fonseca “no tenía influencia sobre las transacciones o los negocios de la compañía”. Makhlouf no respondió a pedidos de comentarios.

Mossack Fonseca tomó una postura más agresiva con Petropars Limited, una compañía controlada por el gobierno iraní sancionada por el Tesoro de EE.UU. en junio de 2010.

Las relaciones entre Petropars y Mossack Fonseca comenzaron en 1998, casi 20 años después de la revolución iraní, cuando Mossack Fonseca incorporó a Petropars en las Islas Vírgenes Británicas.

Petropars era conocida por los estudiosos de la política iraní como un intermediario entre compañías extranjeras y el ministerio del petróleo de Irán. Con oficinas en Dubái y Londres, también participó en el desarrollo del multibillonario campo de gas natural South Pars de Irán.

Tres años antes de que Mossack Fonseca comenzara a trabajar para Petropars, el presidente Bill Clinton, citando el apoyo de Irán al terrorismo y su búsqueda de armas de destrucción masiva, prohibió que EEUU se involucre con el petróleo iraní. No atada por la prohibición de EEUU, Mossack Fonseca ayudó a Petropars a sacar acciones en una compañía de inversión petrolera con base en Teherán en 1998.

Los vínculos de Petropars con el gobierno iraní fueron resaltados desde 2001 cuando las autoridades iraníes investigaron y acusaron a miembros de la junta de la compañía en relación a “irregularidades” en lucrativos contratos de gas. Para 2002, la noticia logró titulares en The Economist y el New York Times.

Los alegatos de corrupción de 2001 “pusieron a Petropars en el mapa”, dice el analista político de la Universidad de Georgetown Paasha Mahdavi. “Incluso antes de que los alegatos surjan, no hubiera sido muy difícil saber que esta era una compañía cuya mayoría, como mínimo, era controlada por funcionarios del gobierno”.

Petropars fue cliente de Mossack Fonseca hasta 2010, cuando Jürgen Mossack, uno de los fundadores de la firma, supo que la casilla de correo de su compañía en las Islas Vírgenes Británicas había sido citada como la dirección de Petropars en el apartado de la compañía en la lista negra de la OFAC.

Tras una búsqueda en internet, una empleada de la compañía en la oficina de las IVB, Marcia Da Costa, recomendó que la firma se separe de Petropars.

“Es una decisión que puede estar llegando 12 años demasiado tarde”, añadió otra empleada, Daphne Durand, “pero una que debe ser tomada a la luz de las circunstancias”.

Los fundadores de la firma – Mossack y Ramón Fonseca – estuvieron de acuerdo.

“¡Esto es peligroso!”, escribió Mossack. “¡Todos saben que hay sanciones de las Naciones Unidas contra Irán, y ciertamente no queremos hacer negocios con regímenes y personas de esos lugares! No por la OFAC, sino por principio. Cualquiera que tenga algo que ver con esta compañía, en cualquier nivel, debería haberse dado cuenta inmediatamente que los nombres asociados con ella eran iraníes. Una alerta debería haber saltado inmediatamente.

La firma renunció como agente registrado de Petropars en octubre de 2010. Mossack culpó a la oficina de Londres, que había procesado el papeleo de Petropars y debería haber llevado a cabo los chequeos de la identidad de los clientes para asegurarse de que no estuvieran envueltos en actividades cuestionables.

“Parece que Mossack Fonseca Reino Unido no están haciendo su trabajo de verificación de datos adecuadamente (o en absoluto)”, dijo Mossack.

Este año, como resultado de un acuerdo que levantaba sanciones económicas de Irán a cambio de que el país deshabilite partes clave de su programa nuclear, Estados Unidos sacó a Petropars y a otras compañías petroleras controladas por Irán de la lista negra de OFAC.

Los archivos muestran que a pesar de admitir varias veces de forma interna que sus chequeos y balances habían fallado, Mossack Fonseca no introdujo una política adecuada para cumplir con las reglas de las sanciones de OFAC hasta julio de 2015.

“Compañías globales que no tienen los sistemas de cumplimiento apropiados permiten a figuras como organizaciones terroristas, carteles de drogas y traficantes de humanos continuar operando y actuando con comportamiento ilícito y dañino”, dijo Eric Lorber, socio veterano de la Financial Integrity Network que asesora a instituciones financieras sobre cumplir con las reglas de la OFAC. “El período entre 2005 y 2007 es cuando cualquier compañía global, especialmente una con intereses en EE.UU., debería haber estado prestando mucha atención. Es cuando la OFAC puso al mundo sobre aviso”.

“Es como el contador de Al Capone, una firma que claramente eligió servir a regímenes renegados”, dijo Emanuele Ottolenghi, socio de la Fundacion para la Defensa de las Democracias en Washington D.C., comentando no sobre Mossack Fonseca, debido a que no había sido nombrada al momento de la conversación, sino en base a una descripción de sus prácticas.

Una portavoz de la OFAC se negó a comentar para este artículo, diciendo que la política de la OFAC es no hablar de investigaciones actuales o futuras.

En 2012 –años antes de los primeros roces de Mossack Fonseca con las compañías sancionadas– la firma auditó su oficina de Londres. El reporte final concluyó que la oficina del Reino Unido no tenía “un procedimiento establecido” para lidiar con políticos de alto riesgo o sus familias y asociados, y “no se están utilizando motores de búsqueda” para analizar a posibles clientes.

Auditorías de las oficinas de Mossack Fonseca en Singapur, Tailandia, Brasil y Dubái los culpaba de pobres registros, chequeos de historiales y procedimientos para lidiar con políticos, familia y amigos. Cada oficina tuvo pobres calificaciones en cada medida de desempeño, recibiendo calificaciones de “insatisfactorio” o “puede mejorar”, lo que indicaba “fallas serias” o “algunas debilidades”.

La oficina de Dubái, que representaba a Pangates y a otras compañías sancionadas por ayudar a Siria, fue calificada como “insatisfactoria” en cada medida. Búsquedas básicas de internet para analizar a clientes no se llevaron a cabo, dijo la auditoría.

En 2009, por ejemplo, la firma admitió en comunicaciones internas que tenía registros incompletos de una compañía luego sancionada por “manejar millones de dólares en transacciones en apoyo a las actividades desestabilizadoras del régimen norcoreano”.

También en 2009, Mossack Fonseca terminó su relación con el empresario de Zimbabue John Bredenkamp.

Bredenkamp, en los libros de la firma desde 1997, había sido descrito en 2002 por un panel de expertos de las Naciones Unidas como “experto en establecer compañías clandestinas para operaciones anti-sanciones”. En 2008, meses antes de que Mossack Fonseca cortara ataduras, Bredenkamp fue sancionado por la OFAC por supuestamente ser un “cómplice” del dictador de Zimbabue Robert Mugabe y un “conocido allegado de Mugabe”.

Bredenkamp no respondió a pedidos de comentarios, pero ha negado repetidamente alegatos sobre él y sus compañías, y negó haber apoyado al presidente Mugabe. En 2012, Bredenkamp revirtió sanciones de la Unión Europea contra sí mismo y sus compañías.

Una compañía, Tremalt Limited, compró equipos para ejércitos en la República Democrática del Congo, alegó las Naciones Unidas. Tomó siete años para que un empleado de Mossack Fonseca reportara internamente que una búsqueda de internet implicaba a una compañía separada que la firma decía era propiedad de Bredenkamp en “una serie de alegatos sobre ventas de armas”.

Los archivos también muestran que en abril de 2011, Mossack Fonseca descubrió que la OFAC había acusado a financistas de Hizbulá –un grupo terrorista del Medio Oriente que ha utilizado a niños soldado y disparado cohetes contra áeras pobladas– de usar una compañía de Mossack Fonseca.

Se reportó que la compañía era parte de una “red vinculada al terrorismo”, escribió la jefa de cumplimiento de la firma, Sandra de Cornejo. Tomó meses a Mossack Fonseca percatarse del anuncio de la OFAC. Cortó su relación con la compañía, Ovlas Trading S.A., en mayo de 2011.

“¡Lo que no entiendo es por qué la comprobación de datos inicial no reveló estos problemas en primer lugar!”, protestó Jürgen Mossack en un email. “Seguramente el proceso está fallado en algún lugar”.

Abogados que representan a Ovlas Trading dijeron que la compañía fue formada para propósitos de ahorro de impuestos como parte de un negocio de importación y exportación de comida. La compañía ha estado “principalmente aletargada”, dijeron los abogados.

“En ningún momento Ovlas BVI estuvo involucrada con lavado de dinero, financiación del terrorismo, narcóticos u otras actividades ilícitas”, dijeron los abogados de la compañía.

Una gran firma de contaduría internacional condujo una investigación forense de los negocios de Ovlas, dijeron los abogados, y no encontraron “evidencia” de las actividades descritas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. El dueño de la compañía “declaró públicamente que no ha sido ni es simpatizante de Hizbulá”, y se están llevando a cabo esfuerzos para levantar las sanciones.

Mossack Fonseca sí tenía guías de sanciones antes de 2015, incluyendo una matriz de riesgos que incluía estados parias y países bajo embargos, al igual que la “Lista Negra Mossfon” de países que requerían atención especial.

Pero los archivos revelan que la gerencia de Mossack Fonseca no siguió recomendaciones de que la firma introduzca políticas más estrictas. En 2010, en respuesta a la debacle de Petropars, Marcia Da Costa, una especialista de cumplimiento, sugirió que “una comprensiva Política de Cumplimiento es necesaria en relación a nuestro enfoque de los países e individuos sancionados”.

En un memo de 2015 citando “cambios recientes en nuestra organización” y “cuestiones regulatorias”, Mossack Fonseca anunció que se apartaría de 35 compañías potencialmente riesgosas “lo antes posible”. Incluyeron negocios supuestamente vinculados a petróleo en Bielorrusia y Rusia, teléfonos móviles, jugo, salsa de tomate y queso en el Medio Oriente, compañías de inversión en Uganda y Guinea, transporte de bienes en el oeste de África y bienes raíces en Líbano y Zimbabue.

Mossack Fonseca no actuaría como agente de ninguna compañía con actividades en países en la lista de OFAC, como Sudán y Sudán del Sur, y sería más cautelosa en otros países sujetos a sanciones limitadas, dijo el memo.

Varios expertos dijeron que las autoridades de EE.UU. y otros países no han prestado la suficiente atención a intermediarios offshore como Mossack Fonseca, a pesar de su papel clave en crear las compañías que posibilitan los delitos.

Esto es en parte por los recursos limitados que tienen para perseguir casos, dicen los expertos, de acuerdo a Daniel Reeves, ex investigador jefe de las iniciativas de cumplimiento offshore de la Internal Revenue Service.

Pero las cosas pueden cambiar, dijo Reeves.

“Hubo una época en que no se quería ir tras los bancos, se iba a por los clientes”, dijo. Desde entonces, investigaciones que apuntan a bancos como HSBC y UBS produjeron multas históricas, castigándolos por su trabajo en nombre de criminales y evasores de impuestos. “Así que quizá el siguiente paso son los proveedores de servicios corporativos”, dijo.

* Por Will Fitzgibbon y Martha M. Hamilton. Con ayuda de Frederik Obermaier.

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