El 18 de octubre pasado, González Vaesken rescindió un contrato con la firma M&R Consultora, de Rosana Mabel Irala Fernández, por un monto de G. 100 millones para una auditoría financiera, contable y patrimonial de los dos últimos años de administración de Zacarías Irún y Schuster.
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El actual gobernador indicó que la auditoría fue cancelada debido a que no contaban con los documentos requeridos para la tarea, ya que todas las documentaciones del mandato anterior fueron entregadas al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de Asunción. “La empresa se dio cuenta que el trabajo era amplio y sus representantes nos dijeron que solo año costaría G. 300 millones. De común acuerdo rescindimos el contrato”, comentó González Vaesken.
El asesor jurídico de la Gobernación, César Saifildin, había solicitado al Tribunal de Cuentas copias autenticadas de la rendición de cuentas de Zacarías y Schuster. Sin embargo, el órgano judicial denegó el pedido bajo el pretexto de que los documentos fueron entregados por otra administración.
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La Gobernación recurrió ante la Corte Suprema de Justicia, donde quedó paralizado el expediente.
González Vaesken explicó que intentaron colectar documentos a través del archivo de Contrataciones Públicas, Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República; sin embargo, las documentaciones reunidas son insuficientes para concretar una auditoría con rigor técnico.
El gobernador dijo que están esperando que se destrabe el acceso a las documentaciones para iniciar la revisión contable, financiera y patrimonial de la gestión de sus antecesores.
Durante su campaña electoral, González Vaesken había prometido que auditará la administración de sus antecesores Zacarías y Schuster. A un año y cinco meses en el poder, el gobernador aún no consiguió iniciar el proceso de examen de la gestión anterior.