Cancelan auditoría a Zacarías y Schuster

CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La Gobernación de Alto Paraná, a cargo de Roberto González Vaesken (ANR, abdista), canceló el contrato para hacer una auditoría a la gestión de los exgobernadores Justo Zacarías Irún (ANR, cartista) y Fernando Schuster (ANR, cartista) del período 2013-2018.

El cartista Justo Zacarías Irún, gobernador de Alto Paraná, periodo 2013-18, se sigue salvando de la auditoría a su gestión.
El cartista Justo Zacarías Irún, gobernador de Alto Paraná, periodo 2013-18, se sigue salvando de la auditoría a su gestión.

Con esta decisión, el actual jefe departamental sigue en deuda con su promesa electoral de revisar la administración de sus antecesores sospechados de presuntos hechos de corrupción.

González Vaesken llegó a adjudicar una licitación a la firma M&R Consultora, de Rosana Mabel Irala Fernández, por valor de G. 100 millones para un trabajo de auditoría financiera, contable y patrimonial.

Sin embargo, luego canceló el contrato de común acuerdo con la mencionada firma.

El secretario de Hacienda de la Gobernación, Antonio Duarte, explicó que la empresa adjudicada desistió de auditar la gestión del período 2013-2018, ya que implicaría un trabajo amplio y más oneroso que el monto de la licitación.

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El contrato fue cancelado a finales del año pasado y hasta ahora no se inició otro proceso licitatorio para la auditoría de la administración de Zacarías y Schuster, según confirmó Juan Antonio Camp, director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Alto Paraná.

Durante su campaña electoral, González Vaesken prometió en reiteradas ocasiones que auditaría la gestión de sus antecesores y que enviaría “a la cárcel a los ladrones de la merienda escolar”, en alusión el exgobernador Zacarías Irún, quien fue denunciado por proveer “galletitas y chipitas rompedientes” a los estudiantes de escuelas de zonas carenciadas.

El actual gobernador incluso denunció a la Fiscalía a sus antecesores por rapiña de costosos neumáticos de tractores y por pago por obras incompletas. Pero después aflojó sus acciones y dejó sin efecto la auditoría prometida.

Las gobernaciones, instituciones creadas en la Constitución de 1992, se han convertido en fuente de enriquecimiento ilícito de políticos regionales sin distinción de colores, según las numerosas denuncias realizadas de presuntos hechos de corrupción. La excusa de los políticos del interior para crear las gobernaciones fue la descentralización administrativa del país. Sin embargo, los millonarios recursos utilizados en esas dependencias han servido más bien a la corrupción y el prebendarismo.

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