La obra fue adjudicada al Consorcio Ñande Ypoti, representado por Darío Zárate Rondelli y Enrique Vázquez García, por un monto de G. 11.524.728.822.
En el contrato original, suscrito entre el intendente Miguel Prieto Vallejos (MCDE) y los representantes de la firma, el precio del empastado fue establecido en G. 239.210 el m2; en total 1.500 m2 por G. 358.815.000.
Además, de carga de abono y emparejado a G. 90.913 el m2; en total 1.000 m2 por un monto de G. 90.913.000.
Los abultados precios en ambos ítems del contrato generaron críticas de sectores opositores, por lo que el intendente Prieto dispuso una auditoría en la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad, a cargo de Maggi Fariña. El informe de auditoría señala que se constató errores en la carga de datos en algunos ítems, por lo que a través de una adenda se modificó el contrato.
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Con la modificación, el precio del empastado se redujo a G. 10.550 el m2 y la colocación del pasto costará un total de G. 15.825.000. Esta cifra es mucho menor que los G. 358.815.000 fijados inicialmente. También se disminuyó el precio del abono a G. 8.091 el m2 y el gasto en este ítem ascenderá a G. 8.091.000 frente a los G. 90.913.000 primariamente acordado.
Durante una sesión extraordinaria convocada esta mañana, la mayoría oficialista aprobó la adenda que modifica el contrato de la costanera para reducción del precio del empastado y del abono.
La Junta igualmente recomendó al intendente la instrucción de un sumario contra Pedro Acuña (asesor de intendencia), Stefany Garcete (directora de Área Urbana) y Vidal Vázquez (director de RRHH). Los citados integraron el comité de evaluación que sugieren la firma del contrato con los precios abultados del paso y abono.
No es la primera vez que la Municipalidad esteña, bajo gestión de Prieto Vallejos, recurre a una adenda para reducir costos inflados en adquisiciones en vía de licitaciones. Durante la emergencia sanitaria, se compró tapabocas N95 por precios por encima del monto referencial establecido por el Ministerio de Salud Pública.
Por este último caso tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la República abrieron una investigación.