La denuncia se desprende de un dictamen firmado por Fátima Ramírez (Cruzada Nacional) y José Lino Chaparro Esquivel (PLRA), presidenta y vicepresidente respectivamente de la comisión asesora de obras del legislativo departamental. Estos concluyeron en un documento con fecha 12 de marzo que verificaron las obras encaradas por la Gobernación del Alto Paraná y encontraron que todas “fueron realizadas con muy buena calidad, dejando satisfecha a la comunidad educativa”. Luego, dicho informe fue empleado para la aprobación de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del gobernador Roberto González Vaesken (ANR).
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La supuesta irregularidad salió a luz luego de que el director de la Escuela Básica 633 San José de la colonia Paranambú de Ñacuanday, Ángel Ramírez, enviara un video al concejal Mora en el cual reclama debido a la demora en el inicio de la perforación de un pozo. Ante esto, el edil solicitó el dictamen de las obras y detectó la supuesta irregularidad.
Los antecedentes refieren que la Gobernación del Alto Paraná adjudicó en diciembre pasado a la empresa Ita Poty SA, representada por Benedicto Jorge Cáceres González, un lote de obras a ser ejecutadas en cuatro instituciones educativas por un monto de G. 547.000.000.
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En ese contexto, el 30 de diciembre de 2019, la firma recibió un adelanto de G. 172.318.000 y el 4 de marzo otro desembolso de 253.545.585, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Por su parte, Miguel Restaino, secretario de Obras, argumentó que la perforación del pozo con la instalación del tanque elevado aún no fue recepcionada por la Gobernación, al igual que tampoco las otras tres obras que están en etapa de ejecución por la empresa adjudicada.