Durante la última sesión ordinaria de la Junta, el bloque opositor presentó el escrito del pedido de intervención. Los concejales Alberto Báez (PLRA, independiente), Demetrio Soler (PLRA, llanista), Alcira Cáceres (PLRA, llanista), Wilson Ayala (ANR, cartista), Jhon Florentín (ANR, cartista) y Carlos Rojas (ANR, cartista) fueron los firmantes de la propuesta.
Los concejales enumeraron 14 puntos de cuestionamientos (ver infografía) para sostener el pedido de intervención de la gestión municipal del intendente Rojas.
Los concejales opositores pretendían tratar ayer sobre tablas la propuesta, pero como no reunían los siete votos necesarios para la aprobación ante la ausencia del edil Jorge Arzamendia (PLRA, llanista) derivaron el pedido a comisiones.
La Junta también había rechazado la rendición de cuentas correspondiente a 2019 presentada por el jefe comunal, por supuestas irregularidades.
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Hasta el año pasado, el intendente tenía una base aliada mayoritaria en el Legislativo distrital, pero ahora cuenta con el respaldo de solo cinco concejales: Guido Venialgo (ANR, cartista), Hugo Duarte (ANR, cartista), Carlos Bergottini (PA), Aniceto López (PPS) y Cristina Rojas (FG).
La Municipalidad de Hernandarias maneja un presupuesto cercano a diez millones de dólares al año. En 2019 tuvo ingresos por G. 53.704.050.788 frente a los egresos de G. 59.274.197.293.
Puntos alegados para la intervención
1- Modificación del Presupuesto 2020 sin autorización de la Junta; el caso es investigado por la Fiscalía en la causa N° 121/2020. Arrendamiento irregular de solares municipales. Otra denuncia por supuesta existencia de planilleros en la Comuna.
2- Menos del 60% de la recaudación del impuesto inmobiliario se destina a gastos de inversión en transgresión a la ley orgánica municipal.
3- El 10% adicional de la recaudación del impuesto inmobiliario y de la patente de rodados no se ha destinado al Fondo Especial para la pavimentación, según exige la ley orgánica municipal.
4- Transferencia de G. 1.122.040.860 a entidades educativas y organismos sin fines de lucro sin respaldo documental, además de G. 1.125.785.222 en el rubro pago de impuestos, tasas y gastos judiciales. Transferencia por valores menos al monto correspondido al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernandarias y a entidades deportivas. Déficit de G. 288 millones en transferencia al Consejo Local de la Salud.
5- Retraso en la instalación de semáforos cuyo contrato fue adjudicado a Eos SRL, representada por Paola Ovejero Romero, hace seis meses.
6- Concesión sin autorización de la Junta a la Clínica Buen Jesús, de René González, para la evaluación psicofísica para la emisión del registro de conducir.
7- Concesión irregular a la empresa FAOH GROUP S.A., representada por Doo Hwan Oh, para explotar el servicio de recolección de basuras.
8- Depósito del 15% de la recaudación del impuesto inmobiliario a la cuenta habilitada a favor de las Gobernaciones fuera de plazo legal.
9- Modificación del objeto de gastos "servicio social" sin informar a la Junta en las rendiciones cuatrimestrales.
10- Transferencia de G. 845.139.110 a la firma San Cayetano en concepto de "pago de descuentos a funcionarios" y "pago a casas comerciales" sin respaldo documental.
11- Transferencia demorada del aporte a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal
12- Incumplimiento de la Ley 5.189/2014, que exige a entes estatales la difusión en portales digitales del destino de los recursos públicos
13- Préstamos para costear gastos corrientes, en transgresión de la ley orgánica municipal.
14- Compra de cemento y otros materiales de construcción con precios inflados de la empresa Fabritej, de Olga Bernardita Robertti.
Desacredita cuestionamientos
El intendente Rojas dijo que presentó todas las documentaciones en la Fiscalía para aclarar las denuncias presentadas contra su administración. Sostuvo que destina a inversiones el 60% de la recaudación del impuesto inmobiliario. "Se transfiere 15% a Gobernaciones, 15% a municipios menores y 1% a Catastro. Después se hace la deducción", explicó.
El jefe comunal afirmó que cuenta con los documentos que respaldan el destino de los recursos municipales. Agregó que la concesión de residuos fue realizada con observancia de ley y refirió que la Clínica Buen Jesús no tiene el monopolio de la evaluación psicofísica.
Igualmente, aseguró que las transferencias y depósitos fueron efectuados en plazo de ley y dijo que los semáforos no fueron aún instalados debido al cierre de fábricas por la pandemia.
Rojas sostuvo que el pedido de intervención es una jugada política de los concejales para desprestigiarle, ya que aspira a la reelección.