La audiencia preliminar fue llevada a cabo el viernes pasado de forma telemática, tras la suspensión de la diligencia en cuatro oportunidades.
En su intervención, la fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, ratificó su acusación contra el diputado Portillo y la abogada Lucía Escobar, coimputada del caso, por tráfico de influencia. Además, reiteró el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público.
Según la acusación fiscal, en agosto de 2017, el diputado Portillo se comunicó vía telefónica con la contadora Audas Fleitas (investigada por estafa). El legislador dijo a su interlocutora que accedió a la carpeta fiscal.
Luego, en agosto de 2017, Fleitas se comunicó con la abogada Escobar, quien dijo a la contadora que en la Justicia sin dinero no se gana nada. La abogada también afirmó a Fleitas que el diputado Portillo le podía conseguir una resolución favorable en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, integrada por Isidro González, Aniceto Amarilla (ambos ya destituidos) y Mirian Meza de López, a cambio de US$ 3.000.
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En otra comunicación telefónica, Fleitas y Portillo hablaron sobre la modalidad de pago y el parlamentario comentó que prefería que se entregue el dinero a un secretario de confianza.
Por su parte, el abogado Pedro Fabián Fernández, defensor del parlamentario altoparanaense, planteó la nulidad de las actuaciones fiscales y el sobreseimiento de su cliente.
La jueza Garcete dictará este martes la resolución para determinar la suerte del diputado Portillo. La magistrada tiene un historial de decisiones favorables a políticos procesados. Se trata de la misma jueza que blanqueó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y a su esposa Sandra McLeod, exintendenta de Ciudad del Este, en un caso de desfalco de G. 3.700 millones a las arcas municipales.