Citan otra vez a ex intendentes acusados para audiencia clave

HERNANDARIAS. La jueza Cinthia Garcete Urunaga convocó nuevamente a los exintendentes de este distrito Mario Castillo (PLRA, llanista) y Erico Agüero (PLRA, llanista), ambos acusados por lesión de confianza, para la audiencia preliminar programada para este 15 de enero.

Mario Castillo, exintendente de Hernandarias (PLRA, llanista) está imputado por lesión de confianza.
Mario Castillo, exintendente de Hernandarias (PLRA, llanista), está imputado por lesión de confianza.Archivo, ABC Color

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Los ex jefes comunales ya fueron citados el pasado 31 de diciembre, pero la diligencia se suspendió a pedido de la fiscala Carolina Rosa Gadea.

La acusación fue presentada en septiembre de 2019 por el fiscal Alfredo Acosta Heyn, quien solicitó el juzgamiento oral y público de los procesados. A más de un año del requerimiento del Ministerio Público, la diligencia clave aún no fue llevada a cabo debido a las chicanas de los procesados. La suspensión de las actividades judiciales por algunos meses en 2020 también propició la dilación.

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El juez original del caso, Silvio Rojas, y el fiscal Acosta Heyn fueron recusados por los exintendentes.

La causa fue reasignada a la fiscala Gadea y el expediente pasó a la oficina de la jueza Garcete Urunaga. Esta magistrada también fue recusada por el denunciante, el actual intendente Rubén Rojas (ANR, cartista), por falta de confianza generada por su historial de blanqueo. Es la misma jueza que desvinculó al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) de un proceso por el desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este.

El Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este finalmente resolvió que la jueza Garcete deberá entender en la causa.

La acusación

Los exintendentes Castillo y Agüero fueron acusados por lesión de confianza por los fondos jubilatorios a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, pese a los descuentos a los funcionarios municipales en 2015. Castillo no pagó G. 546.778.233, mientras que Agüero dejó de remesar G. 190.675.851.

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La investigación fue iniciada en junio de 2016 a raíz de una denuncia del actual intendente Rojas, en tanto que la imputación se formuló en abril de 2019 en base a un dictamen de la Contraloría General de la República que confirma la falta de transferencia de los fondos a la Caja de Jubilaciones.

El informe de auditoría del ente contralor señala además otras 29 irregularidades en la gestión de Castillo y Agüero, solo en 2015. Las anomalías ascienden a G. 6.760 millones.

Castillo nuevamente asoma en la arena política con intenciones de postularse a la intendencia.

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