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La audiencia se lleva a cabo en el juzgado penal de Garantías de Ciudad del Este, a cargo de Cinthia Garcete Urunaga, en medio de sospechas de un posible blanqueo.
Los exjefes comunales son acusados de desviar fondos jubilatorios de la Municipalidad, durante el período 2015. En el escrito de acusación, el fiscal original del caso Alfredo Acosta Heyn solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
La diligencia se realiza en el nuevo Palacio de Justicia de Ciudad del Este, tras 16 meses de postergación.
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La dilación de la diligencia clave fue propiciada principalmente por las chicanas presentadas por la defensa de los procesados, que con una serie recusaciones logró apartar al fiscal (Alfredo Acosta heyn) y juez original (Silvio Rojas) del caso hasta ubicar el expediente en el despacho de la magistrada Garcete Urunaga. Se trata de la misma jueza que salvó primeramente de la prisión al senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) para finalmente blanquearlo de un proceso penal por desvío de G. 3.700 millones de las arcas municipales de Ciudad del Este.
El denunciante, el actual intendente Rubén Rojas (ANR, cartista), también recusó a la jueza Garcete por falta de confianza por su historial de blanqueo. Pero el Tribunal de Apelaciones confirmó a la cuestionada magistrada en la causa.
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La investigación fiscal reveló que en la gestión de Castillo y Agüero no fueron transferidos millonarios montos a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, pese a los descuentos a los funcionarios municipales en 2015. Castillo no pagó G. 546.778.233 mientras que Agüero dejó de remesar G. 190.675.851.La investigación fue iniciada en junio de 2016 a raíz de una denuncia del actual intendente Rojas. En tanto que la imputación se formuló en abril de 2019 en base a un dictamen de la Contraloría General de la República, que confirma la falta de transferencia de los fondos a la Caja de Jubilaciones.
El informe de auditoría del ente contralor señala igualmente otras 29 irregularidades en la administración de los ex intendentes procesados, solo en 2015. Las anomalías ascienden a G. 6.760 millones.
Pese a las anomalías, Castillo nuevamente incursiona en la arena política con intenciones de postularse a la intendencia.
La jueza Garcete Urunaga definirá si blanquea a los exintendente o los envía al banquillo de los acusados.