El inmueble tiene una dimensión de más de 17 hectáreas y pertenece a la firma Pety S.A. En diciembre pasado fue invadido por tercera y la semana pasada se logró restituir el inmueble, mediante un proceso judicial de interdicto de recobrar la posesión. El desalojo fue ordenado por la juez Cinthia Pineda, tras cuatro meses de proceso.
Tras recuperarse el inmueble, los propietarios comenzaron a volver cercar la propiedad ante el acecho de nuevas invasiones, pues los invasores habían derribado el muro.
Sin embargo, un grupo de desconocidos, presuntamente liderado por un funcionario municipal de obras, identificado como Jorge Torres, llegaron al terreno con intenciones de derribar el cercado. Al ser cuestionado dijo que se necesitaba una autorización municipal pero cuando fue informado de la orden judicial que prohíbe el ingreso sin autorización, terminó huyendo del sitio en un vehículo particular.
Intentamos obtener la versión del funcionario pero fue imposible contactar con Dirección de Comunicación de la comuna franqueña.
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