En Minga, dilatan recuperación de tierras municipales

MINGA GUAZÚ. Cinco concejales oficialistas dilatan la recuperación de valiosas tierras municipales regaladas a dos ediles aliados del intendente imputado Digno Caballero Ruíz (ANR, cartista). Tanto el jefe comunal como los ediles que aprobaron el despojo están investigados por la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente causar perjuicio al patrimonio de la Municipalidad.

Vista aérea del inmueble municipal de seis hectáreas regalado a políticos. Está ubicado en el Km 323 Monday de Minga Guazú.
Vista aérea del inmueble municipal de seis hectáreas regalado a políticos. Está ubicado en el Km 323 Monday de Minga Guazú.gentileza

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Los oficialistas cartistas Artemio Báez, Laura Barreto y Lucas Caballero congelan el expediente sobre una cuestionada adjudicación de una finca, de seis hectáreas, al igual que los liberales Blas Báez y Alcides Alfonso.

Lea más: Dictaminarán sobre predio que fue regalado

Los citados ediles componen las comisiones de Legislación e Infraestructura de la Junta encargadas de dictaminar respecto de un pedido de revocación de una resolución municipal por la cual se adjudicó las tierras públicas a un club manejado por los concejales Alcides y Zonia Alfonso.

El pedido de recuperación del inmueble municipal, valuado en más de G. 1.000 millones, está encajonado desde hace más de tres meses.

Los involucrados en el despojo de la finca pública fueron denunciados en la oficina del fiscal Anticorrupción Francisco Cabrera por el supuesto ilícito de lesión de confianza. Según los ediles denunciantes Eudes Mereles, Proto Meza y Edgar Franco, el intendente y los concejales oficialistas provocaron un millonario perjuicio.

Los ediles Juan Carlos Friedeling (PLRA) y Roberto Alderete (ANR) igualmente habían aprobado en la Junta la adjudicación del predio público.

Buscan rekutu

Tanto el intendente Caballero como los ediles Artemio Báez, Laura Barreto, Blas Báez y Friedeling están en carrera para busca el rekutu en el cargo.
El jefe comunal también soporta un proceso por delitos ambientales, tras habilitar un vertedero que no tenía licencia del Mades.
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