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El cambio fue dispuesto por el fiscal adjunto Humberto Rosetti Miranda a raíz de una recusación presentada por el abogado querellante Ramón Rodas Torres.
El querellante sostuvo que Ocampos Marín no inspira confianza, acusándola de actuación negligente y criticando su decisión de no allanar la Comisaría 7ª para buscar la droga usada para extorsionar a Gabriel Ramón Prieto y Víctor David Meza.
El 17 de julio pasado, las víctimas fueron interceptadas por una patrullera de la Comisaría 7ª. Del móvil policial, supuestamente, descendieron los agentes Antonio Ávalos Pereira, Pedro Javier López Deleón, Francisco Prieto Montiel y Alcides Villalba González.
Los jóvenes fueron trasladados a la sede policial y quedaron varias horas retenidos allí. Los uniformados supuestamente exigieron el pago de G. 7 millones para liberarlos, bajo amenaza de incriminarlos en narcotráfico.
Cuando los familiares de las víctimas acudieron a la comisaría, los policías les exhibieron un puño de supuesta cocaína que dijeron fue incautada de los jóvenes. Los afectados quedaron en libertad tras pagar G. 5 millones y el dinero fue prestado por el usurero Fernando Daniel Ortigoza, quien se apoderó del automóvil Toyota Allion de los afectados.
Rodas Torres consignó en su escrito de recusación que Ocampos Marín se negó a entregar una copia del acta de declaración de la víctima y que tampoco le permitía acceder a la carpeta de averiguación. También cuestionó a la fiscal por formular imputación solo por delitos leves, sin considerar la figura de asociación criminal.
Ocampos Marín es conocida por su complacencia con policías procesados. En un caso de robo agravado solicitó el blanqueo de cuatro agentes, pese a la existencia de pruebas incriminatorias.
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La nueva fiscal del caso, Estela Mary Ramírez, citó otra vez a los jóvenes para escuchar su relato a fin de interiorizarse del escándalo que involucra a la Policía.
Igualmente, convocó a los policías para una audiencia indagatoria y no descarta ampliar la imputación con la figura de extorsión agravada, que tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 15 años.