Los pobladores habían vivido dos años de calvario durante la invasión de sus inmuebles. Los Indígenas colocaron tranqueras, dejándolos aislados en sus propias casas. Los afectados responsabilizan de cualquier situación a la jueza Magalí Zavala y a las oeneges Plataforma Social, DDHH, Memoria y Democracia, de lo que consideran un atropello. Explicaron que temen por su integridad y su bienes.
“Soportamos amenazas, siendo legítimos propietarios, donde la justicia ni la Policía cumplen en nuestro resguardo. No existe Estado de Derecho para el respeto a la propiedad privada. Giuzzio y el Comandante están haciendo este procedimiento peligroso con una turba de campesinos e indígenas que llegaron a nuestra comunidad y pretenden confiscar nuestras tierras de 7, 10 y 26 hectáreas que poseemos desde 1995”, expresa un comunicado que emitieron los afectados.
Los vecinos tuvieron que trasladar sus animales por seguridad.
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Insitieron en que el propio Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) denunció en 2019 que habían adquirido solo en papeles, es decir sin individualizar el inmueble y ahora pretende ubicarlos en la propiedades ajenas.