Los funcionarios del Ministerio Público reclaman que desde hace varios años el presupuesto de la institución viene sufriendo recortes que afectan al funcionamiento. Para el próximo año, el Congreso prevé disminuir en G. 10.000 millones el plan de gastos.
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Ante esta situación comenzó hoy una huelga que se extenderá hasta el 27 de noviembre en caso de no contar con una respuesta favorable. Solo se atenderá a la ciudadanía las unidades de turno ordinario, de la niñez y violencia, en carácter urgente.
Cynthia Alcaraz, del Sindicato de Asistentes Fiscales, dijo que los recortes se vienen registrando desde hace seis años y que la disminución proyectada afectará a los servicios que presta el Ministerio Público, incluyendo la posibilidad del cierre de las nuevas unidades especializadas.
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“No vamos a poder pagar los alquileres, el contrato de los compañeros ni contratar a nueva gente, no vamos a poder comprar insumos y se van a cerrar algunas unidades, que son las nuevas especializadas de trata, de niñez, de violencia y de crimen organizado. Si sufrimos esos recortes lastimosamente la sociedad también va a sufrir con nosotros”, dijo.
En el marco de esta protesta, los funcionarios fiscales se apostaron hoy frente a la sede del Ministeiro Público en Ciudad del Este con pasacalles, exponiendo sus reclamos.